El reloj sigue avanzando de forma inexorable y el acuerdo para rubricar la «reforma laboral más ambiciosa de la democracia» , como la ha definido la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, se resiste, aunque en realidad “da igual” pues no cambiará lo que de verdad es necesario más allá de postureo ante los espectadores. Todavía no se conoce el texto definitivo, pero todo apunta a que lo que preparan sindicatos, patronal y Gobierno es darle una vuelta de tuerca a la rigidez normativa que ya domina nuestro ordenamiento. Habrá muchas fotos y ruedas de prensa, `pero detrás de todo ese ruido apenas habrá modificaciones sustanciales.
El Ministerio de Trabajo insiste en mantener el plazo recogido en el Plan de Recuperación de aprobar la reforma laboral y que se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en el plazo estipulado y comprometido con Bruselas: antes del 31 de diciembre. La vicepresidenta primera, Nadia Calviño, también corroboró este lunes el objetivo gubernamental de tener adoptada la reforma antes de final de año, para lo que se acelera la reunión con dos reuniones diarias, haciendo “todo lo posible” para llegar a un acuerdo tripartito.
Entre los empresarios hay escepticismo sobre las posibilidades de un acuerdo tripartito, es decir, entre Gobierno, sindicatos y la patronal. “Somos conscientes de que la van a aprobar (la reforma laboral) en el último Consejo de Ministros sin nosotros“, admiten fuentes internas de CEOE.
España lleva 40 años encabezando las estadísticas de paro y de temporalidad en la UE. Desde un punto de vista normativo, nuestro mercado laboral y las relaciones empresarios-trabajadores tienen tres grandes problemas: Complejidad, Inseguridad jurídica (litigiosidad judicial) y Rigidez (adaptar la norma general a las circunstancias particulares de cada empresa y trabajador)
Está meridianamente claro que es precisa una reforma del mercado de trabajo pues ha sido objeto de multitud de disrupciones: la internacionalización, la digitalización, el reto demográfico o la transición energética, y después el Covid… y sería preciso aprovechar el estímulo de los fondos europeos para avanzar en flexiseguridad y en la reducción de la dualidad y de la elevada tasa de temporalidad, así como fomentar la empleabilidad de los trabajadores y abordar el reto demográfico, impulsando la tasa de actividad de los mayores. Estas demandas chocan frontalmente con la propuesta gubernamental que plantea la derogación del núcleo duro de la reforma de 2012 para recuperar la prioridad aplicativa del convenio sectorial sobre el de empresa. A este respecto, cabe recordar que el Gobierno estaba obligado a remitir a la Comisión Europea un informe sobre las deficiencias en la legislación actual sobre negociación colectiva en el marco del Plan de Recuperación… De hecho, ya lo ha enviado, pero no lo ha hecho público.
“Diálogo social“. En todas partes se hace énfasis en que el marco general del diálogo social es el único posible y lo que se discute es cómo pulir un sistema disfuncional, en vez de cómo cambiar el sistema.
Si el resultado del mercado laboral dependiera del diálogo social, España tendría la tasa de paro más baja de Europa pues desde mediados de los años 70, con los llamados Pactos de La Moncloa, casi todos los cambios legislativos relevantes que se han aprobado en nuestro país han contado con el acuerdo de sindicatos y patronal. Y los pocos pactos no firmados por todas las partes, lo eran por pequeños detalles menores que unos u otros no querían apoyar públicamente.
Decimos “trabajadores y empresarios llegan a un acuerdo“, pero no es cierto pues no son los “trabajadores” y los “empresarios” pues los que firman son los secretarios generales de UGT y CCOO, y los presidentes de CEOE y Cepyme, y suponiéndoles a todos buena fe esto no cambia ni sus intereses particulares, ni sus necesidades particulares, ni sus incentivos particulares, porque, además, incluso aunque la representatividad de estas organizaciones fuera muy elevada (¡que no lo es!) eso no quiere decir que lo que firmen encaje en las necesidades ni de sus afiliados ni, mucho menos, de los no afiliados.
Litigiosidad. Empresarios y trabajadores se ven como enemigos y fuentes potenciales de conflicto en los tribunales. Los empresarios españoles no están pensando en lo que necesita su negocio, sino qué les costará menos (desde un punto de vista normativo) y qué les traerá menos dolores de cabeza con la inspección. Los trabajadores piensan más en el tipo de contrato que han firmado, en lo que les garantiza el convenio o en si pierden el derecho a la indemnización, antes que en cambiar de trabajo en busca de una mejora profesional.
Temporalidad. No parece que lo que se busca sea simplificar el marco normativo vigente, sino todo lo contrario. España tiene un exceso de contratos temporales que no solo se explica por razones estructurales y sectoriales (el peso del turismo) sino por motivos incluso culturales por los que la temporalidad se ha utilizado históricamente como mecanismo de flexibilidad más que como herramienta de gestión de los recursos humanos. Por tanto, serán bienvenidas las medidas para acabar con esta lacra, si bien lo oportuno es que esta corrección no sea por la vía punitiva, de las sanciones y de las limitaciones al uso de contratos temporales y del incremento de los costes laborales mediante alzas en las cotizaciones sociales, pues se corre el “riesgo serio” de perder competitividad en el entorno internacional, restando capacidad de creación de empleo y, en consecuencia, mermando el crecimiento económico .
España se encuentra ante una oportunidad de oro para poner sobre la mesa instrumentos adicionales a los ya existentes (los ERTE) que permitan a las empresas realizar ajustes no traumáticos, por la vía de la transición y la formación de los trabajadores, aprovechando la financiación de los fondos europeos. Pero sobre todo hay que evitar que se pongan trabas y obstáculos al desarrollo de la actividad empresarial, cayendo en el bucle de la hiperregulación.
Se está hablando de pasar a un esquema con tres tipos de contratos temporales: uno de tres meses de duración máxima que serviría para cubrir “necesidades ocasionales”; otro de seis meses (prorrogable a un año en negociación colectiva, imaginamos que de ámbito sectorial) por “razones productivas”; y un tercero de sustitución de personal que se intuye que se será similar al de los actuales interinos. Por supuesto, con más peso de la inspección, requisitos más estrictos y sanciones más elevadas si no se justifica la causalidad, es decir, los mismos errores de siempre: litigiosidad e inseguridad jurídica con decisiones mediatizadas por el miedo a las multas o al cumplimiento de los requisitos normativos; más rigidez con tipos de contratos en los que las empresas tienen que encajar sus necesidades y buscar cuál les conviene.
A nadie le interesa que esto se arregle. Bueno, le interesa a los que están en el paro, pero esos “no cuentan” salvo para ellos mismos y forman un colectivo no cohesionado. Enfrente, a todos los grupos que tienen influencia en la opinión pública les conviene mantener las cosas en su actual estado:
- Al Gobierno, para hacerse la foto del diálogo
- A sindicatos y patronales porque justifican su existencia, cuotas e influencia sobredimensionada.
- A los periodistas de información-laboral porque la complejidad legislativa es una fuente inagotable de temas y titulares de sus artículos.
- A los asesores, gestorías y abogados, a los que les conviene esta locura pues hay mucha gente que se gana la vida ayudando a sortear los escollos de la legislación laboral.
- Por no hablar de los profesores universitarios de este ámbito o incluso a los jueces y operadores de los tribunales de lo Social
CUANDO EL TRABAJO DE UNO DEPENDE DE QUE OTROS TENGAN PROBLEMAS
SE CONCLUYE QUE LO MEJOR ES QUE ESOS PROBLEMAS SIGAN EXISTIENDO.
