LA TRAMPA DE LA DEPENDENCIA DEL SISTEMA DE INGRESOS MÍNIMOS. EL IMV Y LAS RENTAS MINIMAS DE INSERCIÓN (RMI) AUTONOMICAS

La experiencia del IMV a nivel nacional o de las ayudas ofrecidas por las CCAA es demoledora.

EL SISTEMA DE GARANTÍA DE INGRESOS MÍNIMOS

Se denomina Sistema de Garantía de Ingresos Mínimos al conjunto de prestaciones que complementan el sistema de protección social del Estado en los ámbitos de desempleo, familia, vejez e incapacidad, contribuyendo así a reducir las situaciones de riesgo y exclusión social.

Lo conforman una serie de prestaciones económicas, como son: las pensiones no contributivas (PNC), complementos a mínimos de las pensiones contributivas, el Ingreso Mínimo Vital (IMV), las prestaciones del sistema para la autonomía y atención a la dependencia (SAAD), subsidios para personas con discapacidad, prestaciones familiares por hijo a cargo, subsidios por desempleo, renta activa de inserción, etc., y los propios programas de RMI de las comunidades autónomas, entre otras.

La mayor parte de las prestaciones del sistema vienen determinadas por la legislación estatal, aunque también, en ciertos casos, como las RMI y algunas otras, por legislación autonómica, lo cual acrecienta su complejidad.

El Estado legisla y actualiza las cuantías económicas en PNC, complementos a mínimos de pensiones contributivas, las prestaciones del sistema para la autonomía y atención a la dependencia (SAAD), prestaciones de la Ley de Integración Social de los Minusválidos (LISMI), pensión del seguro obligatorio de vejez e invalidez (SOVI), Ingreso Mínimo Vital, pensiones asistenciales, prestaciones familiares por hijo a cargo, subsidio de desempleo, Renta Activa de Inserción, etc.

Las grandes cifras del sistema de garantía de ingresos mínimos en el año 2022 son: 7.539.292 perceptores/as de alguna de las prestaciones, con un gasto ejecutado de 25.287,236 millones de euros. Las RMI suponen el 6,84% del gasto ejecutado del sistema de garantía de ingresos mínimos en 2022.

RESUMEN DATOS 2022

Sobre el papel, a la izquierda le gusta vender la idea de que sus programas de “renta básica” o “ingreso mínimo” son compatibles con la adopción de incentivos que faciliten la entrada en el mercado laboral y eviten que los beneficiarios caigan en la “trampa” de la dependencia. Sin embargo, la cruda realidad nos dice que los resultados de este tipo de programas suelen ser muy diferentes. Así, lo más habitual es que estos gastos cronifiquen la pobreza y acarreen un creciente coste presupuestario que no lleva aparejada la mejora de los indicadores de bienestar.

LA EXPERIENCIA DE NAVARRA EN DATOS

La Comunidad Foral de Navarra ha sido desde hace más de una década el principal banco de pruebas para este tipo de políticas sociales, con la adopción de la llamada “Renta Garantizada”. Un informe publicado por el propio gobierno autonómico da cuenta de la tónica expansiva que suelen describir estos programas, puesto que el gasto vinculado al programa se disparó desde 2013 hasta 2019, pasando de 37,5 a 103,1 millones de euros.

Aunque el aumento del gasto en 2020 y 2021 puede resultar comprensible, debido al empobrecimiento socioeconómico derivado de las medidas de confinamiento que impusieron el gobierno nacional de Pedro Sánchez y el gabinete autonómico de María Chivite, resulta curioso comprobar que, el pasado 2023, dos años después del fin de tales restricciones, el gasto final del programa fue de 103,9 millones, por encima de los registros previos a la pandemia.

Igualmente ilustrativo es el escaso número de expedientes de extinción de la prestación por incorporación al mercado laboral. En 2023, apenas 1.683 beneficiarios dejaron de cobrar la “Renta Garantizada” por este motivo. En términos porcentuales, esto significa que solamente 8 de cada 100 beneficiarios de la ayuda se dan de baja por haberse incorporado a un puesto de trabajo.

