España ha abierto el debate sobre su sistema de pensiones públicas. El pasado 1 de julio, Gobierno, sindicatos y patronal anunciaron un acuerdo para una nueva reforma de las pensiones pero este debate no es nuevo desde que, hace ya medio siglo, se iniciara el proceso hacia la universalización de la pensión pública de jubilación.
Aunque ya antes de la crisis de 2008 se atisbaba un futuro deficitario para las cuentas de las pensiones –interpretadas como un sistema cerrado de pensiones (gastos) y cotizaciones (ingresos)–, hasta hace unos par de años el hecho no se había materializado tan desnudamente dada la existencia del Fondo de Reserva de la Seguridad Social (FRSS) que en la actualidad ya está prácticamente agotado, y que servía de “hucha de las pensiones”. En las décadas precedentes a la crisis, el sistema llegó a actuar como prestamista en las cuentas del Estado y, a partir del año 2000, a constituir con el ahorro generado el FRSS. No obstante, a partir de 2011-2012, las cosas comenzaron a cambiar: se estancaron los ingresos por cotizaciones por la caída del empleo y la congelación de los salarios, y se aceleraron los gastos en pensiones por el aumento del número de pensionistas entrantes y el arrastre de las subidas en los montos de las pensiones en los años de fuerte crecimiento económico…y por eso se agotó el colchón del FRSS.
Hace algunos días, José María Escrivá sorprendía a la audiencia afirmando que la generación del baby boom no tendría más remedio que trabajar más o cobrar menos. Una frase similar la había pronunciado hace ya diez años, en 2011, Díaz Ferrán, entonces presidente de la CEOE.
Al ministro independiente le han obligado a rectificar desde la Moncloa. Ha tenido que reconocer públicamente que aquel día no estuvo muy acertado. Es cierto que Escrivá ese día no estuvo demasiado afortunado porque le rompió la táctica al jefe y descubrió el pastel que el Gobierno quería tener oculto. Reveló que el acuerdo firmado a bombo y platillo entre el Ejecutivo y los agentes sociales era puro humo, porque todo lo importante quedaba por determinar: “la patada para adelante si es que no se pueden echar balones fuera”.
Sin embargo, las declaraciones de Escrivá, que suscitaron las críticas de los sindicatos y de algunos partidos y la inquietud entre los ‘baby boomers’ no difieren demasiado del contenido del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía remitido por el Gobierno de Pedro Sánchez a Bruselas el pasado abril, que ha sido actualizado a mediados de junio y que es un elemento clave para recibir los fondos Covid de la Unión Europea. En el texto se hace especial hincapié en su Componente 30, dedicado a la reforma del sistema de pensiones, en la llegada masiva de esta generación a la edad de jubilación, que además vivirá muchos más años que las generaciones precedentes.
Hasta en siete ocasiones, el plan del Gobierno enviado a la Unión Europea hace referencia directa a este colectivo en apenas 36 páginas, destacando que la prioridad en la reforma de las pensiones serán los actuales pensionistas -que deberán mantener su poder adquisitivo y su prestación- y los jóvenes, que no deberían verse castigados en un escenario en el que la presión de los ‘baby boomers’ en el sistema será muy importante.
El acuerdo firmado el otro día entre el Gobierno y los agentes sociales fue mero teatro, encaminado, en el interior, a la publicidad y la propaganda, y en el exterior, a contentar a Bruselas transmitiéndole la idea de que se está camino de la reforma. El acuerdo deja sin concretar lo principal, que también será lo más negativo, dado que no se piensa modificar el esquema clásico de la separación de fuentes. Se elimina el Factor de Equidad Intergeneracional (FEI) pero se anuncia un Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) que será su sustituto y que de una o de otra forma tendrá efectos similares: ajuste y recorte. Bien es verdad que eso será como mínimo dentro de un año.
