La ministra de Trabajo prepara un potente paquete normativo que culminará con el alumbramiento del Estatuto del Trabajo del Siglo XXI.
Yolanda Díaz está preparando el terreno para desplegar una ambiciosa batería de leyes laborales que van desde el Estatuto del Becario hasta la Ley de Participación Institucional de los Agentes Sociales y que pretende culminar con el alumbramiento del Estatuto del Trabajo del Siglo XXI con la intención es dar un «marco legislativo común sistematizado para todo», lo que en la práctica supondría unificar en el nuevo Estatuto del Trabajo el Estatuto de los trabajadores y el de los autónomos
Díaz está haciendo especial hincapié en la importancia de escuchar a quienes saben de las materias y ese va a ser el espíritu de su proceso de escucha.
La vicepresidenta y ministra de Trabajo va a escuchar a los expertos, pero también va a potenciar el diálogo social con una Ley de Participación Institucional que tendrá varias patas: desde remunerar a la patronal y a los sindicatos por su participación como interlocutores sociales en las negociaciones de las reformas con el Gobierno -es un trabajo intenso por el que no cobran una cantidad específica, más allá de las subvenciones que perciben por mandato del Consejo de Ministros- hasta incorporar a los representantes de los trabajadores en los consejos de administración y órganos de toma de decisiones de las empresas.
En paralelo, la vicepresidenta Díaz tiene previsto convocar a los agentes sociales para abordar el fenómeno de la ‘gran dimisión’, que aunque en España no tiene un impacto tan importante como en otros países -en Estados Unidos millones de trabajadores han dejado su empleo de forma voluntaria- empieza a generar una cierta inquietud en el ámbito empresarial respecto a las vacantes que difícilmente se cubren. España, con más de 3 millones de parados, tiene 109.000 vacantes para las que las empresas no encuentran trabajadores.
Lo que ya se ha empezado a debatir con los agentes sociales en una mesa formal es el nuevo Estatuto del Becario, cuyo desarrollo estaba previsto en la reforma laboral. El objetivo del Ministerio de Trabajo, que lidera esta reforma en comandita con Seguridad Social y Universidades, es elaborar una norma que garantice la protección de los derechos de quienes realizan prácticas no laborales, tanto en empresas como en instituciones públicas, para acabar con la precariedad y atajar el fraude de los falsos becarios y los abusos en la contratación. En la primera propuesta oficial se han planteado medidas como la obligación de remunerar a los becarios, reconocer su derecho a vacaciones o limitar su número en función del tamaño de la empresa.
Otra negociación inminente es la de la reforma de la ley 30/2015 del sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral. De hecho, el Ministerio ya abrió una mesa para abordar este asunto con la patronal y los sindicatos, pero lleva meses paralizada. Se llevará a cabo también una reforma para atajar el fraude masivo de las falsas cooperativas.
Díaz tiene también pendiente convocar a la Comisión Asesora para el Análisis del Salario Mínimo Interprofesional -el comité de expertos designado por la vicepresidenta para determinar la senda de incremento que debe seguir el SMI para alcanzar el 60% del salario medio en el año 2023- para que revisen sus recomendaciones por la escalada de la inflación. Estos trabajos serán clave para la negociación del SMI de 2023 con los agentes sociales, que no han sido capaces de cerrar una recomendación de subida salarial para la negociación colectiva este año.