Si la “Renta Garantizada” fuese un plan de “rescate” puntual y efectivo a la hora de lidiar con la pobreza, su cifra de beneficiarios no habría crecido y, de hecho, se habría reducido con el tiempo. Sin embargo, el número de unidades familiares que cobran dicho subsidio ha subido en la última década de menos de 8.000 a más de 16.000, mientras que el total de beneficiarios ha pasado de 18.000 a 35.000. El pago mensual medio es de 648 euros mensuales.

Parece evidente, pues, que este tipo de iniciativas contribuyen a cronificar la dependencia y no ayudan a reducir la incidencia de la miseria socioeconómica. Pese a ello, el gobierno nacional que preside Pedro Sánchez está haciendo todo lo posible para elevar el impacto de su “Ingreso Mínimo Vital”. De momento, la AIREF ha comunicado que el número de perceptores ha subido de 240.000 a 340.000 hogares entre mayo de 2020 y diciembre de 2023. El también llamado IMV contempla una horquilla de ayudas que van de algo más de 600 a un poco menos de 1.400 euros al mes.

A esto hay que sumarle el sinfín de programas de “ingreso mínimo” presentes en las distintas comunidades autónomas. Un informe oficial del gobierno español reconoce que, en 2022, estas ayudas movilizaron un total de 1.729 millones de euros, alcanzando a un total de 667.413 beneficiarios en todo el país, cifra que incluye a personas titulares de la prestación (333.335) y dependientes a cargo de dichos individuos (334.078). La cuantía media de estos programas es de 517 euros mensuales.

España marca récord en menores de edad en riesgo de pobreza

España ha cerrado 2023 con récord de menores de 18 años en riesgo de pobreza y ya es la segunda de Europa con el peor dato en este apartado, sólo por detrás de Rumanía. Según los datos publicados por Eurostat, el organismo de las estadísticas europeo el 34,5% de los menores de 18 años está en riesgo de pobreza en España. La cifra es superior a la de 2018, un 30,5% de este colectivo y superior también a lo peor de la pandemia, en 2020 y 2021.

Mejor que España están Bulgaria, Grecia e Italia, con algo más de un 27% de la población joven en riesgo de pobreza. En comparación con el año 2018, cuando Sánchez llegó al poder, la posición de España ha empeorado ya que ese año había ocho países en peor situación, siempre según los datos de Eurostat.

Sin embargo el Gobierno presume de haber aprobado medidas para «no dejar a nadie atrás» durante la crisis del coronavirus. Sánchez y sus ministros han vendido en numerosas ocasiones su escudo social, con nuevas prestaciones como el ingreso mínimo vital, entre otras.

El ingreso mínimo vital es la medida estrella del Gobierno. Puesto en marcha en el verano de 2020 pese a las diferencias entre el entonces vicepresidente Pablo Iglesias y el entonces ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, el Gobierno asegura que llega ya a más de 625.000 hogares y casi dos millones de personas, con una ayuda media de 414 euros mensuales.

El principal objetivo de este medida, según asegura el propio Gobierno, es «prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de las personas que viven solas o están integradas en una unidad de convivencia y carecen de recursos económicos básicos». Sin embargo, y a tenor de los datos de riesgo de pobreza de Eurostat, más de tres años después de que se pusiera en marcha la medida de Sánchez no ha alcanzado sus objetivos de reducir los índices de pobreza.

El Gobierno señala que el 41% de los perceptores de la ayuda del ingreso mínimo vital son menores de edad, más de 775.000. Pero estos datos no parecen tener reflejo en los porcentajes de menores en riesgo de pobreza de Eurostat, puesto que la cifra de cierre de 2023 es peor que la de 2022.

En 2022 había en España un 32,2% de los menores de 18 años en riesgo de pobreza o exclusión, porcentaje que ha aumentado hasta el 34,5% en 2023. Todo pese a que en 2023 la economía ha seguido creciendo en España, según los datos del INE otro 2,5%, y el paro bajando. Nada de esto parece haber servido para reducir el número de menores de edad en riesgo de pobreza en España.

Lo cierto es que los datos de renta per cápita de la población española coinciden con este incremento del riesgo de pobreza. La renta de los españoles es similar a la de 2019 y se distancia de la de sus socios europeos.