Se llame Factor de Equidad Intergeneracional (FEI) o Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) el concepto es el mismo pues es un procedimiento que deberá dar respuesta a la cada vez mayor esperanza de vida y tenerla en cuenta en la pensión. A principios del siglo pasado, la esperanza de vida era de 52 años y menos de la mitad de población llegaba a los 65, la edad legal de jubilación desde hace décadas. En los 70 la esperanza de vida era de 73 años y más de dos de cada tres personas sobrepasaban los 65 años. En 2040, cuando estén jubilados prácticamente todos los ‘baby boomers’ será de 85,8 años de media y mucho más elevada entre las mujeres.
Junto a esto, la generación posterior a la de los ‘boomers’, la ‘baby collapse’, que se caracteriza por una baja natalidad y es muy poco numerosa, deberá pagar las prestaciones de los primeros, lo que implica muchos menos cotizantes y muchos más pensionistas o ingresos por cotizaciones menores y nóminas de jubilación mucho mayores. Si España no quiere dedicar un porcentaje mucho mayor al 12,7% del Producto Interior Bruto (PIB) que en la actualidad se destina al pago de pensiones, al que habrá que sumar un 2,5% más en 2050 por la revalorización de la pensiones durante los próximos años de acuerdo al Índice de Precios al Consumo (IPC), las prestaciones de los que se jubilen durante las próximas deberán sufrir un recorte importante.
La otra opción, como ha dejado claro el Banco de España, sería subir las cotizaciones al menos en ocho puntos desde ahora a 2050 y aumentar un 20% la ocupación, fundamentalmente por la entrada al mercado laboral de inmigrantes, una alternativa complicada y dolorosa, pero necesaria para mantener sin apenas recortes las prestaciones de los nacidos entre 1958 y 1977, siempre confiando que los incentivos a la jubilación tardía y las penalizaciones a la anticipada que se pondrán en breve en marcha tengan los efectos deseados. De lo contrario, la cuantía de las pensiones de la generación del desarrollismo deberían reducirse un 10%.
Es por ello por lo que el ministro lenguaraz metió la pata, adelantó acontecimientos hablando de recortes antes de lo que le conviene al Presidente del Gobierno. A pesar de todo, como se arrepintió y reconoció su error, ha salido indemne de la masacre posterior y sigue como Ministro de la Seguridad Social (y otros asuntos). Lo que parece realmente inexplicable es que los agentes sociales se hayan prestado a este numerito, a no ser que haya también componendas ocultas que paguen el precio de su teatro.
Del tema de las pensiones han escogido aquellos elementos que no eran problemáticos o que incluso resultaban favorables, y han pospuesto para más adelante los ajustes y los recortes. Se ha repetido por activa y por pasiva que los fondos europeos venían sin condiciones. Sin embargo es innegable que pasados los actuales “tiempos calientes” Bruselas retornará a sus dogmas e impondrá sus límites y restricciones.
La revalorización anual de las pensiones por el IPC puede venderse como un avance importante, pero lo cierto es que en los últimos años se venía aplicando ya sin demasiado impacto presupuestario, dada la escasa cuantía de la inflación. Se dirá que la diferencia radica en que con esta ley se garantiza la actualización para el futuro, pero eso es un simple espejismo, porque una ley se cambia con otra ley y no se puede asegurar que en caso de crisis o de que se dispare la inflación no se vaya a modificar lo que ahora se establece. De hecho, a pesar de que con anterioridad a la crisis de 2008 estaba establecida la actualización por el IPC de las pensiones, ello no fue ningún obstáculo para que Zapatero las congelase en 2010.
La problemática de las pensiones públicas está mal enfocada o enfocada de una forma maliciosa y retorcida, al menos desde la mitad de los ochenta. Se ha permitido premeditadamente que la Seguridad Social apareciese con importantes déficits y el origen de estos déficits se encuentra en la llamada separación de fuentes, en aceptar poco a poco la convención de que las pensiones deben financiarse exclusivamente con cotizaciones sociales prescindiendo de las aportaciones del Estado. Es más, las necesarias transferencias estatales que se producían ante los desequilibrios financieros de la Seguridad Social se han instrumentado hasta ahora a modo de préstamos (aunque en realidad se cuenta con que nunca se van a poder devolver), en lugar de considerarlas entregas a fondo perdido, como otra fuente más de financiación, complementaria de las cotizaciones.
