La Comisión Europea denuncia el bloqueo de leyes importantes para prevenir la corrupción y la falta de presupuesto y personal de entes como la Autoridad Independiente de Protección al Informante
El Informe sobre el Estado de derecho en España, elaborado por la Comisión Europea, saca a relucir las promesas incumplidas de Pedro Sánchez en regeneración democrática y prevención de la corrupción. En concreto, el ente europeo apunta a ámbitos de total actualidad, como la falta de transparencia en la financiación de los partidos políticos o la necesidad de regular el sector del lobby, algo a lo que el presidente del Gobierno se comprometió ya en la anterior legislatura.
La financiación del Partido Socialista está siendo investigada en una causa secreta después de que en las diligencias del caso Koldo aflorara un trasiego de dinero en efectivo que no se correspondía con la información aportada por la formación a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. El informe de la Comisión Europea denuncia que «persisten las deficiencias en el cumplimiento de las obligaciones de transparencia relacionadas con la financiación de los partidos políticos».
Señalan que en la labor de fiscalización llevada a cabo por el Tribunal de Cuentas en 2025 se detectaron persistentes deficiencias en la accesibilidad, la visibilidad y la puntualidad de la información publicada. Insisten, además, en que se trata de «deficiencias ya notificadas anteriormente en cuanto a la financiación de las campañas, concretamente en lo que respecta a los resquicios legales en la delimitación entre la financiación ordinaria y la electoral, las donaciones de empresas en las campañas electorales, los límites de las donaciones y los requisitos de trazabilidad, así como los controles de transparencia y auditoría de la financiación de los partidos políticos».
Bruselas también reprocha a España la inexistencia de una legislación del sector del lobby, un tema que vuelve a estar en la palestra tras la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, al que se le investiga por el cobro de comisiones por parte de empresas a cambio de la concesión de ayudas públicas. Denuncia que la Ley de transparencia e integridad de las actividades de los grupos de interés sigue estancada en el Congreso de los Diputados.POR Borja Negrete
Esta norma introduce una definición amplia de los grupos de interés (lobbies) y las actividades de influencia y establece un registro público obligatorio de los mismos, así como un código de conducta para los grupos de interés y sus miembros. Europa apunta que los diputados siguen sin notificar debidamente sus reuniones con los representantes de intereses. De hecho, dos de cada tres representantes parlamentarios ocultan en sus agendas las reuniones que mantienen con empresas.
El informe también recoge que «ciudadanos, expertos y directivos de empresas perciben que el nivel de corrupción en el sector público sigue siendo relativamente elevado». En el Índice de Percepción de la Corrupción de 2025 de Transparencia Internacional, España obtuvo una puntuación de 55 sobre 100, con lo que ocupa el 17º lugar en la Unión Europea y el 49.º en todo el mundo. Como avanzó El Confidencial, es el puesto más bajo que España ha tenido nunca en este ranking. Del mismo modo, citan el Eurobarómetro especial sobre corrupción de 2026, que expone que el 92% de los españoles considera que está extendida en el país, cuando la media en la UE es del 71%.
Bloqueo legislativo en España
La Comisión Europea pone de manifiesto que el bloqueo legislativo en el que se encuentra sumido nuestro país, desde que Sánchez y Junts rompieron sus relaciones, impide poner en marcha normativas que nos demanda la Unión Europea o entes internacionales como el Consejo de Europa.
Se citan numerosos ejemplos, entre ellos el Anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública, un compromiso de Sánchez de 2025, cuando presentó el Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción tras la imputación de su mano derecha, Santos Cerdán. La Unión Europea lamenta que la ausencia de esta legislación provoca que no se hayan podido endurecer las normas sobre conflictos de intereses y las declaraciones de patrimonio de los altos cargos.
Esta norma incluye la creación de una Agencia Independiente de Integridad Pública, que debería reforzar el trabajo que lleva a cabo la Oficina de Conflictos de Intereses. «De forma global, aunque se ha presentado el Anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública y se ha adoptado el Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción, los avances en el cumplimiento de esta recomendación han sido limitados, dado que la aplicación práctica de las normas existentes no ha mejorado«, sentencia el informe.
Otro de los defectos detectados por la Comisión es que «la Autoridad Independiente de Protección del Informante (AIPI) inició su andadura con algunas limitaciones presupuestarias y de personal». Apunta que, a falta de un acuerdo en el Parlamento para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, la AIPI cubre sus necesidades operativas con un acuerdo presupuestario temporal. En estos momentos, cuenta con 23 plazas oficiales, pero solo 14 están cubiertas. La propia AIPI considera que su presupuesto y su dotación de personal son insuficientes para la carga de trabajo a la que hacen frente (más de 400 informes desde septiembre de 2025).
Las empresas y la corrupción
Entre sus denuncias también cabe destacar que «la contratación pública sigue siendo un ámbito vulnerable a los riesgos de corrupción». Bruselas expone que el estudio sobre la actitud de las empresas frente a la corrupción en la UE estima que el 40% de las empresas españolas (media del 30% en la UE) considera que la corrupción les ha impedido, en la práctica, ganar una licitación pública en los últimos tres años. La sociedad civil también señala «persistentes deficiencias sistémicas en la contratación pública en forma de riesgos que afectan a la integridad, escasa competencia efectiva, insuficiente trazabilidad y escasa reutilización de datos».
No es la primera vez que la Comisión Europea tira de las orejas al Gobierno en su Informe sobre el Estado de derecho. Hace un año, reprochó la falta de transparencia, la opacidad en publicidad institucional o que el exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, permaneciera en su puesto pese a ser imputado. Desde entonces, Pedro Sánchez acumula tres condenas contra personas de su entorno político y personal: su hermano David Sánchez, José Luis Ábalos y García Ortiz.
Fuente: La UE suspende al Gobierno por la financiación de partidos políticos y la desregulación del ‘lobby’
