LA SEMANA “HORRIBILIS” DE UN PEDRO SÁNCHEZ NOQUEADO EUROPA LE ATA “EN CORTO” EN LO POLÍTICO Y EN LO ECONÓMICO

CRÓNICA DEL VIAJE DE SÁNCHEZ A LAS PUERTAS DEL INFIERNO

Hubo un día en el que el actual presidente del Gobierno elevó a la categoría de amenaza principal de la democracia española todo lo que, a partir de los indultos, ha ido deshaciendo, paso a paso, hasta llegar a una meta que ya roza con los dedos pero que, viendo la respuesta de la Justicia y de Europa, ya no tiene garantizada.

 

Cuando los CDR desataron una especie de Intifada en las calles de Barcelona, Pedro Sánchez acudió a visitar a los policías nacionales lapidados a pedradas y dejó claro que aquello era terrorismo con una solemne declaración institucional un 16 de octubre de 2019: «En nombre de toda la sociedad española deseo trasladarles el reconocimiento y la gratitud por su indispensable labor en la defensa de la legalidad constitucional y también igualitaria en Cataluña».

 

Ese mismo año, en una entrevista con el periodista Juan Pedro Valentín en Telecinco, aumentaba la calificación de terrorismo al señalar como cómplices, inductores o legitimadores de los grupos violentos a los partidos políticos separatistas: «Por supuesto que me preocupa y, de hecho, lo que más me preocupa es la banalización que se hace por parte de algunos actores políticos del concepto de terrorismo».

 

Sánchez hablaba así, e incluso calificaba al sucesor del prófugo Puigdemont, Quim Torra, como «Le Pen de la política española», pese a que en realidad ya había iniciado el camino de su rendición en 2018, al presentar una moción de censura que solo podía prosperar gracias a quienes, casi cinco años después, le tienen literalmente secuestrado y le cobran, paso a paso, el mayor «impuesto revolucionario» nunca visto ni abonado por un presidente democrático.

Una amnistía total, que a diferencia de la de 1977, reclamada sobre todo por la izquierda para sacar de prisión a los presos del franquismo y sumarse a la Transición, servirá para redoblar el proyecto separatista. Y para intentar borrar los episodios de terrorismo y las conexiones con Putin, pese a que Europa ha puesto ya los ojos sobre Sánchez y la Comisión de Venecia fiscaliza la salud del Estado de derecho en España.

 

El caso más clamoroso tal vez, por la contundencia de la postura del Gobierno y la jerarquía del documento donde la registró, aparece en los expedientes de los indultos a nueve condenados por secesión.  Se trata de un largo documento de 515 páginas, más anexos, redactado en su parte principal por el entonces ministro de Justicia y hoy magistrado del Tribunal Constitucional, Juan Carlos Campo, asumido como algo suyo por el propio Pedro Sánchez y el resto del Gobierno. «A diferencia de la amnistía que se reclama desde algunos sectores independentistas, el indulto no hace desaparecer el delito», decía Campo en la página 120, punto 34, del primer gran posicionamiento del Gobierno para rechazar lo que ahora impulsa.

 

Y si ello sirvió para perdonar a los reos las condenas impuestas por el Tribunal Supremo, también valió para rechazar frontalmente una Ley de Amnistía que hoy está a punto de invertir los términos y será España quien, de algún modo, tenga que pedir disculpas a los rebeldes y concederles buena parte de las exigencias que los llevaron a delinquir.

 

«El ejercicio del derecho de gracia (…) establece que no podrán autorizarse indultos generales. La Constitución ha querido, por tanto, que los únicos indultos que pueda conceder el Gobierno sean de carácter singular o particular, a personas concretas individuales, no a un colectivo genérico». La frase es literal de Campo, aparece en el mismo expediente, en el punto once de su página cien, y fue firmado un 22 de junio de 2021.

 

Los expedientes de los indultos no fueron solo una manera de sacar de prisión a los procesados sino también la primera prueba de todo lo que Sánchez está malversando ahora, a golpe de reformas de dudosa legalidad, amparándose en letrados del Congreso elegidos con el rechazo de sus compañeros y la colonización del Constitucional con Conde Pumpido y sus fieles.