Desde esta perspectiva, el sistema público de pensiones estará siempre amenazado, a no ser que se esté dispuesto a elevar todo lo que sea necesario las cotizaciones. Cosa poco probable. Lo que parece más verosímil es que se opte por reducir las prestaciones. Dígase lo que se diga, esto es lo que ocurrirá si no se cambia el modelo, si no se consideran las cotizaciones sociales como un impuesto y las aportaciones del Estado a la Seguridad Social como una fuente más de financiación, que ayuda a sostener las pensiones, al igual que lo hace con la sanidad, la educación y con toda clase de servicios públicos y prestaciones sociales. Nadie se plantea que los gastos en sanidad, en educación, etc. no son viables. Nadie ha alegado que los gastos derivados de los ERTE, de los créditos ICO o demás partidas asociadas a la pandemia no eran factibles, a pesar de incrementar el endeudamiento público en un 30% del PIB.
Es obvio que este Gobierno tampoco está dispuesto a cambiar el modelo de financiación. Prueba de ello es que las transferencias que el Estado ha hecho últimamente a la Seguridad Social han continuado instrumentándose en forma de préstamos, aunque probablemente con la intención de hacer patente la inviabilidad del sistema. El cambio del modelo actual supondría trasladar el problema de las pensiones al de todo el Estado del bienestar y en general al de todos los gastos del sector público, o más bien al de su financiación. Lo que hay que plantearse no es la suficiencia de un tributo en particular (las cotizaciones), sino de todo el sistema fiscal en su conjunto, que a su vez exige tener en cuenta la productividad. Lo cierto es que a todos los gobiernos les repele hablar de impuestos. Como mucho, se deciden a veces a incrementar algunos indirectos, que, aunque sean más injustos, se notan menos y además muchos de ellos se pueden argumentar en términos ecológicos.
El acuerdo firmado el otro día entre el Gobierno y los agentes sociales sobre las pensiones tan solo nos confirma que se va a continuar por un camino equivocado, y que además no se ha despejado qué medidas se van aplicar para transitar por esa ruta.
Solo en un esquema de separación de fuentes, en el que el problema de las pensiones se aísla de todo los demás, puede tener algún sentido situar parte de la solución, tal como hace el señor Escrivá, en prolongar “un poquito” la edad de la jubilación para no tener que asumir el recorte de la pensión que sin duda alguna producirá el desconocido MEI que operará a partir de 2027.
A propósito, sigue pendiente, y no se la espera de forma inminente, la reforma fiscal que asegure la suficiencia de ingresos al Estado para cumplir también con los nuevos compromisos adquiridos. No obstante el Presidente del Gobierno ha anunciado estos días que descarta una reforma fiscal para los PGE de 2022, y deja para 2023 la reforma fiscal que encargó a los expertos aunque subirá varios impuestos
Uno de los principios que guiarán al grupo de 17 expertos será “garantizar la suficiencia de recursos públicos”. España se encuentra 7 puntos por debajo de la media de la zona euro en ingresos públicos y el Ejecutivo aspira a elevar la presión fiscal en torno al 40%-42% del PIB, dos puntos de la media histórica. Hasta ahora los sucesivos gobiernos democráticos creían que la relación entre la recaudación de impuestos y la riqueza nacional debía estar en una horquilla de entre el 37% y el 39% para no lastrar el desarrollo económico de un país rezagado respecto a sus socios europeos. Pero el nuevo Ejecutivo considera que las heridas que ha dejado la crisis financiera y ha reabierto la pandemia requieren de mayor esfuerzo para hacer políticas redistributivas. Ese es el motivo por el que buscan más recursos para fortalecer el estado de Bienestar.
