El mapa de la protección social en el mundo
Ayudas al desempleo, pensiones, protección de la infancia o permisos de maternidad y paternidad. Los sistemas de seguridad social incluyen numerosas prestaciones destinadas a proteger a la población y a garantizar unos niveles mínimos de bienestar. Sin embargo, ni todos los países cuentan con el mismo volumen de transferencias sociales ni, sobre todo, todos son igual de capaces de garantizar el acceso de toda su población al sistema de ayudas. El mapa de la protección social en el mundo muestra las enormes diferencias que existen en este ámbito tanto a nivel regional como global, donde hay países con un 100% de cobertura y otros que apenas llegan al 2%.
Según los datos recopilados por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), solo once países del mundo cuentan con un sistema de protección social universal. Es decir, apenas existen una decena de Estados –la mitad de ellos europeos– donde toda la población es beneficiaria de, al menos, una de las herramientas de protección social más habituales.
Esta medición, que excluye la cobertura sanitaria de los cálculos, no solo tiene en cuenta a las personas que reciben ayudas o prestaciones económicas, sino también a los contribuyentes que, siendo también potenciales beneficiarios, sostienen el sistema de protección de cada país.
En total, menos de la mitad (46,9%) de la población mundial tiene acceso a algún tipo de prestación y ayuda, pero las diferencia son amplias si se comparan regiones: en Europa y Asia Central la cobertura social ronda el 84%, mientras que en África apenas se llega al 17%.
Además de las pensiones y el desempleo, la Organización Internacional del Trabajo tiene en cuenta otras transferencias sociales para elaborar su índice de protección. Entre ellas, las ayudas a personas con discapacidad, las bajas laborales por enfermedad o los permisos parentales, todas ellas también presentes en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.
Los sistemas de protección pública son herramientas esenciales para mejorar la cohesión social y acabar con la desigualdad. En algunos países, especialmente los más desarrollados, las transferencia sociales –junto con el sistema fiscal– son capaces de reducir en un cuarto la brecha de desigualdad, según la propia OIT. No es coincidencia, por ejemplo, que los países nórdicos cuenten a la vez con un sistema de políticas públicas prácticamente universal y algunos de los índices de inequidad más bajos del mundo.
Como es de esperar, el nivel de cobertura de los distintos sistemas de seguridad social que hay en el mundo guarda una estrecha relación con el nivel de gasto que dedican los Estados a este ámbito. En Europa y Asía Central, por ejemplo, los países invierten de media un 17,4% de su PIB para financiar sus sistemas de seguridad social. En el continente americano este porcentaje llega hasta el 16,6%, mientras que en África y los países árabes no supera el 4,6%.
La brecha más significativa, en cualquier caso, es aquella que tiene que ver con el nivel de desarrollo de cada país: en los Estados de altos ingresos se invierte cerca de un 16,4% del PIB en protección social, mientras que en los de bajos ingresos el gasto general, sin incluir la sanidad, apenas llega al 1,1%.
La cobertura de la seguridad social en el sector público y privado
La seguridad social es un sistema de apoyo público destinado a garantizar que los miembros de una sociedad puedan satisfacer necesidades básicas como la alimentación o la vivienda. Se trata, a la vez, de un derecho que responde a la necesidad universal de protección contra los riesgos y privaciones económicas y sociales que pueden limitar los ingresos de una persona. De esta forma, la seguridad social hace posible que la ciudadanía pueda recibir atención médica sin la necesidad de afrontar costes difíciles de asumir de manera individual, especialmente en caso de enfermedad, desempleo, invalidez o maternidad, así como durante la jubilación y la vejez.
En general, pueden diferenciarse dos tipos de ayudas públicas dentro de la seguridad social: aquellos programas de seguros de salud o de pensiones destinados únicamente a los trabajadores que han financiado el sistema a través de impuestos y, en un sentido más amplio, los servicios sociales gratuitos o subsidiados que sustentan el Estado del bienestar como la sanidad, la educación o la vivienda. En cualquier caso, la seguridad social supone una inversión crucial en las condiciones de los trabajadores y de la sociedad en su conjunto, en tanto que refuerza la cohesión social y la inclusión de los colectivos más vulnerables. Además, según la Organización Internacional del Trabajo, aumenta la productividad laboral, la empleabilidad y el desarrollo económico, ya que ayuda a mantener una mano de obra estable que puede adaptarse a los cambios.
Sin embargo, tal y como muestran los datos del Banco Mundial de 2017, la seguridad social cuenta con una mayor cobertura en el sector público en comparación con el privado, sobre todo en América Latina. Así, si en España el porcentaje de trabajadores públicos y privados con seguridad social es muy parecido (97% y 95%, respectivamente), en Costa Rica la diferencia es de 16 puntos porcentuales y en Argentina de 33. De hecho, en los países en desarrollo, los beneficios incluidos en el sistema de seguridad social excluyen a la mayoría de trabajadores como consecuencia de la importancia de la economía sumergida y la falta de recursos del Estado. En ese contexto, en lugar de seguridad social se suele emplear el término de protección social, el cual hace referencia a un conjunto de medidas más amplias, como la intervención del mercado laboral o programas orientados a comunidades locales para aliviar la pobreza.
En cuanto al resto de países incluidos en el estudio del Banco Mundial, Francia destaca por tener muchos más trabajadores privados que públicos incluidos en la seguridad social: 93% frente a un 35%. La razón es que el Estado francés cuenta con lo que se conoce como regímenes especiales para ciertos grupos de empleados públicos, como aquellos contratados por una empresa pública, los militares o los policías; ventajas y prestaciones sociales que funcionan al margen de la seguridad social. Estos planes también contemplan la jubilación anticipada con beneficios completos de los trabajadores, lo que acarrea un elevado coste y ha provocado también numerosas polémicas. De hecho, son varios los Gobiernos que han intentado reformar los regímenes especiales, pero no fue hasta 2007, tras varios fracasos y sendas huelgas generales, que el Ejecutivo de François Fillon consiguió hacerlo.
Fuente: EOM