 

Así, nadie demuestra mejor que el propio Gobierno hasta dónde llega el chantaje de Puigdemont y hasta qué punto se acepta. Y si la amnistía quedó desmontada por Sánchez como forma para tratar de justificar los indultos, el resto de las acusaciones, sospechas y presuntos delitos cometidos o ideados por el separatismo que ahora se quieren borrar también tuvieron también en el Gobierno, uno de sus principales denunciantes.

 

Lo que ahora no es ya terrorismo sí lo era en la estrategia oficial del Departamento de Seguridad Nacional, firmada en persona por Pedro Sánchez, que en una de sus notas de trabajo consignada un 27 de octubre de 2019 dice literalmente lo siguiente para referirse a la violencia en Cataluña: «(…) Se han llevado a cabo sabotajes en la vía férrea (…) y Figueres se mantiene interrumpida al colisionar uno de los trenes (…) con un tronco, de los tres previamente talados y colocados sobre la vía. Este tipo de acciones se corresponde con la estrategia del independentismo violento, que quiere cortar las vías de ferrocarril y las carreteras. Sabotajes de este tipo pueden provocar accidentes de graves consecuencias».

 

Pero hubo más, hasta en dos ocasiones el propio Sánchez presidió el llamado «Comité de Coordinación sobre Cataluña», una figura reservada para las grandes amenazas a la seguridad nacional en la que estaban presentes también la vicepresidenta, entonces Carmen Calvo, y los titulares de Interior, Exteriores, Defensa, Justicia y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), entre otros. «Estas células solo se crean ante crisis que afecten a la seguridad nacional», ratifican, rememorando aquellos días de 2019 en los que se llegó a temer la ocupación del aeropuerto de Barcelona y la suspensión del tráfico aéreo, una acción definitoria del terrorismo clásico.

 

Son ejemplos de cómo el rechazo a la amnistía o la denuncia del terrorismo eran algo más que posiciones públicas efímeras de Sánchez: formaban parte de la ingeniería jurídica con la que, para aprobar medidas de gracia puntuales, desmontaban a la vez la impunidad total del procés y quería zanjar de paso concesiones que hoy se negocian en Suiza.

 

Y modelaban la mismísima hoja de ruta de la defensa nacional, muy pendiente de la violencia en Cataluña y, también, de la desestabilización internacional de agentes externos como Rusia que el Gobierno también ningunea ahora para contentar a Puigdemont, mientras el Parlamento Europeo le exige que investigue y deje trabajar a los jueces: «La presente estrategia (…) entendida como la acción del Estado dirigida a proteger la libertad, los derechos y el bienestar de los ciudadanos, a garantizar la defensa de España y sus principios y valores constitucionales». Son palabras del puño y letra de Sánchez, anexas a la Estrategia de Seguridad Nacional de 2021 que también señalaba la contención de las amenazas «híbridas» como una prioridad.

 

Es decir, de las injerencias de países como Rusia en las democracias occidentales, justo lo que investiga un juez de Barcelona entre desprecios del independentismo y ataques del mismo Gobierno que lo consideraba antes un peligro real y preferente. El terrorismo, la sombra de Putin o la independencia han desaparecido del discurso de un Gobierno que, a la vez, toma decisiones a contrarreloj para desmontar, perseguir o anular a quienes mantienen esas acusaciones y sospechas e intentan que el Estado de derecho no decline.

 

Hubo un día en que Sánchez coincidió con ellos, pero ahora el presidente del Gobierno es el primer abogado defensor de una causa que, no hace tanto, consideraba el mayor peligro para España. La cruel paradoja de Sánchez es que, mientras él acepta negociar en Ginebra con Puigdemont y un relator internacional el desmembramiento del Estado de derecho; Bruselas intermedia por España de manera oficial para cuidarlo.

