La imputación de Begoña Gómez, la causa contra el nombramiento del fiscal general, el “caso Koldo”, la reactivación de Pegasus o la futura aplicación de la amnistía
Pedro Sánchez se asoma al abismo con un enredo judicial de difícil salida y su devenir político depende de la Justicia. Sánchez afronta el avance de más de una decena de procedimientos en los tribunales que amenazan con poner contra las cuerdas su mandato. En el partido comienzan a surgir voces que dudan de la viabilidad de la legislatura y de la capacidad del presidente de salir airoso de la tormenta perfecta a la que le han llevado el caso Koldo, la situación judicial de su mujer y la ley de amnistía
En esta lista se encuentran el Tribunal Constitucional, la Fiscalía General del Estado, el Tribunal de Cuentas, el Consejo de Estado, Renfe, RTVE, Efe, Hispasat y Correos. Sin olvidar la crisis abierta con el Poder Judicial, al que desde su Ejecutivo se ha señalado y acusado a lo largo de sus mandatos.
1.- Caso Begoña Gómez
Este procedimiento es el más reciente. Desde el pasado el 16 de abril, el juez apuntó la condición de investigada de Gómez por delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios por las cartas de apoyo a Carlos Barrabés, el empresario que impulsó el máster que dirige en la Universidad Complutense de Madrid.
La causa sigue adelante y el análisis de la documental y las declaraciones señaladas para las próximas semanas serán determinantes para el devenir de la causa
La Fiscalía Europea también ha irrumpido en la causa contra la mujer de Sánchez dado que los contratos a Barrabés podrían haberse costeado con fondos comunitarios por tres lotes que se adjudicó en plena pandemia a través de la UTE con The Valley.
Además en su entorno familiar más próximo un tribunal de Badajoz ha abierto diligencias, además por absentismo laboral, por delito fiscal, fraude y malversación contra David Azagra -el pseudónimo del hermano músico de Sánchez y residente fiscal en Portugal-
2.- El Fiscal General del Estado y el Consejo General del Poder Judicial.
Los vocales de corte conservador del Consejo General del Poder Judicial han sido especialmente críticos en sus pronunciamientos sobre la ley amnistía, también sobre la ley del ‘sí es sí’ o la propuesta de reelección del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz; a quien se le declaró por primera vez inidóneo para el cargo.
La última carta de Sánchez a los españoles, en la que el presidente señaló al instructor de la causa contra su mujer por imputarla en plena campaña electoral, propició una nueva respuesta del órgano de gobierno de jueces. La Comisión Permanente del CGPJ se reunirá este lunes de manera extraordinaria para defender la independencia judicial; todo un gesto de rechazo a las acusaciones veladas de Moncloa. Cabe reseñar que esta reacción de ‘protesta’ cuenta con el acuerdo unánime tanto de los vocales progresistas como de los conservadores. El mensaje de Moncloa es que en caso de que no se llegue a un acuerdo con el PP para renovación del Poder Judicial podrían renovar el órgano por mayoría simple.
Otro asunto especialmente espinoso es el recurso que interpuso la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) en el Tribunal Supremo contra el nombramiento de Álvaro García Ortiz por su “línea progubernamental”. El Supremo ya estudia si avalar o tumbar el cese del máximo representante de la Fiscalía y lo hace tras desestimar su petición de apartar a los jueces que decidirán sobre su futuro. Es preciso recordar que el TS recusó dos nombramientos suyos: los de su antecesora al frente de la Fiscalía y mano derecha, Dolores Delgado.. Para el recuerdo queda la ocasión en que el presidente Sánchez, en una entrevista, alardeó de que la Fiscalía depende del Ejecutivo.
Otra de las diligencias que apuntan al fiscal general del Estado son las abiertas en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) por presunta revelación de secretos relativa a la filtración de datos de Alberto González Amador, la pareja de Isabel Díaz Ayuso envuelta en un escándalo de fraude a la Hacienda pública. En esta causa, que de momento se dirige contra dos fiscales de Madrid, se trata de dilucidar quién fue el responsable último que ordenó publicar una nota informativa con información sobre correos electrónicos intercambiados entre el abogado de García Amador y el fiscal que entonces le investigaba por fraude fiscal.
3.- Caso Koldo
La causa abierta en la Audiencia Nacional por el pelotazo en las adjudicaciones ‘a dedo’ de la Administración a la empresa Soluciones de Gestión también afecta al Ejecutivo de Pedro Sánchez. El avance de las diligencias no solo salpica al anterior equipo del Ministerio de Transportes, sino que se estudia ya la petición de la Fiscalía Anticorrupción de imputar a Jesús Manuel Gómez, actual ‘número 3’ del departamento que dirige el ministro Óscar Puente. Otros departamentos del Gobierno de Sánchez, como Interior y Sanidad, también está en el punto de mira.
Por no hablar de la situación política en la que ha quedado el PSOE tras el escándalo que ha salpicado a José Luis Ábalos, ex ministro y mano de derecha de Sánchez
Precisamente, del caso Koldo se desgajaron los contratos de las mascarillas de Canarias y Baleares, presididas entonces por el actual ministro Víctor Ángel Torres y por la ahora presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol. El ente comunitario pone en el foco la compra de material sanitario de los dos gobiernos autonómicos del PSOE por haberse costeado con fondos europeos.
