Bruselas exige al Gobierno un nuevo criterio para medir la sostenibilidad del sistema y eliminar las ayudas estatales como ingresos. La AIReF advierte que el gasto en pensiones roza su techo y el Congreso ya prepara el debate político.
La ministra de Inclusión y Seguridad Social, Elma Saiz, comparece este lunes, 9 de junio, ante el Pacto de Toledo, en el Congreso de los Diputados, para rendir cuentas de la sostenibilidad de las pensiones y explicar las últimas medidas adoptadas por el Gobierno.
Una comparecencia a la que llega precedida por un enorme revuelo, debido a que las alarmas en pensiones se han vuelto a disparar, tras saberse que el Gobierno ha encargado un informe adicional a la AIReF y ha iniciado el proceso para cambiar las reglas de evaluación de la sostenibilidad del sistema, mediante la reforma del Real Decreto 100/2025, de 18 de febrero.
Estas dos noticias, conocidas el pasado jueves, han levantado una enorme polvareda, porque hace apenas dos meses que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal publicó su primer examen a la reforma de pensiones donde descartaba activar la cláusula de salvaguarda. Es decir, no veía necesario tomar medidas de ajuste para controlar el gasto en jubilaciones.
Sin embargo, los planes desvelados por el Gobierno confirman que en menos de un año (fecha tope, 1 de junio de 2026), la AIReF realizará un nuevo chequeo a la salud de las pensiones.
Una iniciativa que se debe a las presiones de Bruselas para que, a la hora de evaluar el gasto en pensiones, no se tengan en cuenta las transferencias del Estado como ingresos al sistema (que es, precisamente, lo que exigía la AIReF). Aunque el departamento liderado por Elma Saiz dice que, lejos de ser un examen, este nuevo análisis de AIReF, presidida por Cristina Herrero, es un ejercicio de «responsabilidad y transparencia».
El anuncio, hecho la semana pasada, forma parte de un proyecto de ley que el Gobierno prepara para cambiar cómo se mide la sostenibilidad del sistema de pensiones. Actualmente, el dinero que transfiere el Estado se contabiliza como ingresos propios del sistema, pero la Unión Europea considera que esas aportaciones deben verse como una ayuda extra, no como parte de su financiación habitual.
Fuentes del Ministerio explican que el objetivo es mostrar con mayor precisión si el sistema tiene recursos suficientes para cubrir sus gastos. Además, se espera que en 2026 la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) realice una nueva revisión del sistema, después de que en 2025 advirtiera que el gasto en pensiones está a punto de alcanzar el límite fijado, situado en el 13,3 % del PIB, cuando actualmente se encuentra en el 13,2 %.
Desde el equipo de Elma Saiz aseguran que este nuevo análisis no es una prueba, sino un ejercicio de “responsabilidad y transparencia”. No obstante, la AIReF considera que la sostenibilidad del sistema sigue sin mejorar a medio y largo plazo.
Otro de los remas candentes, pendientes en el Ministerio de Seguridad Social, es la reforma que debe hacer España del actual complemento de brecha de género en las pensiones contributivas, después de que la reciente sentencia del TJUE (Tribunal de Justicia de la UE) haya declarado que este plus, a pesar de haber sido ya modificado, sigue siendo discriminatorio para los hombres.
En la actualidad, lo cobran 901.977 mujeres pensionistas. Más en detalle, el dictamen del tribunal, emitido el 15 de mayo, considera que el actual complemento no se ajusta a la directiva europea de 1978 sobre igualdad de trato en Seguridad Social, al favorecer a las madres en detrimento de los padres.
Los sindicatos CCOO y UGT reclaman al Gobierno que lleve a cabo una reforma «urgente» del complemento en las pensiones contributivas destinado a reducir la brecha de género. Así lo han demandado en la Mesa de Diálogo Social al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, poniendo de relieve que es necesaria una rápida adaptación de la normativa a la última sentencia del Tribunal de Justicia de la UE.
La ministra comparecerá en la Comisión del Pacto de Toledo, en una sesión que ya estaba programada antes de anunciarse este nuevo cambio. Aun así, los grupos parlamentarios aprovecharán la ocasión para pedir explicaciones sobre esta reforma y sobre el conjunto de medidas que afectan al sistema de pensiones. Durante la misma reunión también se elegirá a la nueva vicepresidencia primera de la Comisión, lo que ha incrementado el interés político del encuentro.
El Partido Popular tiene previsto interrogar a Elma Saiz sobre los cálculos que utilizó su departamento para la reforma del sistema de pensiones, y por qué «no coinciden» con lo que señalan la AIReF, la Comisión Europea a través del Informe sobre Envejecimiento 2024 y el propio Banco de España, que ahora gobierna el exministro y artífice la mencionada reforma del sistema, José Luis Escrivá.
El PP también preguntará a Saiz sobre el previsible anticipo de la edad ordinaria de jubilación a algunas profesiones de naturaleza excepcionalmente penosa, tóxica, religiosa o insalubre y que acusen elevados índices de morbilidad o mortalidad.
Asimismo, el Grupo Popular interpelará a la ministra para saber si se está limitando a la AIReF en su evaluación de las reformas de la Seguridad Social implementadas por el Gobierno, y sobre las conclusiones de los informes emitidos por la autoridad fiscal, presidida por Cristina Herrero.
Asimismo, los populares han expresado su preocupación por si el Ejecutivo está condicionando o limitando el papel de la AIReF en la evaluación de las reformas implantadas por el Gobierno en materia de Seguridad Social. También han pedido explicaciones sobre las conclusiones emitidas hasta la fecha por la autoridad fiscal.
LUNES 09/06/2025: CELEBRACIÓN DE LAS SIGUIENTES COMPARECENCIAS DE LA MINISTRA DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES, ORDEN DEL DÍA
A petición propia, con motivo del Informe de Evaluación con las proyecciones del impacto estimado de las medidas adoptadas a partir de 2020 para fortalecer los ingresos del sistema público de pensiones en el periodo 2022-2050, elaborado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). Con los siguientes objetivos:
- Para explicar las medidas que piensa adoptar para garantizar la sostenibilidad de las pensiones.
- Para informar sobre el previsible anticipo de la edad ordinaria de jubilación a algunas profesiones de naturaleza excepcionalmente penosa, tóxica, peligrosa o insalubre y que acusen elevados índices de morbilidad o mortalidad.
- Para dar cuenta del motivo e intención perseguida con el desarrollo reglamentario de la disposición adicional segunda del Real Decreto-ley 2/2023, de 16 de marzo, de medidas urgentes para la ampliación de derechos de los pensionistas, la reducción de la brecha de género y el establecimiento de un nuevo marco de sostenibilidad del sistema público de pensiones, que limita y dirige la actuación a desarrollar por la AIReF en su evaluación de las reformas de la Seguridad Social implementadas por el Gobierno.
- Para dar cuenta e informar sobre las conclusiones que se desprenden para el sistema de pensiones del Informe de evaluación de la regla de gasto de pensiones, así como de la segunda edición de la Opinión sobre la sostenibilidad de las Administraciones Públicas, emitidos por la AIReF el día 31/03/2025.





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