 

 

EUROPA ATA “ENCORTO” SUS TROPELÍAS CONTRA EL ESTADO DE DERECHO

No ha sido una buena semana para Pedro Sánchez y el presidente del Gobierno comienza a torcer el gesto. La ley de amnistía, que iba a ser su salvoconducto para permanecer en Moncloa, no está ni mucho menos asegurada. El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, que investiga a Carles Puigdemont por terrorismo, recibió el lunes el respaldo de la Junta de Fiscales del Supremo, que también ve indicios suficientes para seguir la pista al expresidente catalán por ese delito. Pese a todo, el Gobierno avisa de manera indirecta al togado de que el criterio final que adopte la Fiscalía dependerá, en última instancia, del fiscal general, Álvaro García Ortiz, afín al Ejecutivo. Pero ese no ha sido el único golpe.

 

El jueves, el Parlamento Europeo denunció en una resolución las supuestas injerencias rusas durante el procés. Los eurodiputados apuntaron directamente a los contactos del expresidente de la Generalitat y actual eurodiputado de Junts con exespías rusos en 2017 y reclamaron una investigación interna de la Eurocámara y también pidieron que las autoridades españolas investiguen las conexiones del separatismo catalán con el Kremlin. Cabe recordar que el juez Joaquín Aguirre, del juzgado número 1 de Barcelona, ya abrió la puerta para hacerlo. Lo cierto es que Carles Puigdemont se haya convertido en Bruselas en un apestado sospechoso de confabular con Vladímir Putin para desestabilizar la Unión Europea es un serio problema político para Pedro Sánchez.

 

En primer lugar, porque si el presidente sucumbe a las exigencias de Junts para salvar a Puigdemont y borra todo el terrorismo y la traición, la ley no pasará, según el propio Gobierno, el filtro del Tribunal Constitucional y el de Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Pero lo peor es que los aliados europeos verán al presidente del Gobierno como cómplice de un político peligroso. Y si Sánchez no sucumbe no tiene asegurada la ley de amnistía y, por tanto, la legislatura.

 

El presidente afronta un gran dilema. Y Moncloa ya emite mensajes. La última oferta de Gobierno, el retoque de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, tiene todas las de no salir. Fuentes del Ejecutivo admiten que el cambio en la LECrim es “complicado”, porque debe moverse en un “equilibrio” difícil entre que los operadores jurídicos tengan tiempo para investigar y que esto no suponga arbitrio alguno para tener abierta una causa sine die pues una cosa es que fiscales y jueces se tomen el tiempo necesario para desarrollar investigaciones complejas y otra cosa es que los procesos se alarguen y una persona no tenga derecho a una defensa efectiva porque se lleve dentro de un proceso penal quince años.

 

Pero Sánchez, resume el núcleo duro del presidente, seguirá en Moncloa, donde ya se vislumbra incluso seguir la legislatura sin el apoyo de Junts. Para empezar, los presupuestos, que ya están prorrogados, pueden seguir así durante todo este año. “Técnicamente, no tiene ningún problema trabajar en prórroga [presupuestaria]”, explican fuentes de Moncloa.

 

El Gobierno es consciente de que, obviamente, no puede controlar a los jueces e intenta trasladárselo a Puigdemont. El Estado de derecho no puede vulnerarse. Pero en Waterloo creen que el PSOE ha intentado colarles un gol, porque consideran que sabían el hueco que se abría en la ley si se reabría la supuesta trama rusa del procés, y Puigdemont no va a alumbrar, en modo alguno, una amnistía que le pueda llevar a la cárcel. Él, además, no quiere indulto; quiere la medida de gracia para pisar Cataluña después de casi siete años y emular al también expresidente catalán Josep Tarradellas.

 

El Gobierno se encuentra en una encrucijada. Al cerebro jurídico de la amnistía, el ministro Bolaños le toca tirar de ingeniería legislativa una vez más. Por el momento, las únicas pistas que lanza es que la ley “entró impecable y constitucional y así saldrá”.

