Resumen
Este documento analiza la percepción y conciencia de la sociedad española en 2026 sobre la sostenibilidad y los problemas futuros del sistema de pensiones.
Percepción social sobre la sostenibilidad de las pensiones
- La mayoría de la población española (68%) considera que las pensiones pronto serán un problema económico importante.
- La percepción del problema es mayor en jóvenes y adultos jóvenes, con alrededor del 75% que lo ven como una amenaza futura.
Opinión sobre quiénes serán más afectados
- La mayoría cree que los jóvenes serán los principales perjudicados por la crisis de las pensiones.
- Incluso quienes ya cobran pensión consideran que los jóvenes enfrentan peor situación económica actual y futura.
Confianza en las reformas y expectativas futuras
- El 79% desconfía de que las reformas actuales sean suficientes para garantizar las pagos futuros.
- El 93% anticipa que el sistema sufrirá más reformas antes de la jubilación, especialmente en el grupo de 31-45 años.
Actitudes hacia posibles medidas de reforma
- La mayoría rechaza aumentar la edad de jubilación hasta los 70 años y elevar los años de cotización.
- La oposición a estas medidas supera el 80% en todos los grupos, incluso en jubilados.
- La mayoría prefiere un sistema de pensiones más contributivo que distributivo, con un 58% que lo apoya.
Preocupación por la insuficiencia de la pensión
- Dos tercios de los mayores de 30 años temen que su pensión no alcance para vivir sin dificultades.
- La preocupación es mayor en mujeres mayores de 60 años, con un 45% que teme no tener suficiente ingreso.
Actitudes hacia inversiones complementarias
- El 59% de la población activa apoya hacer inversiones para complementar la pensión pública.
- La disposición aumenta en quienes tienen ingresos altos y perfiles inversores, especialmente en jóvenes (86%).
Opinión sobre la edad de jubilación y reformas
- El 67% considera que 67 años es una edad demasiado alta para jubilarse.
- La mayoría rechaza aumentar la edad de jubilación y el número de años cotizados, con rechazo superior al 70%.
Respaldo social a propuestas de reforma
- La propuesta de elevar la edad de jubilación hasta los 70 años tiene menos apoyo, con solo un 12% que la respalda.
- La mayoría no está de acuerdo con aumentar cotizaciones sociales o introducir impuestos específicos para pagar pensiones.
TEXTO
En las últimas semanas han circulado informes y declaraciones públicas que vuelven a evidenciar la discordancia de os mensajes presentes en el debate sobre las pensiones. Desde el ámbito técnico (de los expertos) se han presentado datos y argumentos que arrojan dudas y suscitan preocupación acerca de la sostenibilidad financiera de las pensiones, mientras que desde el ámbito político (más en concreto, del ministerio responsable de la Seguridad Social) se ha destacado que las perspectivas del gasto en pensiones en las próximas décadas son asumibles y, en consecuencia, no justifican la inquietud, y menos aún, la alarma1
.
Por tanto, las voces que más eco encuentran en los medios de comunicación cuando se aborda la cuestión del futuro de las pensiones siguen divididas respecto a si nos encontramos ante un escenario preocupante o no. ¿Se observa esta división de la opinión también en la sociedad? A esta pregunta permite responder la Encuesta Funcas 2026 sobre pensiones y educación financiera, realizada entre el 20 de mayo y el 5 de junio a una muestra representativa de 1.127 hombres y mujeres de nacionalidad española y de edades comprendidas entre los 18 y los 75 años.
Los datos de la muestra, en conjunto, no respaldan la existencia de una división de la opinión pública: casi siete de cada diez personas encuestadas (68 %) declaran estar “muy” o “bastante de acuerdo” con que “el pago de las pensiones se convertirá pronto en un problema importante para nuestra economía”. Ahora bien, mientras que sobre este asunto no se observan diferencias reseñables en la distribución de opiniones manifestadas por los hombres y as mujeres, sí se aprecian algunas divergencias entre los grupos de edad. La conciencia sobre el problema de las pensiones se halla muy extendida en la población que integra las categorías de “juventud” y “primera adultez” (18-30 años y 31-45 años): alrededor de tres cuartas partes piensan que las pensiones se convertirán pronto en un problema
económico importante. La proporción se reduce a dos tercios (67 %) en el grupo de quienes tienen entre 46 y 60 años, y disminuye a poco más de la mitad en el grupo de encuestados y encuestadas que ya han cumplido más de 60 años. Luego, entre los mayores, sí cabe hablar de una opinión dividida. Una división semejante también se observa en el grupo de quienes cobran una pensión de jubilación contributiva: aproximadamente la mitad de este grupo considera que las pensiones van a convertirse pronto en un problema económico, mientras que la otra mitad se manifiesta “poco” o “nada” de acuerdo con esta afirmación .
