LAS NUEVAS PROPUESTAS DE YOLANDA DÍAZ SOBRE LA REDUCCIÓN DE LA JORNADA LABORAL

Trabajo recula y admite ahora que la reducción de jornada puede retrasarse más allá de 2025

Se abre a que haya medidas de flexibilidad y a que se desarrolle en los convenios colectivos, lejos de las prisas y el tono intimidatorio con CEOE de hace días

Díaz plantea multas por incumplir la jornada de hasta 980.000 euros en casos muy graves

 

La medida estrella de la ministra de Trabajo para esta legislatura encara las horas decisivas tras recibir el ‘no’ de la CEOE, en un primer momento. En este nuevo encuentro de hoy miércoles 17 de julio Yolanda Díaz rebaja el tono y busca cerrar un acuerdo que incluya a la patronal.. Trabajo, patronal y sindicatos pondrán en común las propuestas de las partes al último planteamiento del Gobierno que ofrecía más flexibilidad a las empresas.

 

Desde que se inició la negociación, el pasado enero, surge la perspectiva de que el Gobierno no cumpla los tiempos que se había mercado en el propio acuerdo de investidura entre el PSOE y Sumar. El Ejecutivo quería reducir la jornada a 38 horas y media este año y a 37 horas y media el siguiente, desde las 40 actuales, sin que se produjese una merma salarial.

 

El objetivo que persigue el Gobierno de España es el de reducir la jornada de trabajo. Además, se busca garantizar que esta medida no suponga un recorte en el salario de los trabajadores. Estas son las claves que pretende el Ministerio de Trabajo que propone endurecer las sanciones cuando se incumpla la jornada pactada y haya un riesgo para la salud o la seguridad del trabajador.

 

La nueva propuesta de Trabajo incluye un mayor margen para distribuir irregularmente la jornada laboral en 2025 para facilitar que las empresas en sectores como la hostelería o la agricultura, en momento puntuales, puedan concentrar más horas de trabajo en esos determinados momentos. La CEOE también planteó en la mesa de la semana pasada diversas peticiones empezando por ampliar el plazo de entrada en vigor de la reducción a la vigencia de los convenios colectivos, lo que situaría el cambio alrededor de 2028. Asimismo, pidió que se dé más flexibilidad a las micropymes, las concesionarias o las empresas o sectores más alejados de las 37,5 horas semanales.

 

En este sentido, el Ministerio ha indicado que se ha discutido principalmente sobre tres ejes respecto a los que está abierto a negociar. Estos ejes incluyen la ya mencionada incorporación paulatina de la reducción de jornada, con lo que en lugar de tener vigentes las 37,5 horas a 1 de enero de 2025, como estaba previsto en el acuerdo del Gobierno de coalición, se puede hablar de una incorporación más flexible a lo largo de todo el año «introduciendo más permisos adicionales o más vacaciones» u otro tipo de medidas.

 

En segundo lugar, el Ministerio está dispuesto a incluir la posibilidad de distribuir irregularmente el tiempo de trabajo, como ya se adelantó en la anterior reunión que tuvo lugar la semana pasada. En tercer lugar figura el derecho a la desconexión digital, profundizando en este derecho en plena época de transición digital.

 

En cualquier caso, se trata de un cambio de posición relevante del Ejecutivo, igual que el que tuvo lugar la semana pasada con las llamadas bolsas de horas. El Ministerio ha reiterado que está dispuesto a que en aquellos ámbitos con una actividad muy estacional, como la agricultura o la hostelería, se pueda distribuir de forma irregular la reducción de la jornada a lo largo del año. Los sindicatos tampoco se oponen a esa idea, que en ningún caso, dicen el ministerio y las centrales, supondrá recuperar las horas reducidas con la posibilidad de realizar más horas extraordinarias, como pedía la CEOE.

 

Asimismo, ha informado de que el 29 de julio se celebrará la próxima reunión, en la que se intentará llegar a un acuerdo, al tiempo que no ha querido concretar si el nuevo escenario de flexibilización que se plantea para implantar la reducción de jornada implica renunciar a contar ya en 2024 con la reducción a 38,5 horas, para lo que se necesitaba cerrar el texto legal antes de agosto.

