España estrenará el próximo 1 de enero un nuevo mecanismo de ajuste de las pensiones, el denominado Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), aprobado en la primera fase de la reforma de la Seguridad Social. Sin embargo, este modelo de ajuste adoptado por España difiere notablemente de los tipos que ya aplican aproximadamente la mitad de los países europeos y que vinculan la evolución del gasto en pensiones a una o varias variables de entre estas tres: ligan la cuantía inicial de las prestaciones de jubilación a la esperanza de vida; fijan la edad de jubilación en función también de la esperanza de vida o revalorizan las pensiones según la demografía o la marcha de la economía.
Bruselas ha pedido al ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, que diseñe un mecanismo totalmente automático, que prevea desde ya una actuación a futuro sobre el aumento de gasto. De hecho, el MEI no compensa la contención del incremento gasto en pensiones de 0,8 puntos sobre el PIB como sí lo hacía el factor de sostenibilidad.
De aquí a final de año, el ministro pretende convencer a los técnicos comunitarios, pero si no lo logra deberá rediseñar este mecanismo de ajuste para hacerlo automático, previendo actuaciones sobre el gasto a futuro, alargando el periodo de ingresos adicionales o ambas cosas a la vez. De hecho, si la Comisión no acepta el MEI actual por ser solo semiautomático, el Gobierno deberá cambiarlo porque forma parte del componente 30 de reformas que España debe llevar a cabo para recibir los fondos europeos.
La mitad de los países de la Unión Europea (UE) tienen los mecanismos automáticos de ajuste del sistema de pensiones público que Bruselas pide al ministro de Inclusión, Seguridad Social, y Migraciones, José Luis Escrivá. Según un informe de BBVA, catorce países contemplan la esperanza de vida como un parámetro para calcular las futuras pensiones, como estaba destinado a hacer en España el extinto Factor de Sostenibilidad (FS) de la reforma del PP de 2013, que sin embargo nunca se aplicó.
A 31 de diciembre, el Gobierno español ha de tener terminada la segunda fase de la reforma de las pensiones, que incluye el destope de cotizaciones con alguna proporcionalidad de alza a la pensión máxima, y quizá algún cambio en los años computables para la determinación de la cuantía de la pensión, así como alguna consideración a las «lagunas de cotización».
Uno de los escollos para contentar a la Unión Europea consiste en exhibir proyecciones de sostenibilidad de los ingresos y gastos del Sistema a dos o tres décadas vista, de forma que se perciba una reconducción del desembolso en pensiones a medida que se vaya jubilando la generación del baby-boom, que ya lo está haciendo, aunque el grueso de la cohorte saldrá de la vida laboral en el plazo de dos años.
Como trasladaron fuentes de la Comisión Europea, hace unas semanas, en Madrid, en verano de 2023 se monitorizará por parte de la misión comunitaria la proyección de desembolso en pensiones y su sostenibilidad en aras a recibir los fondos europeos. La diatriba en estos momentos se encuentra en que la UE pide a Escrivá mecanismos de ajuste automáticos -como el FS- y el ministro defiende mecanismos de ajuste «semiautomáticos».
El Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), destinado a sustituir al Factor de Sostenibilidad (FS), se resume en una subida de cotizaciones de 0,6 puntos ,de los cuales el empresario pagará 0,5 puntos y el 0,1% correrá a cargo del trabajador. No contempla la mayor esperanza de vida, ni aspecto demográfico alguno, explican los expertos consultados.
Según el informe de BBVA, Alemania, Chipre, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Grecia, Italia, Letonia, Lituania, Malta, Holanda, Polonia, Portugal y Suecia cuentan con mecanismos de ajuste ligados o bien la esperanza de vida, o a parámetros demográficos o a la evolución de la edad real de jubilación. El mismo estudio recalca que en España «se ha sustituido el factor de sostenibilidad (que ajustaba la pensión inicial por la diferencias en la esperanza de vida entre generaciones, a edad de jubilación constante, por el MEI), lo que aumenta las cotizaciones sociales».
ENLACE AL ESTUDIO DEL BBVA
Los expertos consultados por este periódico, al margen del arco ideológico, piden al Gobierno que, por la sosteniblidad de las pensiones, construya un mecanismo de ajuste ligado a la demografía, como han hecho la mitad de los países de la UE.
A título de ejemplo, en Alemania, las pensiones se calculan en base a un sistema de puntos, que depende de las cotizaciones realizadas anualmente y de la cotización media del del conjunto de trabajadores. Al jubilarse, la pensión se calcula multiplicando los puntos acumulados por el valor del punto, que no solo determina las pensiones nuevas, sino también las existentes. En el valor del punto intervienen factores demográficos como la relación entre cotizantes y pensionistas.
En Italia, la pensión se calcula a partir de las cotizaciones de toda la vida laboral, actualizadas según la media geométrica quinquenal de la variación nominal del PIB, multiplicado por un coeficiente de transformación dependiendo de la edad de jubilación que está calculado utilizando las correspondientes tablas de mortalidad y que utiliza la esperanza de vida a cada edad.
En Francia, la pensión se calcula con los 25 mejores años de cotización, actualizados para evitar el efecto de la inflación, y se incluye un coeficiente de prorrateo, cuyo valor máximo es 1, y se mide la relación entre el número de trimestres realmente cotizados y el número de trimestres establecido como máximo.
El sistema sueco es un sistema de aportación definida y la pensión se calcula actualmente considerando el valor actuarial (valor real al margen de la inflación y la evolución de los tipos de interés) de una renta constante con un interés de entre el 1,6% y el 2% y las tablas de mortalidad aplicables a cada generación. El valor de las cotizaciones efectuadas figura en una cuenta ficticia individual a que se aplica un rendimiento ficticio determinado en función de diversas variables.
En Portugal, la pensión se calcula en base a los mejores 40 años de cotizaciones e incluye directamente un factor de sostenibilidad basado en el cociente de esperanzas de vida, la actual y la futura (si la futura es mayor el cociente dará un valor inferior a 1, por el que habrá que multiplicar el importe inicial de la pensión).
España sigue a la espera de la última fase de la reforma de las pensiones, y de hecho se juega los fondos europeos si no cumple con Bruselas, afrontando un sobrecoste del gasto en jubilaciones que comporta que cada dos trabajadores pagan una pensión.