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Véanse el Estudio de evaluación de la regla de gasto de pensiones (1/2026) de la AIReF, de 29 de mayo de 2026, y la comparecencia de la ministra Elma Saiz en la Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo (sesión 12) de 15 de junio de 2026.
Cabe, pues, afirmar que el grueso de la población es consciente de que la financiación de las pensiones es problemática. Entre quienes piensan así, el grado de acuerdo también es muy alto cuando responden a la pregunta sobre a quiénes perjudica más ese problema: el 70 % señala a “los jóvenes”. Ante esa pregunta (formulada solo al grupo de encuestados y encuestadas que anticipan un problema económico), incluso quienes ya cobran una pensión de jubilación identifican mayoritariamente a los jóvenes como los principales perjudicados .
Esta opinión cobra más relieve cuando se tiene en cuenta que, según la opinión de una holgada mayoría, los trabajadores jóvenes afrontan hoy día una peor situación económica que los pensionistas. Solo una de cada cuatro personas encuestadas (25 %) responde que los trabajadores menores de 40 años disfrutan de una mejor situación económica que los pensionistas, mientras que el 56 % mantiene lo contrario. En todos los grupos en los que se ha desagregado la muestra a efectos analíticos prevalece esta última opinión . Estos datos permiten extraer tentativamente
la siguiente conclusión: a juicio de la mayoría de la población, son los jóvenes —a quienes, en general, ya se les considera peor posicionados económicamente— los que van a resultar más perjudicados por el problema económico que plantea el pago de las pensiones.
La conciencia del problema económico de las pensiones va de la mano de la desconfianza en la eficacia de “las reformas efectuadas hasta ahora”. Preguntadas las personas encuestadas no tiradas/jubiladas ni dedicadas a las labores del hogar sobre si tales reformas serán “suficientes para asegurar el pago de las pensiones” que recibirán cuando se jubilen, ocho de cada diez (79 %) responden negativamente, sin que los datos arrojen diferencias apreciables entre mujeres y hombres. El grupo de edad que muestra más desconfianza es el formado por quienes se encuentran en la fase de creación de sus hogares y familias (31-45 años), en el que nueve de cada diez opinan que las reformas no son suficientes .
Proporciones también muy abultadas aparecen cuando se pregunta al mismo grupo de personas (es decir, a las que no están jubiladas/retiradas ni declaran las tareas del hogar como principal dedicación) si creen que, antes de que se jubilen, “el sistema sufrirá más reformas”. Contesta afirmativamente un 93 %, porcentaje que aumenta algunos puntos en el grupo de 18 a 45 años. Incluso dos de cada tres personas encuestadas de 60 o más años que aún se encuentran Gráfico 2 : ¿A quiénes afecta más el problema de la financiación de las pensiones? (%)
A la luz de estos resultados, poco puede extrañar que también sean numerosas las personas de ese mismo grupo de oblación laboralmente activa que se declaran preocupadas ante la posibilidad de que, cuando se jubilen, su pensión e jubilación no “alcance para vivir sin aprietos”. A dos terceras partes de quienes superan los 30 años les preocupa mucho o bastante esta perspectiva, mientras que entre los más jóvenes (18-30 años) la preocupación, aunque ayoritaria, se encuentra algo más acotada (56 %). Quienes se reconocen más frecuentemente preocupados son las personas mayores de 60 años, en particular, las mujeres: a un 45 % de ellas les preocupa “mucho” que “su pensión no alcance para vivir sin aprietos” (porcentaje 8 puntos por encima del que exhiben los hombres del mismo grupo de
edad), y a un 20 % adicional les preocupa “bastante” .