 

Los sindicatos

María Cruz Vicente, negociadora de CCOO, ha sido muy gráfica: “La negociación está en un bucle” y ya preparan movilizaciones en septiembre si en la próxima reunión no se producen progresos relevantes. La jornada no se puede aprobar con carácter retroactivo, ha añadido Vicente, por lo que cada vez parece más complicado que las 38,5 horas se puedan llegar a aplicar en 2024. Para 2025, lo más probable es que la reducción de jornada tampoco se produzca desde el primer día de forma generalizada. Para atraer el apoyo de los empresarios, el Ejecutivo está dispuesto a estudiar una implantación a la carta, que permita ir adaptando la jornada sector por sector a través de la negociación colectiva. Es, precisamente, lo que proponía la patronal, con el objetivo de que las compañías más afectadas tengan más margen de preparación para limitar el impacto de la nueva norma.

 

El Ministerio ha explicado que en la próxima reunión se deberían concretar esos mecanismos de flexibilidad, entre los que ha citado las vacaciones o la concesión de permisos extraordinarios. Se trataría, por tanto, de que algunas empresas, especialmente en los sectores más afectados, puedan implantar progresivamente las 37,5 horas a lo largo de 2025, no desde el primer día. Los sindicatos no descartan esa idea de “transitoriedad”, pero en ningún caso puede significar el aplazamiento de la implantación de la jornada más allá del año que viene, según ha proclamado el representante de UGT, Fernando Luján.

 

Trabajadores a tiempo parcial

Otra de las novedades que plantea Yolanda Díaz es que los trabajadores con jornada parcial o reducida podrán seguir realizando el mismo número de horas tras la entrada en vigor de la reducción de jornada laboral, percibiendo a cambio un incremento salarial proporcional. El texto remitido por Trabajo añade que “las personas trabajadoras con jornada reducida (…) tendrán derecho a seguir realizando el mismo número de horas de trabajo que viniesen efectuando antes de la entrada en vigor de esta norma, con los efectos salariales previstos en el apartado anterior”.

 

El trabajador “tendrá derecho a solicitar que el porcentaje de parcialidad o de reducción de la jornada que se le venía a aplicando se mantenga respecto de la nueva jornada en vigor”, apunta el texto. En cualquier caso, el documento señala que aquellos contratos a tiempo parcial que igualen o superen a la jornada máxima semanal prevista “se convertirán automáticamente en contratos de trabajo a tiempo completo”.

 

Una infracción por cada trabajador afectado en relaciones laborales

El borrador presentado a los agentes sociales en la reunión de este lunes y al que ha tenido acceso La Información modifica el artículo 40 de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social que marca la cuantía de las multas. El texto incide en que, en el caso de transgresión de las normas y los límites legales o pactados en materia de jornada, trabajo nocturno, horas extraordinarias, horas complementarias, descansos, vacaciones, permisos, registro de jornada y, en general, el tiempo de trabajo, las infracciones se aplicarán por cada trabajador afectado.

 

Asimismo, en el caso de incumplimiento de las obligaciones en materia de registro de jornada, únicamente se considerará la comisión de una infracción por cada persona trabajadora afectada en los supuestos de ausencia de registro, así como en los de omisión de datos o inclusión de datos falsos o inexactos.

 

De esta forma se modificará la ley de infracciones y sanciones también para establecer una multa:

 

• Grado mínimo: entre 1.000 y 2.000 euros
• Grado medio: entre 2.001 y 5.000 euros
• Grado máximo: entre 5.001 y 10.000 euros

 

Trabajo también aboga por retocar los artículos 12 y 13 de la misma norma que hacen referencia a las infracciones graves y muy graves en materia de prevención de riesgos laborales, las que abren la puerta a un abanico de sanciones que van desde los 2.451 euros (para graves en su grado mínimo) hasta los 983.736 euros (muy graves en grado máximo). En concreto, se incluyen los “incumplimientos en materia de organización y ordenación del tiempo de trabajo que afecten al disfrute de los periodos mínimos de descanso diario y semanal, vacaciones anuales, duración máxima de la jornada de trabajo, pausas durante la jornada, así como a la regulación del trabajo nocturno, trabajo a turnos y ritmo de trabajo” siempre que generen un perjuicio a la salud de los trabajadores.