El PSOE ha traicionado a sus votantes, porque no les ha planteado nunca en las elecciones sobre la base de un programa en el que ni la ley de la amnistía ni las que ahora están intentando adoptar del Consorcio y del Convenio y el cupo especial para Cataluña en el modelo de financiación autonómica. Eso no se ha votado nunca.
LA LEY DE AMNISTÏA
La ley de amnistía es la punta del iceberg de todo lo que es un peldaño que se está intentando llevar adelante para cambiar el sistema y provocar una serie de mutaciones pues aborda un tema que ya fue rechazado en la Asamblea Constituyente. La Ley de Amnistía de 1977 fue una ley pactada, concordada, aprobada por prácticamente casi unanimidad, en la que se hacía tabula rasa con todos aquellos delitos de opinión o delitos políticos que habían llegado a cometerse durante la época franquista. En la Constitución se prohíben los indultos generales; y en cambio, se permiten aquellos que son indultos a personas concretas, y que se tienen que tramitar conforme a una ley que es muy antigua, y es la que se aplicó recientemente para indultar a los golpistas del procés que habían sido condenados por el Tribunal Supremo. Además esta ley no estaba en el programa electoral del PSOE que reiteradamente decían que no se iba a realizar ninguna amnistía porque eso era anticonstitucional.
Por lo tanto, es una traición a la ciudadanía que cuando les ha dado el voto no se lo ha dado para que hagan esto. Además rompe el modelo constitucional. Lo rompe, en el caso de la amnistía que además ni por la forma de elaborarse la ley ni por su contenido se ajusta la Constitución. Lo que pasa además es que es una ley tan mal hecha jurídicamente, con tantos fallos internos de procedimientos que se establecen o de conceptos que se quieren introducir, que es de muy dificultosa aplicación y por eso el Tribunal Supremo ha considerado que tal como está redactada el delito de malversación al cual se quiere aplicar la amnistía, no entra dentro de ella y por lo tanto, pues es una ley de muy difícil aplicación y por eso hay planteadas algunas cuestiones de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional y también una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea con la una discusión jurídica de fondo, en torno a lo que es el concepto de malversación. Sin pudor alguno nos dicen los defensores de la ley de amnistía que cuando se producen desviaciones de fondos que no originan una un incremento patrimonial de riqueza a los autores, entonces no hay malversación olvidando que la malversación es un desvío de fondos, y lo que se hace con ese desvío de fondos, si va al bolsillo de alguien o no, eso hasta ahora los tribunales siempre lo han considerado absolutamente irrelevante.
Hace bastante tiempo que es evidente que existe un intento de provocar mutaciones constitucionales. Una mutación constitucional se produce cuando tergiversando el sentido de las instituciones jurídicas, de las normas jurídicas, se pretende cambiar el resultado de lo que la Constitución podría producir. Y eso sin necesidad de cambiar formalmente la Constitución, es decir, no se utiliza el procedimiento de cambio de la Constitución, sino que se utilizan estos procedimientos espurios. Eso entra dentro de esa «estrategia de la araña» a través de la cual lo que se pretende es ir minando las instituciones para que, finalmente, el sistema colapse y se pueda instaurar uno nuevo. No está fuera de esta intención el ir intentando criticar a los jueces, porque claro, los jueces son el tercer poder del Estado, pero son el poder que controla los otros dos, no son los políticos los que han de controlar a los jueces, sino los jueces a los políticos. Y por eso se establecieron los tribunales constitucionales, por eso se estableció la jurisdicción contencioso administrativa, por eso los políticos pueden ser juzgados por los actos que realicen, incluso en el ejercicio de sus cargos.
EL CONCIERTO FISCAL CATALÁN
El reciente pacto entre PSC y ERC ha reavivado el debate sobre el federalismo en nuestro país., pero este pacto tiene también otras consecuencias como el reforzamiento del catalán dentro de toda la vida pública y privada en Cataluña, o el reforzamiento también de la acción exterior de la Generalitat como si fuera la acción exterior de un Estado. Este pacto se ha tomado evidentemente fuera de las instituciones, que también ha sido consecuencia de un pacto para lograr una investidura.
Si hubo un pacto primero para la ley de amnistía, no prevista en la Constitución, para lograr la investidura de Sánchez, ahora resulta que hay un segundo pacto, tampoco previsto en la Constitución y de contenido claramente anticonstitucional, para lograr la investidura de Illa. Con lo cual estamos modificando el sistema a cambio de esas compras de votos parlamentarios para conseguir investiduras exiguas, es decir, investiduras que no responden a una amplia mayoría, sino que responden a mayorías muy mecánicas, Un poco esas mayorías numéricas a partir de las cuales luego se creen con derecho a imponerse sobre la gran mayoría.
Este pacto, con estos ejes, se nos intenta vender como un paso hacia el federalismo. Este pacto no tiene ninguna base federal porque el federalismo se basa en la igualdad entre Estados, de la igualdad entre ciudadanos, es decir, de que los entes que crean la federación al traspasarle la soberanía lo que hacen es establecer un sistema a través del cual no pueda haber privilegios, sino que haya sobre todo igualdad de derechos.
Por ejemplo, el federalismo alemán se basa en un modelo en el cual quienes recaudan casi todos los impuestos son los länder, pero los recaudan conforme a los criterios que marca una ley federal y luego los redistribuyen conforme a los criterios que marca la ley federal. Es decir, que lo que hacen es de mera oficina de recaudación. Esto sería federalismo, y no es por ahí hacia dónde se va, sino hacia la bilateralidad. Si nos vamos al establecimiento de un modelo de concierto y cupo o algo por el estilo, no estamos yendo hacia un modelo federal, sino todo lo contrario, estamos yendo hacia un modelo confederal, en el cual se le quitan competencias a la Federación para que las tengan los Estados Confederados.
En la Constituyente se trató el tema de qué comunidades autónomas podrían tener un régimen de financiación singular, y se estableció el del País Vasco y el caso de Navarra. Y se preguntó a los catalanes, que estaban integrados en la minoría vasco-catalana se les preguntó si querían un régimen similar y dijeron que no, porque no querían recaudar. Y en el fondo el modelo fiscal del concierto es totalmente insolidario y un modelo que económicamente no resiste. En el caso de Navarra y el País Vasco, a pesar de que desde la Unión Europea hace años ya que se nos dice que eso tendría que ir desapareciendo, porque a medida que se avanza en el federalismo fiscal eso no se va a sostener, resulta que aguanta económicamente porque son territorios pequeños, con poca población.
Si esto lo aplicamos a Cataluña, que es una de las economías grandes dentro de España, hay muchos que van a querer ir a la cola y decir «yo también lo quiero». Entonces esto hace estallar el sistema. Quizás es lo que pretenden, quizás lo que pretenden es hacerlo estallar. Al menos algunos de los miembros de la coalición que ha tenido Sánchez en el Gobierno en sus legislaturas lo decían directamente, que pretendían hacer estallar el modelo, o que lo digan los secesionistas, pues está dentro de su ADN. Pero que el PSOE entre en esta dinámica es algo que le va a pasar factura, y muy grave, porque la sociedad española se va a dar cuenta de que realmente eso no lleva a ninguna parte: nos va empobrecer muchísimo más, quiebra nuestro sistema democrático, es anticonstitucional, y además no es sostenible.
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