Escrivá prioriza el consenso en la reforma de pensiones, a pesar de las prisas de Bruselas
El ministerio convocará de nuevo a sindicatos y patronal para buscar un acuerdo de mínimos
La Comisión Europea presiona para que Moncloa apruebe la norma cuanto antes
La segunda parte de la reforma se estancó con la negociación del periodo de cálculo
El ministro de la Seguridad Social tratará de forzar la maquinaria para aprobar la segunda parte de la reforma de las pensiones con el aval de los agentes sociales. El propio José Luis Escrivá adelantó la pasada semana que “estamos muy cerca de poder cerrar el proceso”, tras su reunión con el comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni. Sin embargo, su ministerio no ha convocado ningún encuentro con los agentes sociales, a pesar de que fuentes del Gobierno aseguran que “su intención es sacar la reforma con consenso”. La misión es complicada. Sobre Moncloa pende la presión de Bruselas, que exige anunciar la medida en uno de los próximos Consejos de Ministros. De momento, el texto, el único hito del Plan de Recuperación que no ha conseguido impulsar a tiempo el Ejecutivo, sigue abierto.
La negociación de su contenido ha sufrido varios altibajos desde el inicio de 2023. El complejo momento por el que pasan las relaciones del Gobierno con sindicatos y sobre todo patronal, ha provocado varios parones en el desarrollo de los trabajos.
El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, lamentó la lentitud del ministro en impulsar las reuniones. Algo más complicado se adivina la relación con los empresarios, muy afectada por los constantes desencuentros protagonizados durante las últimas semanas. La comunicación se debilitó aun más desde la aprobación de la subida del SMI. La medida, acordada sin el visto bueno de la CEOE, disparó la tensión con la patronal. Desde entonces, su presidente, Antonio Garamendi, no ha dejado de cruzar reproches con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Desde la CEOE confirman que tampoco cuentan con convocatorias a la vista “de momento”.
Fuentes sindicales confirmaron la ausencia de próximas convocatorias por parte de Seguridad Social, que deberá elegir entre aprobar la medida por libre y sin el aval de la mesa de negociación, o impulsar una sesión exprés de trabajo que consolide al menos un acuerdo de mínimos. La idea inicial de Moncloa era aprobar el texto antes del final de 2022, para su entrada en vigor el pasado 1 de enero. Aun así, el equipo del ministro tratará de priorizar el acuerdo a los plazos exigidos.
El titular de la Seguridad Social no sólo debe acordar con los agentes sociales el contenido del texto, sino que debe buscar el consenso con sus socios de coalición. La brecha que separa a PSOE y Unidas Podemos ya frenó el avance de la reforma el pasado mes de enero. Desde entonces, el grupo parlamentario no ha dejado de criticar la falta de vocación de diálogo del departamento de Seguridad Social, especialmente en aspectos clave como el periodo de cálculo. En su propuesta inicial, Escrivá pretende elevarlo desde los 25 años actuales, a los 30, con la posibilidad de eliminar del cómputo los 24 meses más lesivos para la cotización del trabajador. La propuesta no convence en ninguno de los lados de la mesa. Los empresarios apuestan por elevar la edad de jubilación como única solución para garantizar la sostenibilidad del sistema. Sindicatos y Unidas Podemos rechazan que la fórmula elegida por Escrivá, que terminaría por ampliar hasta los 28 años el periodo de cálculo, tras eliminar los dos más dañinos de la carrera.
Todo ello, mientras la Comisión Europea sigue de cerca su desarrollo. Bruselas avisó al Ejecutivo de que sancionará a España si no cierra cuanto antes el documento que debe garantizar la sostenibilidad del sistema. La amenaza pone en jaque el desembolso de los 10.000 millones de euros procedentes del cuarto tramo de los fondos europeos. Sin embargo, tras su visita, la líder de la misión de control de los Next Generation del Parlamento Europeo, Monika Hehlmeier, descartó que el Ejecutivo comunitario terminase por “contar el grifo” de la financiación por este motivo. La alemana aseguro que el ministro les había expresado su compromiso en impulsar la norma en el menor tiempo posible.
