900.000 trabajadores del sector público están empleados con un contrato temporal, una alta eventualidad que Europa ya le ha reprendido a España en varias ocasiones
El abuso de la temporalidad en la función pública es un pecado reprendido por la Unión Europea en distintas ocasiones y por distintas vías. Hay más de 900.000 trabajadores con un contrato eventual.
La eventualidad afecta al 28% de los trabajadores del sector público, según los últimos datos del INE referentes a 2020. Una temporalidad que supera en cinco puntos la registrada en el sector privado (23%).
La administración central ya cumple actualmente con su compromiso de no superar el 8% de interinos. Su principal problema es otro: el envejecimiento de sus plantillas y la mitad de los funcionarios de la Administración General del Estado estarán en edad de jubilarse de aquí a una década.
La temporalidad en el sector público se concentra especialmente en aquellos servicios gestionados desde las comunidades autónomas y los ayuntamientos, que a su vez emplean al 80% de los trabajadores de la función pública. Pues es en la sanidad y en la educación, donde se concentran tasas de temporalidad muy elevadas: del 41,9% y 29,1%, respectivamente, según los últimos datos del INE. Entre las batas blancas de médicos, enfermeros o practicantes los contratos por días o el ir entrando y saliendo cada poco son habituales; hasta el punto de que uno de cada 10 de los profesionales sanitarios tiene un contrato de menos de tres meses.
El 19 de marzo de 2020 el Tribunal Justicia de la Unión Europea (TJUE) emitía el último y más contundente correctivo a la función pública española. Tres años después de que un informático interino, con más de una década sin plaza fija, se liara la manta a la cabeza y peleará su caso hasta instancias europeas, el TJUE consideraba acreditado que el Reino España estaba incurriendo en un abuso de la temporalidad.
Las congelaciones de oposiciones durante el mandato de Mariano Rajoy ahondaron en la falta de convocatorias para cubrir plazas estructurales. Y es que las tasas de reposición, fijadas anualmente desde el Gobierno central, fueron del 0% entre el 2012 y el 2015; lo que derivó en muchos casos en que ese trabajo estructural desatendido lo acabaron o continuaron realizando interinos.
No obstante, la elevada eventualidad en la función pública es previa a los recortes adoptados tras la crisis financiera de 2008, pues en 2006 en España la eventualidad en el sector público ya era del 26,5%
En el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que ha elaborado el Gobierno para su remisión a Bruselas antes del 30 de abril, y del que depende parte de la llegada de los 140.000 millones de euros prometidos de los fondos NextGeneration EU, figura el compromiso, aunque no la fórmula concreta que conseguirá rebajar esos altos niveles de eventualidad. Simplemente se fía dicho proceso a “una importante modernización de las Administraciones públicas, entre otros elementos, orientada a reducir la temporalidad en el sector público”.
Fuente: El periódico
