La subida de las bases de cotización y el efecto arrastre del salario mínimo, entre las causas de que el Estado ingrese más por los sueldos
La Seguridad Social se lleva un 7% más de cada salario que en 2019, es decir, el Estado recauda más proporcionalmente en cotizaciones de las empresas por los asalariados que en el último trimestre antes de la pandemia.
El coste laboral total ha crecido un 4,25% desde el cuarto trimestre de 2019 hasta el segundo trimestre de 2022, mientras que el coste salarial lo ha hecho un 3,81%. De este modo, la Seguridad Social neta -descontadas las subvenciones- ha aumentando un 7% en ese periodo.
Como explican a este diario economistas expertos en la materia, del incremento del coste laboral ahora el 36,8% va a la caja de la Seguridad Social, frente al 22,11% de 2019. Por ello, concluyen, la proporción del coste laboral que va al bolsillo del trabajador ha disminuido.
Alza de las bases
En este efecto estadístico influye, según el economista Javier Santacruz, una combinación de efectos de subida de la exacción de la Seguridad Social. «Las subidas del salario mínimo han supuesto alzas de las bases de cotización». Remacha Santacruz que en 2021 y 2022 las bases sobre las que giran las cuotas han subido por encima de los salarios medios, lo cual hace que por el mismo salario se pague más cotización.
El profesor del Centro de Estudios Financieros (CEF) Juan Fernando Robles explica que el dato es palmario. La Seguridad Social recibe más por cada trabajador, ya que no va acompasada el alza del 4,25% de los costes laborales (la remuneración bruta del trabajador) con la del 3,81% del salario percibido por el asalariado. La diferencia es la Seguridad Social neta -cuotas menos subvenciones- y su alza, salvo alteraciones flagrantes en la productividad, demuestra que el Estado ingresa más dinero por los sueldos de los asalariados.
No en vano, la base mínima de cotización a la Seguridad Social en 2022 para trabajadores del régimen general ha quedado fijada en 1.166,7 euros, un 3,6% más que en 2021, cuyo importe ascendía a 1.125,90, que es el que se venía aplicando desde inicio de año hasta marzo. Y la base máxima de cotización, de 4.139,4 euros mensuales, subió un 1,7% desde el 1 de enero.
Ello deriva de que una cosa es el salario que el trabajador devenga y otra la base por la que cotiza. Es decir, que por un trabajador que cobre 60.000 euros brutos al año, que está ahora en base máxima de 49.672,8 euros, aunque su sueldo no haya variado, el empresario paga más a la Seguridad Social, al girar los tipos sobre una cantidad un 1,7% mayor que el año anterior (48.842,49).
Efecto arrastre del salario mínimo
Por otra parte, como ha venido desvelando este periódico, la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) produce un efecto arrastre en las nóminas de la empresa que también granjea más ingresos a las arcas públicas. El escalafón de sueldos hace que las empresas revisen al alza algunas retribuciones generando un efecto adicional al alza sobre las cotizaciones.
De ahí que, según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, los ingresos por cotizaciones a la Seguridad Social hayan crecido un 8,6%, hasta los 80.762 millones de euros, marcando un nuevo máximo histórico que no sólo viene granjeado por la mejora de la ocupación sino por alzas en la recaudación efectiva sobre las nóminas.
Según los cálculos estadísticos, pues, en 2019 la estructura de reparto era que el coste salarial suponía el 75,32% del coste laboral, frente al 75% actual: llegaba al bolsillo del trabajador más cantidad de su remuneración bruta. De ello deriva que la Seguridad Social neta -cuota a pagar menos subvenciones- abonada por la empresa pase de representar el 22,11% en el cuarto trimestre de 2019 al 22,7% actual.
Subida de 0,6 puntos para apuntalar pensiones
Esta diferencia se ensanchará, avisan los expertos, cuando entre en vigor la subida de 0,6 puntos en las cotizaciones arbitrada por el Departamento que encabeza José Luis Escrivá para apuntalar por la vía de los ingresos el sobrecoste de las pensiones de las generación del baby-boom, cuyo retiro masivo comienza a partir del próximo año.
Esa subida entrará en vigor en 2023, por un periodo de 10 años, aunque es susceptible aún de sufrir alguna modificación durante la confección de la segunda pata de la reforma de las pensiones o en caso de que desde Bruselas se haga alguna objeción al mecanismo en función de las proyecciones de ingresos y gastos que depare el conjunto de la reforma, que examinará la Comisión Europea a las puertas del verano del año próximo.
Fuente: The objetive