Escrivá deberá recurrir al real decreto para aprobar la reforma de pensiones
La reforma de pensiones acumula más de dos meses de retraso y varios bloqueos y eso tendrá consecuencias. El ministro José Luis Escrivá negocia aún a tres bandas el desbloqueo de los últimos retoques de la legislatura. Desde la Comisión Europea han levantado la mano con cierto margen para que Seguridad Social llegue a un acuerdo por unas medidas impopulares entre los agentes sociales y los grupos políticos, especialmente la ampliación del periodo de cómputo. Ante la amenaza que lanza Bruselas de suspender parte o la totalidad del pago de 10.000 millones de fondos europeos y los plazos incumplidos, Escrivá se encuentra ya abocado a recurrir a la fórmula del real decreto para aprobar la reforma de pensiones por la vía rápida, antes de Semana Santa. Si no fuera así, resultaría ya imposible que el ministro cumpla sus propios tiempos.
La reforma debería haber estado lista durante la segunda parte de 2022 según lo acordado en el Plan de Recuperación con la Comisión. Escrivá visitó en secreto Bruselas a finales de enero y una vez más, esta vez de forma oficial, en febrero. La visita de la misión de los Europarlamentarios para vigilar el despliegue de la financiación pública europea coincidió con la publicación de las bases para suspender parcial o totalmente un pago.
El próximo desembolso que recibiría España, de 10.000 millones, queda sujeto a varios hitos de pensiones: la ampliación del límite máximo de cotizaciones y de pensiones, la modificación del periodo de cómputo para calcular la pensión, el despliegue del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI, que sube 0,6 puntos las cotizaciones), además de un informe cuyas proyecciones avalen la sostenibilidad del sistema bajo estas modificaciones.
Así, el calendario pactado con Europa acota las posibilidades del ministro Escrivá, cuando además el año electoral limita las posibilidades. La única vía por la que podría tener luz verde en esta enquistada reforma es a través del real decreto-ley, alegando la existencia de motivos justificados, es decir, los plazos y la financiación que hay en juego.
Lo cierto es que ya no hay tiempo para tramitar la reforma como ley ordinaria. De esta forma, Escrivá se saltaría la fase de ponencias, la Comisión y plenos en ambas cámaras, además de la tramitación de enmiendas de los grupos parlamentarios que enriquecería el cambio legislativo, apunta el abogado. Obviando formalidades de Consejo de Estado, Consejo Económico y Social, consultas, etc, el Real Decreto Ley se aprueba en sesión del Consejo de Ministros y entra en vigor al publicarse a continuación en el BOE. El reto que tiene Escrivá es el de amarrar el apoyo necesario entre los grupos políticos para convalidar en el Congreso la reforma, donde el terreno es más inestable dadas las medidas planteadas: hay un plazo de un mes para que sea convalidado por el Congreso únicamente, que debe dar un sí o no al texto íntegro aprobado por el Gobierno. Si no se convalida por el Congreso, el Real Decreto-Ley pierde su vigor.
Sobre la presión de Bruselas, el ministro lanzó un mensaje de optimismo al “descartar” que la Comisión Europea esté trasladando más celeridad a España. “No hay ninguna inquietud. Estamos cerrando una reforma compleja, que es el cierre, que tiene muchas aristas y muchos elementos. Los estamos mirando cuidadosamente uno por uno para que todo esté al final perfectamente encajado y yo creo que nos estamos tomando el tiempo necesario, que en todo caso será muy poco” . Escrivá hizo hincapié sobre el calendario comprometido en el Plan de Recuperación para tener lista la segunda parte de la reforma de pensiones (31 de diciembre de 2022) era “indicativa” e insistió en que la Comisión Europea “no está pidiendo premura” a España. “Al contrario, ellos están verdaderamente interesados en que nos tomemos el tiempo necesario para que esté todo perfectamente afinado”, señaló.
Eso sí, el ministro reconoció que, de alguna forma, el límite temporal a esta reforma sería el momento en el que España fuera examinada de los hitos y objetivos del Plan para recibir el cuarto desembolso de los fondos europeos, algo para lo que, según Escrivá, hay todavía “cierto margen”. En todo caso, declaró que está “particularmente interesado en hacer esta reforma de manera inminente”, unas intenciones reiteradas.
La Seguridad Social viene defendiendo que el impacto de ampliar los años observados para el cálculo de la pensión a 30 años, descartando los dos ejercicios más lesivos, sería prácticamente neutral a falta de incorporar mejoras en las lagunas de cotización de los trabajadores con etapas sin empleo.
El clímax de esta segunda parte de la reforma de pensiones se dará una vez Escrivá elabore un informe que recoja las proyecciones económicas, demográficas y, esencialmente, de ingresos y gastos en pensiones que justifiquen el valor de la reforma como contrapunto a ese incremento del gasto. La Comisión Europea tendrá que valorar, informe en mano, si el plan Escrivá es suficiente para cubrir la sostenibilidad del sistema.
