LOS INSPECTORES DE TRABAJO ANUNCIAN QUE PARALIZAN VARIAS CAMPAÑAS
Los sindicatos anuncian esta nueva medida de prensión para que el Gobierno cumpla con el prometido refuerzo del organismo, sin el que advierten de que no cumplirán varias campañas
Los sindicatos han anunciado este lunes que paralizan “las campañas”, las actuaciones programadas desde la dirección, ante el incumplimiento de las mejoras laborales acordadas con el Gobierno hace dos años. Entre las campañas paralizadas figuran actuaciones sobre falsos autónomos, jornada de trabajo, salarios, planes de igualdad y control del campo, entre otras. “Las denuncias de los trabajadores se seguirán atendiendo y actuando”, precisan desde la plantilla.
Los sindicatos anuncian la paralización de estas actividades programadas por el Gobierno hasta que el Plan Estratégico de la Inspección aprobado a finales de 2021 “sea cumplido en su segundo gran eje: refuerzo de la estructura de la ITSS” (Inspección de Trabajo y Seguridad Social), “mediante la aprobación de la RPT”, la relación de puestos de trabajo, explican en un comunicado firmado por CCOO, CIG, CSIF, SITSS, SISLASS, UGT, UPIT y USESS.
En el comunicado, la representación de los inspectores incluyen la siguiente lista de campañas que paralizarán, “entre otras”:
- Control de planes de igualdad entre mujeres y hombres.
- Control del tiempo de trabajo.
- Control del registro de jornada.
- Control de condiciones salariales.
- Control de exoneraciones de ERTE Covid.
- Control de economía irregular y trabajo de extranjeros en la agricultura.
- Control de los riesgos asociados a la actividad agraria.
- La de la lucha contra los falsos autónomos
En el horizonte, los sindicatos mantienen la amenaza de una huelga indefinida a partir del 26 de junio, aunque esperan no tener que llegar a esa medida, indican a este medio. Sería la primera huelga de este tipo en la historia de la Inspección de Trabajo.
REBELIÓN ACADÉMICA Y EMPRESARIAL CONTRA YOLANDA DÍAZ POR SU «BECARIAZO»
CEOE, rectores y los ministerios de Educación y Universidades piden una moratoria porque más de un millón de alumnos no podrán acabar sus estudios
La última decisión unilateral tomada por la ministra de Trabajo Yolanda Díaz, en connivencia con los sindicatos CC OO y UGT, para aprobar en solitario el polémico Estatuto del Becario, ha abierto una nueva brecha en el Gobierno y una ruptura casi total con la comunidad universitaria y los empresarios. Por una parte, los ministerios de Educación y de Universidades mantendrán mañana reuniones internas para decidir cuál es camino a seguir, pero fuentes gubernamentales han confirmado podrían proponer a Trabajo que paralice la aprobación de esta norma por haberse elaborado «al margen de la comunidad educativa» y del tejido empresarial, y porque puede tener «graves consecuencias» sobre la continuidad de las ofertas de prácticas y sobre los planes de estudios, ya que más de un millón de alumnos se quedarían sin finalizar sus grados al no poder culminar su periodo de prácticas.
Junto a estos dos ministerios, también han mostrado su rechazo frontal la Conferencia de Rectores (Crue Universidades Españolas), la de Consejos Sociales, el Consejo de Estudiantes y la red de Fundaciones Universidad Empresa (RedFue), que han acusado a Díaz de haber presentado la ley por su cuenta, obviando «nuestra experiencia y conocimientos y sin siquiera consultarnos». La Crue se muestra muy crítica con la «injerencia» en aspectos que «solo competen al Ministerio de Universidades y a las propias entidades universitarias».
La red de Fundaciones Universidad Empresa (RedFue) estima que más de 1,15 millones de estudiantes universitarios y de formación profesional –650.000 de la Universidad y 500.000 de FP– podrían quedarse sin poder finalizar sus estudios si entrara en vigor el Estatuto del Becario al no poder realizar sus prácticas obligatorias. Esta organización advierte de que, de aprobarse esta normativa, 83 universidades y 3.823 centros de formación profesional no podrán cumplir con sus planes de estudios, por lo que consideran «un error legislar in extremis, sin consenso y sin haber escuchado a la comunidad educativa, a la que no se ha permitido formar parte del diseño de una normativa académica de carácter puramente formativo».
Asimismo, advierte también de que el 65% de las prácticas afectadas por el Estatuto del Becario se realizan en las Administraciones Públicas y no en las empresas. Será, por tanto, «una legislación inaplicable», por lo que se suma a los ministerios y demás organismos educativos y universitarios para pedir una moratoria «por la imposibilidad de ponerla en marcha
La patronal CEOE se desligó desde el principio mucho antes del acuerdo al rechazar «tanto por el fondo como por la forma». Considera que «no se puede aprobar una norma tan importante en un periodo de disolución de las Cámaras porque no concurre ni la urgencia ni la extraordinaria necesidad que son preceptivas en estos casos». En cuanto al fondo, cree que «limita tanto el número de horas e incrementa tanto la burocracia que perjudicará la formación práctica del alumnado, algo imprescindible para garantizar su empleabilidad y para tender puentes entre la formación teórica y el mundo del trabajo.
