Hemos pasado de una deuda de la Seguridad Social de 41.194 millones en 2018 a otra de 126.178 millones en la actualidad.
La Seguridad Social se encuentra en una grave situación, por más que no se quiera reconocer. Pasan meses y no cambia el desastre de la política del Gobierno que lleva a la quiebra a la Seguridad Social, con el populismo de las mismas, donde no mira por la permanencia del sistema, sino que sólo quiere que aguante el tiempo exacto que su presidente ocupe la cabecera del banco azul. Lo hemos dicho en estas páginas y, desgraciadamente, no sólo sigue siendo así, sino que cada vez el problema es mayor.
El Gobierno prefiere mirar hacia otro lado, obviar la realidad y no decir la verdad sobre el sistema de pensiones y con sus propuestas empuja al sistema a la quiebra, siendo los perjudicados el conjunto de españoles. La propia sostenibilidad del sistema queda en entredicho al leer un informe sobre pensiones que ha publicado Adecco, que comentaremos más adelante en este artículo. Antes, recordemos en qué situación se encuentran las finanzas públicas de la Seguridad Social.
Dentro del endeudamiento, especialmente preocupante es la senda que ha adoptado el endeudamiento de la Seguridad Social. Sánchez presume de que con él se ha incrementado la aportación a la hucha de las pensiones, pero la realidad es bien distinta. Para empezar, el fondo de reserva, conocido como «la hucha de las pensiones», fue creado por Aznar, tras sanear la Seguridad Social que los socialistas habían dejado quebrada. Recordemos que Felipe González dejó a la Seguridad Social con un desequilibrio de 600.000 millones de pesetas (pesetas de 1996) y que el Gobierno de Aznar tuvo que pedir un préstamo a la banca para poder pagar a los pensionistas la paga extraordinaria de diciembre de 1996.
Pues bien, cuando Aznar creó ese fondo lo hizo con los excedentes que el superávit de las cuentas de la Seguridad Social aportaba, de manera que cada año iba ampliándose el mismo, hasta llegar a sumar más de 14.000 millones de euros al finalizar su mandato. Eso era un verdadero ahorro, porque venía de un excedente. Sin embargo, el ahorro vendido por Sánchez no es tal, pues la Seguridad Social es deficitaria, sólo equilibrada por las transferencias que la Administración General del Estado le realiza desde los Presupuestos Generales del Estado, porque los ingresos por cotizaciones no cubren el gasto en prestaciones.
Así, según los últimos presupuestos aprobados, los de 2023 -pues estamos en prórroga presupuestaria en 2024 y 2025 (y ya veremos si se aprueban para 2026, que, de momento, no parece que vaya a haber, pues el techo de gasto no financiero tendría que haber sido presentado el treinta de junio y no ha ocurrido tal cosa, aunque María Jesús Montero ha afirmado que sí que lo habrá), dentro del clima de ingobernabilidad que existe debido a la insuficiente mayoría parlamentaria de Sánchez- la Seguridad Social cuenta con un gasto no financiero de casi 200.000 millones de euros, donde la mayor parte va a pensiones contributivas, que incrementan el gasto en un 11,2% interanual, hasta llegar a los 166.776,9 millones de euros, con riesgo al alza, cifra ya desbordada en la actualidad.
Por otra parte, los ingresos son claramente insuficientes. Para empezar, son 7.200 millones inferiores a los gastos, quedándose en 192.000 millones. Ahora bien, esa cifra es engañosa, pues recibe casi 40.000 millones de euros en transferencias corrientes del Estado -en la prórroga, ya son más de 40.000 millones, según Fedea-, con lo que, sin ello, el déficit sería mucho más importante.
¿Esto qué quiere decir? Que la AGE asume esos 3,54 puntos de déficit sobre el PIB, pasando a ser mayor déficit de la AGE y menor déficit de la Seguridad Social. Desde el punto de vista del déficit del Reino de España es neutro, porque se cambia de administración el déficit, pero sigue siendo el mismo. Ahora, eso maquilla el déficit de la Seguridad Social. Sin ello, su déficit sería de esa cuantía. Por otra parte, los otros 0,58 puntos de PIB de desfase los recibe como préstamo del Estado, con objeto de poder financiar casi toda esa diferencia restante.
Además, la aportación de los 2.793,2 millones al fondo de reserva de 2023 viene cubierta por el préstamo del Estado, que sirve para cubrir dicha aportación, la pequeña diferencia entre el resto de operaciones de ingresos y gastos y el déficit no financiero. En 2024, las aportaciones elevarán el fondo a 8.356 millones de euros en euros corrientes en la llamada hucha de las pensiones, pero si cuando se creó con Aznar era ahorro real, porque la Seguridad Social se encontraba en superávit, ahora es falso, pues el ahorro se debe a un artificio contable.
Ahora, esa hucha es una hucha desfondada, rellenada gracias a préstamos, no a verdadero ahorro. Y esa deuda, Sánchez la eleva en alrededor de 75.000 millones de euros desde que gobierna. Los datos del último mes disponible no hacen sino confirmar este desfondamiento: así, pasamos de una deuda de la Seguridad Social de 41.194 millones en 2018 a otra de 126.178 millones en el último dato publicado, junio de 2025.
Por tanto, una vez más, Sánchez no dice la verdad: él no garantiza las pensiones, sino que las pone en riesgo. El sistema público de pensiones necesita ser reformado. No es cuestión de ideologías sino de matemáticas actuariales. Cada vez tenemos más pensionistas y esos pensionistas cobran una pensión más elevada que las que se cobraban antes, y lo hacen durante más tiempo.
El impacto será especialmente importante cuando se jubile el grueso de las cohortes del baby boom, período que tuvo lugar entre 1952 y 1977, pero encontrándose esas cohortes más numerosas en crecimiento de natalidad anual entre 1957 y 1967.
Adecco ha publicado un informe en donde esto queda de manifiesto: en los próximos diez años, por cada tres nuevos pensionistas, sólo habrá un nuevo activo, de manera que el sistema de reparto, si no se reforma, colapsará matemáticamente, porque es inviable su sostenimiento con el marco actual.
Hay que apostar, además de por la reforma del sistema, por políticas de crecimiento económico, que generen empleo de buen valor añadido, con el que poder mantener el sistema y la prosperidad de la economía. De no hacerlo, el sistema está condenado a la quiebra. Es algo que debe quedar fuera del terreno político, pero que no se hace. El Gobierno, con la reforma de Escrivá, sólo postpone el problema, agravándolo mucho. O se reforma o el sistema terminará siendo más asistencial que contributivo, cosa que provocaría un empobrecimiento profundo de las generaciones que se fuesen a jubilar en las próximas décadas.