Estos son algunos de los desafíos que deben afrontar:
- Impuesto de sociedades. La recaudación del impuesto de sociedades fue el año pasado de 17.600 millones de euros, un 22% menos que el año anterior y la menor cosecha desde 2013. La aportación de las empresas a la recaudación se ha reducido en los últimos años por tres motivos: tras la gran crisis financiera de 2008 las sociedades acumularon pérdidas que les permitió contabilizar créditos fiscales que aún se están aplicando para compensar con los beneficios que obtienen ahora. Además, el auge de las exportaciones les ha llevado a localizar beneficios en filiales que pagan en otros países. Y, por último, la rebaja del tipo del impuesto del 30% al 25% desde 2015 ha mermado la cosecha.
- IRPF. El Gobierno ya aprobó en los Presupuestos de este año una subida de dos puntos para las rentas del trabajo superiores a los 300.000 euros, y de tres para las del capital por encima de 200.000. Hacienda calcula que esta medida afectará solo al 0,17% de los contribuyentes, y permitirá recaudar 580 millones de euros en 2022. No obstante, el impuesto ha perdido eficacia en los últimos años y necesita una actualización. Deberán decidir si mantienen o reducen el número de tramos del impuesto, si lo hacen más progresivo o si actualizan la deducción del mínimo familiar y personal, la tributación por módulos o decidir qué esquema se sigue para las rentas del capital.
- IVA. España es uno de los países de la UE que menos recauda por el impuesto sobre el valor añadido pese a tener un tipo general de IVA (21%) no muy alejado de los países de nuestro entorno. Los expertos deben decidir sobre la composición de la cesta de bienes y servicios que están gravados con tipos reducidos (10%) o superreducidos (4%). Este impuesto indirecto es el más sensible a cambios y que más afecta al consumo. También es uno donde suele hallarse más nichos de fraude fiscal.
- Patrimonio. El impuesto sobre el patrimonio suscita uno de los debates más encendidos en el sistema fiscal. Los economistas socioliberales abogan por su desaparición mientras que los más progresistas piden un mayor esfuerzo para las rentas más altas. España es uno de los pocos países que mantienen este impuesto, aunque es cierto que otros vecinos europeos mantienen otros esquemas fiscales para gravar la riqueza.
- Sucesiones. Se trata de un impuesto cedido a las comunidades autónomas. Estas administraciones mantienen desde hace años una competencia fiscal a la baja. Sin embargo, es uno de los impuestos clave en cualquier sistema fiscal. El grupo de trabajo deberá armonizar el tributo para evitar que haya diferencias tan amplías como las actuales entre las diferentes comunidades autónomas. Tanto este tributo como el anterior forman parte también de la reforma de la financiación autonómica, que tiene pendiente el Gobierno desde 2014.
- Impuestos verdes. Se trata de uno de los retos más importantes para los expertos. La Comisión Europea lleva años avisando a España de que debe aumentar la fiscalidad medioambiental. Somos uno de los países que menos recauda por estos impuestos, la mayoría está en manos de las comunidades que ha legislado profusamente y ha creado figuras poco eficientes, sobre vertidos y depuración de aguas, plásticos. La Ley de Cambio Climático ya aprobada en el Congreso, incluyó una disposición adicional sobre la fiscalidad verde. La norma recoge la obligación de que el Gobierno presente en el plazo máximo de seis meses (aunque se espera que sea antes) la nueva ley de residuos, que incluirá dos nuevos tributos: uno sobre los envases plásticos y otro sobre el vertido e incineración para incentivar el reciclaje.
- Los agujeros del sistema. La Autoridad Fiscal (Airef) calculó el año pasado que los llamados agujeros del sistema tributario, las deducciones, exenciones, bonificaciones o regímenes especiales propiciaban una vía de agua por la que se escapan todos los años alrededor de 60.000 millones de euros. Plantea revisar algunas deducciones como la de tributación conjunta del IRPF o la de las aportaciones al fondo de pensiones. En este punto, volverá a ser clave la decisión que adopten los expertos sobre los tipos reducidos de IVA o las deducciones en el impuesto de sociedades.