En contra de lo que cabría pensar, los grupos que manifiestan más preocupación a este respecto no coinciden con los que ven más sentido a “hacer alguna inversión para complementar la pensión de jubilación del Estado”. Seis de ada diez personas encuestadas (no jubiladas ni retiradas) expresan una opinión favorable a estas inversiones. Sin embargo, este porcentaje (59 %) subsume frecuencias de respuesta radicalmente distintas entre grupos de edad y de renta . Así, ven más sentido a este tipo de inversiones quienes consideran que viven “bien” o “muy bien” con us ingresos mensuales (63 %) que quienes afirman vivir “regular”, “mal” o “muy mal” (47 %). El porcentaje de quienes ven sentido en esta estrategia financiera alcanza valores más altos entre quienes declaran contar con ingresos mensuales en su hogar superiores a 3.000 euros (72 %) y entre quienes cuentan con dos o más productos financieros (80 %). Esta asociación de variables sugiere que “ven sentido” a estas inversiones complementarias, sobre todo, quienes “tienen capacidad” de realizarlas y/o han desarrollado un perfil inversor. Llama, en todo caso, la atención que entre los hombres jóvenes (18–30 años), la proporción de quienes se posicionan favorablemente ante estas inversiones para complementar la pensión pública supere a la de cualquier otro grupo de edad (86 %).
Resumiendo, en el conjunto de la sociedad española prevalecen consensos que merecen el calificativo de amplios —incluso, muy amplios— sobre las dificultades que el pago de las pensiones puede ocasionar a la economía —y, en el sistema de pensiones. Sin embargo, la encuesta no ofrece indicios de esta disposición. Antes bien, lo que pone de anifiesto es la existencia de fuertes inercias sociales al mantenimiento del statu quo y de disconformidad con medidas de reforma concretas que podrían relajar la presión financiera sobre el sistema, conteniendo el crecimiento de su gasto o acopiando más recursos para sostenerlo.
Aun cuando las medidas de reforma destinadas a aumentar los ingresos del sistema encuentran en la opinión pública menos rechazo que las que implican extender la carrera laboral, el desacuerdo con unas y otras es mayoritario en odos los grupos en los que se ha desagregado la muestra. La que suscita un disgusto más generalizado es la elevación progresiva de la edad de jubilación hasta los 70 años, con porcentajes de desacuerdo superiores al 80 % en todos los grupos de análisis, incluso en el formado por las personas ya jubiladas, y que, por tanto, no se verían afectadas por este aumento de la edad de jubilación. De hecho, siete de cada diez personas encuestadas consideran la actual edad de jubilación —67 años— demasiado alta , y la mayoría de ellas (59%) confiesan que les ustaría jubilarse antes de esa edad.
Una medida con un nivel de desaprobación solo algo más bajo que la de retrasar progresivamente la edad de jubilación es la de aumentar el número de años necesarios para acceder a una pensión contributiva, hoy establecido en 15. El nivel de rechazo baja en las otras dos medidas que plantea la encuesta, si bien, en ambos casos, la proporción de contrarios es mayor que la de simpatizantes: “introducir algún impuesto específico a todos los ciudadanos para pagar las pensiones” y “aumentar las cotizaciones sociales que pagan los trabajadores y las empresas”. En definitiva, ninguna de las cuatro medidas por las que ha preguntado la encuesta reúne un respaldo social suficiente para presentarla como “opción de reforma favorita”.
Habida cuenta de que las propuestas que defiende buena parte de la comunidad de expertos en pensiones se orientan al refuerzo de la contributividad del sistema de pensiones, las respuestas a esta última pregunta ofrecen una base de respaldo social a una reforma que articule más precisamente la relación entre las prestaciones por jubilación las cotizaciones efectuadas a la Seguridad Social, reforzando así el principio de contributividad en el sistema de pensiones; una reforma cuyo éxito solo podría residir en un diseño técnico acertado, que, además de mejorar la sostenibilidad financiera de las pensiones, ofreciera a todas las generaciones la confianza de que, cuando se jubilen, van
a contar con prestaciones de la Seguridad Social justas y previsibles. Generar esa confianza exige explicar a la ciudadanía cumplidamente y de manera accesible las propuestas de reforma, poniendo al frente de su defensa a personas ue gocen de credibilidad social y que eviten la instrumentalización electoral de un asunto que —volviendo al inicio de esta nota— la sociedad española reconoce mayoritariamente como problema.
ENLACE AL ESTUDIO
Encuesta-Funcas-2026-sobre-Pensiones-y-Educacion-Financiera-op.pdf
