Durante muchos años se han producido reformas confusas, parciales, coyunturales, institucionalmente desfiguradoras y destructivas de la coherencia interna del sistema de las pensiones píblicas combinadas con las muy españolas contrarreformas.
En la Seguridad Social se ha impuesto desde hace muchos años y con todos los Gobiernos, un modo de dirección política que pierde en racionalidad a largo plazo lo que busca ganar en oportunidad a corto plazo. Porque la Seguridad Social de mañana importa a nuestros políticos mucho menos que los votos de hoy.
Ningún gobierno se atreve a explicar a los ciudadanos la magnitud del problema de las pensiones y menos a adoptar medidas, y el que lo hace sale escaldado
El Gobierno de Sánchez, como antes los de Rajoy, Zapatero, Aznar y González intenta cuadrar el círculo imposible de las pensiones. Nadie quiere desengañar a su clientela y quien lo intenta, como Rajoy, sale escaldado. No hay premio Nobel que resuelva ese sudoku con la pirámide de población española y la realidad del mercado laboral.
La única solución, edulcorada con todos los eufemismos que se desee, es reducir algo ciertas prestaciones futuras o aumentar los impuestos, los de todos, incluidos los pensionistas. El propio Gobierno de coalición y sus socios son muy críticos con el primer bloque de la reforma acordado con los agentes sociales y la oposición también es muy crítica pues ha visto cómo se liquida la reforma del PP para volver a algo similar por la puerta de atrás.
Los políticos no se atreven a exponer a sus votantes la auténtica realidad del asunto. Tampoco es sencillo. La inmensa mayoría de los españoles reclama más servicios y prestaciones públicas, pero muy pocos aceptan pagar más impuestos, aunque hay muchos que defienden con vehemencia que los demás sí deberían contribuir más con el Fisco. El fenómeno no es exclusivo de las pensiones, sino que es extensivo a la sanidad, la educación y los servicios públicos. Es una de las grandes asignaturas pendientes que también suspira por una inmensa protección estatal para casi todo.
Las reformas del sistema público de pensiones públicas hasta el momento se han centrado en aspectos de los parámetros de acceso y cálculo de la cuantía de las pensiones, pero sin cuestionar el sistema de reparto basado exclusivamente en las cotizaciones, probablemente quizás por cierto complejo de nuestros políticos, a los que todo lo que suene a “capitalización” (que se asocia a “capitalismo”) les da vértigo electoral.
José Luis Escrivá es solo el enésimo ministro consciente de que el actual sistema de pensiones es inviable. Este Gobierno puede garantizar las prestaciones, pero no su cuantía, incluso aunque se actualicen con el IPC. Y la opción de que se paguen con impuestos solo significa una subida de la presión fiscal, que también afectaría a los pensionistas a los que en teoría se quiere ayudar..
La reforma de las pensiones en la que actualmente trabaja el Gobierno PSOE-UP prevé articularse en dos grandes bloques que se irán aprobando, y aplicando, por partes. El primer bloque (“el fácil”) ya está acordado con los agentes sociales, pero del segundo bloque aún no sabemos demasiados detalles, más allá de los epígrafes y asuntos que abordarán. Como se ve no se atreven, de nuevo, a plantear medidas “innovadoras” (cuentas nocionales, mochila austriaca,…) que parecen funcionar en países de nuestro entorno, quizás la única novedad remarcable es la futura implantación de los Planes de Pensiones de Empleo (de empresa) como pilar complementario al sistema de reparto.
Se debe insistir en que con recesión económica o sin ella, incluso en un escenario de crecimiento, es absolutamente precisa una reforma profunda del sistema de Seguridad Social. Ese sistema evidencia en todo momento -antes de ahora también- una característica muy propia del esquema de protección social español, esto es, que su construcción se ha realizado siempre con improvisaciones y fragmentaciones prácticas, sin coherencia ni sistemática, manteniendo sus elementos en un relativo y precario equilibrio que parece suficiente, mientras que no hay que probar la resistencia de materiales, pero que se convierte en un castillo de naipes que se viene abajo en cuanto la adversidad aparece en el horizonte.
Es evidente que las crisis económicas y de financiación suelen enfrentar a los poderes públicos con este ejercicio de esquizofrenia: corregir las desigualdades y atribuir prestaciones sociales de seguridad social pero, simultáneamente, vigilar que el sistema, en su conjunto, sea sostenible, reduciendo al mismo tiempo el gasto o limitando el acceso a esas mismas prestaciones.
En un contexto así es fácil advertir la perversa paradoja de que el Estado conserva un poder normativo que le obliga a ser al mismo tiempo el policía y el defensor del Estado de Bienestar, en un juego patético en el que se arruina incluso cuando remedia los efectos de su propia legislación expansiva. Sólo una reforma rigurosa que subordine la voluntad normativa a adecuados estabilizadores automáticos romperá esa paradoja.
La Seguridad Social debe ser el espacio de más amplio consenso político pero la política de partido lo invade todo. Y la propaganda. Y el eslogan. Con un Gobierno que solo genera problemas, la reforma de las pensiones solo supondrá recortes y penalizaciones. Con disfraz de progresismo de salón. Es el camino fácil.