 

 

LA RECUPERACIÓN DE LAS REGLAS FISCALES DE LA UE EXIGIRÁN AJUSTES DE GASTO PÚBLICO A SÁNCHEZ EN 2025

El acuerdo obligará a España a presentar un plan de consolidación fiscal que no ha enviado aún a Bruselas

 

Este sábado de madrugada, el Parlamento Europeo y el Consejo han alcanzado definitivamente un acuerdo por el cual se restablecen en la Unión Europea las reglas fiscales suspendidas durante la covid y la crisis de Ucrania, para contener, entre otras exigencias, el déficit público de los países miembros a partir de 2025. Un déficit que queda establecido por debajo del 3%, y que al tiempo es un hito que el Gobierno de Pedro Sánchez ya ha dicho que está en condiciones de alcanzar incluso este año, aunque instituciones como Fedea lo cuestionan.

 

Aunque la recuperación de las reglas fiscales no será efectiva hasta 2025, la aprobación de las mismas traerá ajustes de gasto público que finalmente acabarán afectando a los Presupuestos Generales de España del próximo año. Antes, en abril, la Comisión emitirá sus recomendaciones a los Estados miembros, y nuestro país es de los que más deuda y más déficit tiene entre las principales economías europeas.

 

Fuentes comunitarias así lo anticipaban señalando una buena noticia en pro de la consolidación fiscal que busca la Unión, subrayando unas reglas que tienen mayor flexibilidad que las anteriores, pero que al tiempo pedirán mayor responsabilidad a los países, y también mayor presencia y predicamento de las recomendaciones de las autoridades fiscales independientes.

 

Los cambios vienen determinados de esta manera. Las reglas serán más personalizadas por país, persiguiendo una deuda pública por debajo del 60%. Las reglas anteriores obligaban a una reducción del 5% al año, del exceso de ese 60% y, no tenían en cuenta el punto de partida de los países. Ahora, en el caso de España, podrá reducir anualmente un 2,5%, con una deuda del 110%, frente al 0,25% de Alemania, que tiene una deuda del 65%.

 

Estas reglas serán también más flexibles y están diseñadas –explican fuentes comunitarias consultadas– con una trayectoria anual personalizada para obtener unas cuentas públicas saneadas, una deuda pública sostenible, un déficit que caiga por debajo del 3% hasta alcanzar un objetivo del 1,5%, así como acometer reformas e inversiones.

 

Ahí es donde toma fuerza la necesidad de aplicar políticas anticíclicas que procuren ahorrar en los buenos momentos y gastar en los malos. Antes los planes fiscales eran anuales y menos flexibles.

 

Además, las nuevas reglas llevan consigo actuaciones sobre la inversión, siempre que se aborden las reformas de calado necesarias en materias como la transición verde, la digital y la reducción de la dependencia energética, entre otros puntos.

 

Tras unas intensas negociaciones, el Parlamento Europeo y el Consejo han llegado hoy a un acuerdo para restablecer las reglas fiscales que los Estados deben cumplir a la hora de fijar sus políticas de gasto público, es decir, a la hora de elaborar sus Presupuestos nacionales.

 

Para financiar el déficit entre ingresos y gastos los países piden dinero a los mercados, y por eso tienen deuda. Una cosa es que un país puede tener déficit, un año, de manera puntual, pero no debe pasar todos los años, porque eso es lo que se conoce déficit estructural. Además, la deuda debe ser sostenible, tiene que ser factible de devolver, porque si no, los mercados no van a financiar más.

 

Las nuevas reglas fiscales marcan un margen de déficit estructural del 1,5% del PIB por debajo del 3% en el brazo preventivo y, con una velocidad de ajuste del déficit estructural primario para estos países del 0,4% del PIB al año, que podrá reducirse al 0,25% en caso de extensión de 4 a 7 años.

 

Las reglas también contemplan un régimen transitorio hasta 2027 que suaviza el impacto de la subida de la carga de intereses, protegiendo la capacidad de inversión.

 

Fuentes:

El Debate El largo viaje al infierno de Sánchez hasta rendirse incondicionalmente ante Puigdemont (eldebate.com)

Vozpopuli Bruselas noquea a Pedro Sánchez y pone la legislatura al borde del abismo (vozpopuli.com)

The objetive: La UE aprueba las reglas que exigirán ajustes de gasto público a Sánchez en 2025 (theobjective.com)

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