El régimen de pensiones públicas, en la configuración actual, no puede ser viable
El buen deseo del gobierno de turno aparece enmascarado por la discusión política permanente
El régimen público de pensiones se basa en España en el sistema de reparto, en el que se pretende garantizar la estabilidad financiera en la relación proporcional de beneficiarios y cotizantes al sistema de la Seguridad Social. Es decir, son las cotizaciones, de carácter obligatorio, de los empleados en activo y las empresas las que financian las prestaciones económicas y asistenciales existentes en cada momento. Lo que es evidente, por mucha propaganda que se vierta en contra, es la insuficiencia de dicho sistema de reparto. Con dichas cotizaciones se forma un fondo para atender al pago de las pensiones.
En ocasiones el buen deseo del gobierno de turno aparece enmascarado por la discusión política permanente, lo que supone cambios políticos continuos, lo que constituye un mal endémico en el sistema, creando inseguridad jurídica, pues en ocasiones no hay tiempo para una reforma legislativa produzca sus efectos financieros que se esperaban de ella.
Hay dos principios básicos que se olvidan con facilidad que son la ostensible disminución de la natalidad española y el progresivo envejecimiento de la población. Ello significa, entre otras cosas, una disminución notoria de la población laboral, que, si bien en la actualidad se cifra en unos 2 cotizantes por cada pensionista, en el año 2040 (faltan sólo 18 años), será de 1 cotizantes, y si ello se produce, será completamente imposible poder atender al régimen de pensiones. En el mismo sentido, el envejecimiento progresivo de la población hará que el conjunto de personas con edad superior a la de jubilación sea cada año más numeroso constituyendo una carga presupuestaria imposible de atender.
¿De dónde saldrán los recursos necesarios para ello? La solución típica española es acudir a la subida de impuestos, que no solucionará el problema, sino que lo agravará, por afectar gravemente a la economía en general.
La configuración del denominado Estado del Bienestar debe tener ciertos límites, así como la variante del mismo conocida con la denominación de Estado Asegurador, al que le será imposible mantener el importe general de las pensiones públicas, ante la posible quiebra del actual sistema de Seguridad Social. En los PGE 2022 se aprobó una partida presupuestaria por importe de 171.139.653,11 millones de euros en concepto de pensiones. ¿Se puede aprobar dichos Presupuestos sin que afecte directamente al contexto general presupuestario del Estado? Si a lo anterior añadimos que el Fondo de Reserva, se nutre especialmente de continuas transferencias archimillonarias del Estado, que nunca son suficientes?. Lo cierto es que fácilmente se puede llegar a la conclusión de que el régimen de pensiones públicas, en la configuración actual, no puede ser viable financieramente.
EN 2023 : 11 MILLONES DE PENSIONISTAS
El Gobierno no ha hecho caso del contenido de numerosos informes oficiales, entre ellos los procedentes del Banco de España, de la OCDE y también de la Unión Europea, en el sentido de que era apremiante la introducción de mejoras que restableciesen el equilibrio entre ingresos y gastos del sistema.
Según el INE, entre los años 2022 y 2023 habrá en España 11 millones de pensionistas, a los que habrá que atender para garantizarles el poder adquisitivo de las pensiones que reciban. Para terminar de presentar un panorama futuro bien oscuro, sólo nos quedaría apuntar un comentario del FMI, que ha mostrado su preocupación por la sostenibilidad del sistema público de pensiones, al tiempo que apremia al Gobierno español a reformar dicho sistema para garantizar su estabilidad financiera.
La tímida reforma para incrementar los ingresos del sistema que se ha introducido, a través del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), de un incremento temporal de cotizaciones sociales del 0’6%, de las que el 0’5% será a cargo de las empresas y el 0’1 será imputable al trabajador o empleado, es ridículamente insuficiente, pues con dicho incremento apenas se podrá cubrir un 2’8% del PIB, es decir, unos 2.800 millones de euros, que apenas permitirá cubrir una semana de pago de las pensiones, que en nuestros días ya supera el gasto de 10.700 millones mensuales.
Una economía general debilitada por crisis económicas y especialmente por la epidemia de Covid-19, durante la cual desaparecieron 80.000 empresas, es muy difícil o imposible que pueda soportar dicho gasto durante algún tiempo. El déficit de la Seguridad Social cifrado en los últimos diez años en 150.000 millones de euros, no hace más que avalar lo que se ha expuesto anteriormente.
LA SOLUCIÓN DE SIEMPRE: LOS IMPUESTOS
Otra grave consideración que limitará cualquier reforma especulativa sobre las pensiones, es la urgentísima necesidad de reducir la deuda pública, que aumenta de forma escandalosa cada mes. No hay que olvidar que, en toda reforma de las pensiones, el objetivo prioritario es asegurar la sostenibilidad de dicho sistema, garantizando su autofinanciación y asegurando la capacidad adquisitiva de los pensionistas. Ello no es posible, con un nivel de deuda pública incontrolable, que aumentó en 81.000 millones en 2021 para alcanzar un límite máximo e histórico de 1.428 billones de euros, así como una tasa de paro del 14% en la actualidad y una inflación promedio superior al 5% para este año.
La solución que el Gobierno pretende aplicar como medicina salvadora es la subida de impuestos, lo que contribuirá todavía más a hundir cualquier previsión y reforma de estabilidad. Es un axioma en cualquiera reforma llevada a cabo por el Gobierno de turno, que no vaya precedida de la adecuada reforma fiscal del importe de aquellas, está condenada al fracaso. Los tributos no pueden solucionarlo todo, máxime, cuando la economía no podrá crecer al ritmo esperado por el Gobierno. Una economía tan débil y afectada como la española, no precisa de una subida de impuestos al ser una medida política que no la salvará, sino todo lo contrario, la lastrará.
Todo ello nos lleva a la conclusión de que el actual sistema o régimen jurídico de pensiones públicas, no puede autofinanciarse y es imposible que se pueda mantener el poder adquisitivo de los pensionistas, por más propaganda y buenos deseos gubernamentales. Si no se reduce la velocidad de crecimiento de la deuda pública (que aumentó en 80.000 millones sólo en el año 2021), la reforma de ese régimen público de pensiones estará condenada al fracaso.
Además, debido al déficit público, a la existencia de una deuda pública insoportable, se aprecia una tendencia a la baja en el importe de las cuantías de las pensiones, como se ha demostrado muy recientemente, pues la Seguridad Social aumenta en un 2’5% el importe de las pensiones contributivas, pero luego la Hacienda Pública sube el porcentaje aplicable a las mismas con su reducción correspondiente.
Hoy por hoy, en España la Hacienda Pública considera que la cuantía de una su pensión es un rendimiento o renta del trabajo (“un salario diferido”) a efectos de su debida fiscalización en el IRPF. Conviene recordar que un pensionista no es un trabajador, un empleado, un funcionario en servicio activo y que no obtiene rendimientos ni rentas, sino simplemente una pensión fruto de sus cotizaciones cuando se encontraba en activo. ¿Cómo es posible que se le apliquen los mismos porcentajes del IRPF como si fuese un trabajador en servicio activo? ¿Cómo se puede afirmar que, en la reciente reforma de pensiones, se garantiza el poder adquisitivo del pensionista, cuando en virtud del IRPF su cuantía disminuye al aplicar sus porcentajes correspondientes? No es admisible que para el año 2022 el importe de las pensiones contributivas tenga un incremento del 2’5%, si luego el porcentaje aplicable a dicho importe en el IRPF absorbe el incremento aplicado a las pensiones.
