CCOO y UGT calculan que los trabajadores abonarían un máximo de 57 euros al mes
Los solteros sin hijos soportarían la retención más alta
Los sindicatos buscan dar una solución definitiva al debate sobre si el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) tiene que tributar o no. Las centrales de CCOO y UGT se han posicionado a favor de que este nivel salarial comience a pagar IRPF a partir de 2026 y han puesto sobre la mesa una subida de 89 euros al mes, de la que dos terceras partes se destinarían a Hacienda. La propuesta que llevarán los representantes de los trabajadores al Gobierno pasa por elevar los actuales 1.184 euros brutos al mes a 1.273 euros en 14 pagas. Los sindicatos estiman que los trabajadores aportarían un máximo de 57 euros al mes (798 euros al año) si se materializara este incremento, de forma que la mejora que llegaría a los bolsillos de los trabajadores se limitaría a 32 euros al mes (448 al año). Fuentes sindicales explican a elEconomista.es que esta proyección se ha realizado partiendo del caso de una persona trabajadora sin cargas familiares por ser la que soporta una tributación más alta. Esto significa que los perceptores del SMI que se encontrasen en una situación familiar diferente podrían experimentar una subida mayor de su salario, ya que la propuesta busca garantizar que en todos los casos el salario mínimo neto sea igual al 60% del salario medio neto.
En los últimos años, el Gobierno ha decidido que estas nóminas no tengan que hacer frente al pago de IRPF. Si bien, esta materia ha dado lugar a diferentes enfrentamientos entre los ministerio de Hacienda y Trabajo que han llevado a firmar el acuerdo con los sindicatos sin esclarecer qué tratamiento iba a tener este salario a la hora de hacer la declaración de la Renta. Es por ello que CCOO y UGT creen conveniente dar por zanjado este debate y buscar la vía para que estos salarios aporten sin que pierdan dinero. Desde 2023, el departamento de María Jesús Montero ha puesto en marcha diferentes fórmulas para adaptar el salario libre de tributar a la cuantía del salario mínimo. En 2023 y 2024 el Ejecutivo amplió el mínimo deducible por rendimientos del trabajo para evitar que los solteros y sin hijos tuvieran que pagar IRPF. En cambio, en 2025 inicialmente se negó a realizar otro ajuste y después creó una deducción de 340 euros por la que los trabajadores que cobran el SMI recuperarán lo retenido a lo largo del año al presentar la declaración y los trabajadores con salarios de hasta 18.276 euros disfrutan de una reducción gradual.
Según ha podido saber este periódico, los cálculos de las centrales sindicales parten del supuesto de que este escenario fiscal se mantenga. Un mínimo exento situado en 15.876 euros (correspondiente al SMI del año 2024) al que acompaña una deducción que alcanza hasta el salario mínimo en vigor. De forma que parten de la premisa de que solo la cantidad del nuevo SMI que excedería del mínimo en vigor (16.576 euros) tendría una carga tributaria que creen que debería asumir la empresa. Tal y como explicaron los responsables de Acción Sindical de los dos sindicatos, Javier Pacheco de CCOO y Fernando Luján de UGT, las organizaciones decidieron adoptar el método de cálculo diseñado por la comisión asesora del Ministerio de Trabajo de la que forman parte para señalar qué cifra se adecuaría al 60% del salario medio neto.
En el informe presentado a inicios de 2025, los representantes de Hacienda, Economía, Trabajo, representantes del ámbito académico y los sindicatos utilizaron la Encuesta de Estructura Salarial (EES) de 2022 como punto de partida para estimar cuál sería el salario medio de los años posteriores utilizando la Encuesta Trimestral del Coste Laboral (ETCL). CCOO y UGT concluyeron a partir de esta base que era necesario elevar el SMI en un 2,7% para mantenerlo en la misma proporción del salario medio y en 4,8 puntos adicionales para compensar la cantidad que destinarían al pago de IRPF. La vicepresidenta y responsable de Trabajo, Yolanda Díaz, que siempre se ha mostrado en contra de que los salarios más bajos tengan que hacer esta aportación. Si bien, en el mes de septiembre, encargó al grupo de asesores que recomendasen una cifra que tuviera en cuenta la tributación con lo que parece que abrió la puerta a que se produzca un cambio en este sentido en el año 2026.
A falta de conocer cuál será el sentido de sus deliberaciones, parece que elaborarán una recomendación teniendo en cuenta que el escenario fiscal se mantenga y dando por sentado que Hacienda extenderá la misma deducción. Los académicos podrían presentar el resultado de su trabajo en cuestión de semanas, para que el Gobierno pueda iniciar las consultas a los representantes de la patronal y los sindicatos antes de que termine el año y aprobarlo en enero.
