La aprobación del ingreso mínimo vital (IMV), la medida estrella del Gobierno de coalición, ha despertado recelos entre los alcaldes de los grandes ayuntamientos, que alertan de que los servicios sociales municipales no tienen suficientes recursos para atender a la avalancha de demandantes de esta nueva prestación. Los regidores de una veintena de municipios se reunirán de forma telemática mañana por la tarde con el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, para abordar la puesta en marcha del IMV, que será gestionado por los ayuntamientos, y ya avisan de que necesitarán más medios, no solo económicos, sino de personal. Critican que el Ejecutivo anuncie una nueva ayuda pretendiendo que los municipios corran con los costes de gestión.
Serán sus trabajadores sociales los responsables de la tramitación y evaluación de requisitos de los solicitantes. Según la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, los consistorios contribuirán con unos 70 millones anuales para hacer del IMV una realidad.
El decreto ley del Gobierno del PSOE y Podemos establece que los costes derivados de la nueva prestación serán financiados con cargo a los ingresos corrientes del ejercicio: el superávit municipal. Y los alcaldes se quejan de que ya tienen necesidades extraordinarias de gasto social que cubrir como para asumir un IMV infrafinanciado.
Los representantes del Partido Popular reclamarán al ministro que se haga cargo de esos costes de gestión como condición para firmar el convenio que regulará la tramitación municipal del IMV. Este deberá hacerse a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), sin que de momento haya una convocatoria prevista para ello. «Nuestros servicios municipales están al límite de su capacidad. Hemos triplicado las ayudas de urgente necesidad, cuadruplicado las comidas de las personas mayores que no pueden salir de su casa. Si el Gobierno espera ahora que asumamos la avalancha de nuevos demandantes de renta mínima necesitaremos más medios», advierte el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón (PP).
«El grado de incerteza es muy alto», recalca el alcalde de Valencia, Joan Ribó (Compromís), quien también anticipa la «oleada de miles de personas» demandantes del IMV. Como Azcón, exige al Gobierno central más medios y que aclare cómo se coordinará esta ayuda con la renta mínima que ya tenían la mayoría de las comunidades autónomas. «No podemos entender que este mecanismo llegue a los ayuntamientos sin ningún tipo de ayuda ni de concreción», criticó el lunes Ribó.
Hasta ahora, los servicios sociales municipales se encargan de gestionar las rentas de inserción autonómicas, pero no está claro cómo se va a compatibilizar éstas con el nuevo ingreso vital estatal, y si se quedarán como un mero complemento a la nueva prestación de la Seguridad Social. El ministro Escrivá ha reconocido que los continuos retrasos para aprobar el ingreso mínimo vital se explican también por esa descoordinación entre las administraciones. El Gobierno de Andalucía, por ejemplo, ya avisa de que se requiere de un cambio normativo para hacer compatibles las dos rentas, autonómica y estatal.
Colapso de la línea telefónica
De momento, las oficinas de la Seguridad Social permanecen cerradas para la atención física al público, por lo que los ciudadanos están recurriendo a los ayuntamientos, que a su vez los derivan a la página web y al teléfono especial habilitados para el IMV. Desde el lunes se puede solicitar esta prestación a la Seguridad Social y durante los dos primeros días la línea de teléfono habilitada (900 20 22 22) para resolver las dudas durante el proceso de solicitud quedó bloqueada por «sobrecarga en la red». Se teme que, como ya ocurrió con los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), el sistema se colpase. La reunión de Escrivá con los principales alcaldes de España estaba prevista para el lunes pero el gabinete del ministro la pospuso para mañana a las 19 horas.
Fuente: ABC