4.- Pegasus
Aunque este procedimiento lo impulsó Moncloa al detectarse una intromisión en el móvil de Pedro Sánchez, la causa puede dar un giro de 180 grados con su reapertura en la Audiencia Nacional. El magistrado instructor terminó archivando las diligencias por la ausencia de colaboración de Israel pero la nueva documental aportada por Francia puede arrojar luz sobre los hechos. En su auto de archivo, el juez indicó a los servicios jurídicos del Gobierno que, agotada la vía penal, podría impulsar la vía diplomática con Tel Aviv para llegar a la empresa que comercializa este sistema operativo. El Gobierno de Sánchez no consta que siguiera esa línea y los ministros afectados por la infección (además de Félix Bolaños) rehusaron declarar en persona en las diligencias pese a ser los denunciantes.
5.- La amnistía y el procés
Otro de los puntos calientes en la Fiscalía es el informe que redacten los fiscales del procés sobre la medida de gracia. Estos cuatro fiscales de Sala están decididos a informar en contra de la ley, sobre todo en lo que respecta a la malversación, y defenderán su criterio hasta las últimas consecuencias. De chocar con la línea que quiere imponer el fiscal general, se abriría un nuevo cisma que tendría su innegable derivada política ante la clara intención de Sánchez de que la ley se aplique en su totalidad en las causas que afectan a los miembros de Junts y ERC.
Las diligencias sobre el Tsunami Democràtic y Puigdemont son son especialmente relevantes para Sánchez en tanto en cuanto Puigdemont se ha convertido en el socio clave de su Ejecutivo. El Gobierno borró la sedición del Código Penal y modificó el delito de malversación a requerimiento de sus socios independentistas.
También escapa al control del presidente del Gobierno lo que resuelva la Justicia Europea sobre la amnistía. El planteamiento de una cuestión prejudicial ante el TJUE forzaría un pronunciamiento sobre cómo la amnistía casa con el derecho comunitario. El foco en este caso se pone en el terrorismo y malversación, delitos especialmente graves en la UE. .
Pase lo que pase, el 10 de junio puede empezar una deriva muy peligrosa para la libertad de prensa, para la libertad de los jueces y los medios de comunicación y los partidos de la oposición, en definitiva para la democracia española. Pase lo que pase a Pedro Sánchez no lo va a parar ni con una derrota sonada, ya su lectura de los resultados de las últimas elecciones vascas y gallegas autonómicas fue apropiarse incluso de los votos de todos los partidos a los que considera socios.
La respuesta a las investigaciones judiciales sobre las actividades de “la presidenta” han sido dos cartas del marido y su exaltación populista en los mítines ¿Explicaciones sobre los delitos de los que se le acusa? Ninguna.
No cree en la independencia del poder judicial, ni en la igualdad de los españoles ante la ley. Sean indultos o sea amnistía, para Sánchez la justicia es algo que solo le vale si la controla. Y se controla enviando exministros al Tribunal Constitucional o convirtiendo la fiscalía general del Estado en un brazo político a su servicio personal e intransferible.
A partir del 10 de junio veremos a un gobierno en parálisis casi total para poder sacar adelante no ya los Presupuestos Generales, sino cualquier proyecto de ley. Veremos a un Puigdemont crecido en sus delirios chantajistas, ansioso por pisar España y que exige el sacrificio de Salvador Illa. Escucharemos las demandas de un sacrificio financiero de las comunidades autónomas ante las demandas de ERC de una “financiación única” para Cataluña. Todos los partidos de izquierdas, de extrema izquierda e independentistas están de acuerdo en que no quieren una justicia independiente..
Lamentablemente, muchos no son aún conscientes de que estamos asistiendo a una mutación constitucional orquestada por el populismo sanchista que nos aboca a una dictadura plebiscitaria, donde el único contrapeso al poder presidencial será un pueblo adoctrinado dependiente emocional y/o económicamente de aquel cuya labor deberían fiscalizar.
La democracia plebiscitaria, gira en torno a la voluntad caprichosa de un líder mesiánico. En esta suerte de democracia emocional, las elecciones no avalan o rechazan los programas o propuestas de los candidatos, sino que se convierten en actos de ensalzamiento personal del jefe heroico protector, capaz por sí mismo de derrotar a los enemigos que amenazan el bienestar de sus súbditos.
En definitiva son «democracias de caudillaje». Sánchez ha comprendido que la obediencia del votante se consigue por medio de la seducción: manipular los sentimientos del pueblo funciona mejor que apelar a sus razones. En los últimos días, nuestro adalid democrático ha conseguido identificar al peor de los enemigos, uno que amenaza el sistema de libertades español oculto tras una toga: el poder judicial. El relato consiste en convencer al personal de la existencia de una cloaca judicial al servicio de la extrema derecha que quiere interferir en el resultado electoral atacando injustamente a su entorno político y familiar.