El Gobierno ha preferido premiar a todos los jubilados en el año electoral.
Una subida progresiva de las pensiones habría generado un ahorro excepcional para endosar menos deuda a las futuras generaciones.
Pedro Sánchez es uno de los presidentes más insolidarios con los jóvenes de la democracia, en vista de las consecuencias futuras que tendrán algunas decisiones adoptadas en el presente. Hablamos de la base al sistema de reparto de nuestras pensiones: la solidaridad entre generaciones.
Los expertos llevan años hablando de insostenibilidad del sistema de pensiones. Lo que ha hecho Sánchez es darle una vuelta de tuerca al problema y agrandar la factura que jubilados y trabajadores dejaremos a quienes aún no cotizan. En contra de las advertencias de instituciones independientes -como el Banco de España- y privadas -como Fedea o Esade-, el Ejecutivo subirá un 8,5% la nómina a 9,02 millones de pensionistas en 2023. .
Contra viento y marea, Sánchez saca adelante una revalorización récord, todo un gesto para millones de potenciales votantes. Lo controvertido es que los jubilados no formen parte del pacto invisible de rentas con el que asalariados, empresarios y autónomos están combatiendo el azote de la inflación.
Lo realmente bochornoso, a ojos de infinidad de economistas, es que esta hipoteca tenga que recaer sobre las espaldas de las generaciones futuras. Porque la nueva partida de gasto consolida y se convierte en permanente. Un estudio publicado recientemente por Fedea planteaba una medida tan sensata como solidaria: subir un 11% las pensiones mínimas (hasta 800 euros mensuales), elevarlas gradualmente desde el 2,5% al 11% a las intermedias (entre 800 y 1.400 euros) y topar en el 2,5% el incremento para el resto. “Con la subida generalizada, los que tienen la máxima pensión perciben prácticamente cuatro veces más que los que tiene la pensión mínima”, recuerdan los autores del informe. La escuela de negocios considera que revalorizar las pensiones en función de los tramos de renta supondría un ahorro en 2023 cercano a los 6.000 millones.
La cifra es ingente y permite un uso alternativo del ahorro en programas que benefician a los jóvenes, mejorando así la justicia intergeneracional”. El ahorro acumulado permitiría, por ejemplo, amortizar 68.000 millones en deuda pública, que no es otra cosa que facturas impagadas que se han pasado al futuro, es decir, a nuestros hijos y nietos.
Cualquier decisión que suponga recortar la deuda implica solidaridad con las futuras generaciones. Si algo le sobra al Estado es deuda. Cerró 2021 en el 118,3% del PIB, la cuarta más elevada de la Eurozona. Según las previsiones, si nadie mete la tijera el panorama a corto y medio plazo es cualquier cosa menos halagüeño. El gasto en intereses aumentará en más de 20.000 millones en 2025 si los tipos de interés mantienen la senda prevista de subida. En los próximos cuatro años, el Tesoro tendrá que refinanciar medio billón -con b- de euros.
Hasta ahora, “el sistema funcionó correctamente gracias, principalmente, al crecimiento demográfico de la población española y había jóvenes suficientes para cotizar por quienes iban dejando de hacerlo. La transformación de la pirámide poblacional cambió el paradigma y comenzó a generar una hipoteca. Mientras aumentaba la esperanza de vida para los mayores de 65 años (21,6 años más, en la actualidad), se hundía el número de nacimientos (un 30% en la última década) y la tasa de dependencia, que mide la relación entre la población mayor de 65 años y la que tiene edad de trabajar hoy ronda el 30% y crecerá más de un 80% en las próximas tres décadas. Mientras la diferencia entre la pensión media y el salario medio ha pasado del 38% en 2007 hasta el 46,4% en 2019.
Habrá más pensionistas con mejores pensiones y menos cotizantes con peores salarios. La ecuación que plantea el futuro, por tanto, es imposible de cuadrar. “El hecho de que haya un grupo de agentes -el conjunto de los pensionistas- a quienes se excluye de los ajustes conlleva necesariamente que otros agentes de la economía nacional tengan que asumir una parte mayor de esos costes”, advierte el Banco de España en su último informe anual. A corto plazo están “los perceptores de rentas del trabajo y del capital”. Y, a largo, las futuras generaciones: los nietos de quienes ahora tienen asegurada una pensión, al menos, digna.
