Las direcciones provinciales del SEPE reparten en estos días las horas extra pendientes del año entre sus trabajadores para gastar el presupuesto a tiempo
Buena parte de los trabajadores del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) hacen en estos días horas extras para consumir el presupuesto del año a tiempo. La Dirección General del organismo autónomo adscrito al Ministerio de Trabajo dio orden tras la vuelta del verano para que determinadas direcciones provinciales distribuyeran las horas extra entre sus empleados.
Este remanente se ha producido a pesar de las dificultades que atraviesa el SEPE en algunas provincias entre las que destaca Madrid, donde conseguir una cita para tramitar una prestación por desempleo resulta una tarea casi imposible. Los trabajadores apuntan a la falta de plantilla y a un sistema informático que colapsa en los primeros días de mes con el pago de las nóminas.
«Las partidas presupuestarias están controladísimas desde enero, pero en el SEPE son bastante conservadores a la hora de gastar el dinero, porque nunca se sabe lo que puede pasar. Es en el último trimestre cuando entran las prisas por consumir las horas extras para ejecutar todo el presupuesto y no perderlo de cara al siguiente año», señalan fuentes internas.
Los trabajadores pueden hacer un máximo de 80 horas extras al año, como marca el Estatuto de los Trabajadores. Según ha podido saber Vozpópuli, en determinadas oficinas de Madrid los trabajadores que han aceptado realizarlas para no perder ese plus salarial están asumiendo en estas semanas alrededor de diez horas adicionales a su jornada ordinaria.
El caos con las citas del SEPE
Las mismas fuentes informan, en todo caso, de que el problema que existe en el SEPE con las citas «no se arregla» con las horas extras: «Aunque se hagan más horas, el mogollón que hay en Madrid no se solucionaría. Hace falta más personal», aseguran. Los trabajadores de la capital denuncian una carga de trabajo «incomparable» con el resto del terriorio nacional.
Según las cifras oficiales, el SEPE contaba con 8.413 personas contratadas a 31 de diciembre de 2024 para gestionar sus servicios y programas de empleo. Sin embargo, fuentes sindicales aseguran que, para cubrir toda la carga de trabajo, deberían ser alrededor de 12.000. «Faltan 5.000 personas en las oficinas«, denuncian.
Madrid, con un volumen de peticiones muy superior al resto y con las unidades al 50% de plantilla, según las mismas fuentes. Aseguran que es el motivo principal por el cual lo habitual desde hace ya varios meses es que no haya citas disponibles para acceder o reanudar la prestación o subsidio por desempleo en ninguna de las 43 oficinas de la capital.
Comisiones Obreras (CCOO) denunció el pasado mes de junio que la falta de personal estaba dejando al SEPE sin capacidad para ofrecer atención presencial a la ciudadanía en sus oficinas y el 40% de ellas no ofrecía cita previa. Del total, 270 no daban cita o estaban cerradas, y solo el 50% pudo responder en un periodo inferior a una semana.
La alternativa que tienen los afectados es realizar una presolicitud, una medida implantada en la pandemia y que ahora ‘salva’ a desempleados y trabajadores del SEPE. Otra posible solución que trasladan fuentes internas es modificar el domicilio a otro de una provincia menos colapsada, lo que permite al usuario realizar allí el trámite.
La Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT) denunció hace poco más de una semana «la existencia de un mercado negro de citas previas en la administración pública», una situación «que está impidiendo a la ciudadanía acceder a servicios esenciales de manera gratuita y eficiente».
El sindicato asegura que ha constatado que «redes organizadas y especuladores están utilizando bots y sistemas automatizados para bloquear masivamente las citas disponibles y venderlas posteriormente a personas que, por necesidad o urgencia, se ven obligadas a pagar por un derecho que debería ser gratuito».
Según informa UGT, esta situación afecta a personas que necesitan solicitar las prestaciones por desempleo, pero también realizar trámites de extranjería o gestionar documentos en la Seguridad Social. En este sentido, ha exigido al Gobierno que tome medidas urgentes para erradicar este problema.
