PENSIONES: LA MINISTRA DE SS Y EL MINISTRO DE ECONOMÍA “CORREN” EN DIRECCIONES OPUESTAS.

Consecuencias de los informes del FMI y de la Comisión Europea sobre nuestro sistema de pensiones

 

Bruselas critica la reforma de las pensiones de Escrivá y avisa de que disparará el gasto público

Aún sin recibir el cuarto desembolso de los fondos Next Generation en los que incluye la última pata de la reforma de pensiones que hizo Escrivá cuando éste era ministro de la Seguridad Social, este viernes, la Comisión Europea ha comunicado que España es el país de la UE donde se prevé un mayor aumento del gasto en pensiones debido al impacto de las reformas del sistema, que según Bruselas supondrán un incremento del gasto de hasta 4,6 puntos porcentuales del PIB en el periodo de proyección, que abarca hasta 2070. Es decir, más de 60.000 millones de euros -concretamente 64.000 millones- como recoge en redes sociales el inspector de Hacienda, Francisco de la Torre.

 

«En resumen -señala el Informe de Envejecimiento de 2024 publicado este viernes por el Ejecutivo comunitario-, las medidas adoptadas en 2021 y 2023 conducen a un aumento del gasto público en pensiones de 3,3 puntos porcentuales del PIB en 2050 y de 5 puntos porcentuales en 2070».

 

Estas reformas hacen referencia a la nueva indexación en base al IPC aprobada en 2021 y la eliminación del factor de sostenibilidad de 2023 que da paso al nuevo mecanismo de equidad intergeneracional, dos banderas con las que el Gobierno de Pedro Sánchez hizo campaña y utilizó como arma arrojadiza contra el Partido Popular.

 

Hacer números de pensiones en España es deprimente… mi conclusión de hace un año: esperan medidas duras en ingresos y gastos, cuatro puntos de PIB son hoy 60.000 millones de euros, casi tanto como la recaudación íntegra del IVA o la mitad del IRPF

 

Además, la segunda parte de esta reforma, que debe garantizar la sostenibilidad a la largo plazo del sistema y que incluye la revisión del periodo de cómputo de la cotización, está ligada al cuarto pago de más de 10.000 millones de euros del plan de recuperación, todavía pendiente de aprobación por parte de la Comisión, cuya evaluación llegará el 20 de mayo.

 

Bruselas señala que las principales razones de esta presión al alza sobre el gasto son la nueva regla de indexación basada en el IPC y la supresión del factor de sostenibilidad. «El nuevo régimen de bonificación/penalización y el correspondiente aumento de la edad efectiva de jubilación compensan parcialmente este aumento, pero el resto de las medidas adoptadas aumentan ligeramente el gasto público en pensiones», indica el documento.

 

En relación al Informe de Envejecimiento publicado el 2021, España ha recibido también la mayor revisión al alza, con 6,5 puntos porcentuales más en la previsión de todos los gastos relacionados con el envejecimiento en el periodo 2022-2070.

 

La Comisión detalla en este informe que «el gasto aumentará considerablemente durante la primera parte del periodo de previsión, hasta 2045, un periodo en el que España registrará también el mayor incremento, con casi 4 puntos porcentuales del PIB, seguida de Lituania, Eslovenia, Portugal, Eslovaquia, Chipre y Luxemburgo, con un incremento de 2,5 a 3 puntos porcentuales del PIB».

 

Por otro lado, el jefe para Europa del FMI, Alfred Kammer, ha reiterado que la reforma del sistema de pensiones es una cuestión importante tanto para España como para toda Europa y ha subrayado la necesidad de «políticas fiscales sólidas», incluyendo también «reformas paramétricas» para que las pensiones sean sostenibles en el futuro.

 

Hace poco más de un año, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) rechazaba la reforma de pensiones presentada estos días por el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá. En este caso, la Airef ha hizo un cálculo con los datos ofrecidos por Escrivá, llegando al a conclusión de dicha reforma -ésta y la de 2021, elevan el déficit público en 1,1 puntos del PIB en 2050 y 1 punto en 2070.

 

En rueda de prensa, Cristina Herrero, explicó que estos cálculos se derivan de que las medidas de incremento de ingresos previstas en estas reformas, que ascienden al 1,3 % del PIB, y que «no consiguen compensar el aumento del gasto, que se eleva al 2,4 % y 2,3 %, respectivamente, en 2050 y 2070».

 

En el documento de la Airef se puede ver el apoyo a la anterior reforma del Gobierno de Mariano Rajoy, cuando afirma que «las reformas de pensiones aprobadas entre 2021 y 2023 suponen un incremento del déficit de 1,1 puntos de PIB en 2050 respecto a un escenario sin esas reformas y con el IRP (Índice de Revalorización de las Pensiones) y el Factor de Sostenibilidad». Las pensiones son uno de los elementos clave del aumento del gasto público a largo plazo, en especial a partir de 2035, hasta alcanzar un máximo de gasto en pensiones del 16,3 % del PIB en 2049 –14,8 % si se excluyen las pensiones no contributivas y de clases pasivas- y después bajar al 13,4 % en 2070 -13,9 % excluidas no contributivas y clases pasivas.

Justo unos días antes de las elecciones generales, celebradas el 23 de julio, el entonces titular de la cartera de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, aprovechó el último Consejo de Ministros —tal y como quedó reflejado en el BOE— para gravar aún más a las empresas, a través del Real Decreto del Reglamento modificado, del Plan y Fondos de Pensiones de Empleo, aprobado el pasado año.

 

De este modo, a partir de ahora, el empresario que se acoja a este plan, apenas dispondrá de un mes para que cualquier empleado que ingrese en su puesto de trabajo tenga, no solo derecho al plan de pensiones, sino también a la percepción de las contribuciones empresariales establecidas, y que en un principio se habían pactado, a partir de los años del contrato. Una reducción de tiempo que supone un coste laboral añadido para el empresario.

 

El informe demoledor del FMI sobre las pensiones en España

El Fondo Monetario Internacional (FMI) aprecia lagunas relevantes en las reformas estrella acometidas por el Gobierno de Pedro Sánchez en la primera legislatura del autodenominado gobierno progresista. El informe anual que la institución realiza sobre la situación en España en el marco del llamado capítulo IV, difundido y presentado este viernes, incluye una primera valoración de resultados sobre las reformas laboral y de las pensiones, en la que se pondera los avances conseguidos pero también se los tilda de insuficientes a la hora de alcanzar los objetivos que se plantearon, al punto de que no solo plantea la necesidad de aprobar nuevas medidas sino que también sugiere un cambio de enfoque en las mismas.

 

En lo que hace referencia a la reforma de las pensiones, el informe sobre España del organismo internacional observa una inclinación excesiva hacia las subidas de cotizaciones sociales a la hora de tratar de equilibrar las cuentas del sistema público de pensiones y advierte de que esta fórmula genera incrementos de costes laborales y podría tener un impacto negativo sobre el empleo.

 

«En el futuro, muy probablemente será necesario adoptar nuevas medidas para asegurar la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones», advierten los técnicos del FMI. «La cláusula de salvaguarda instituida en 2023 es una herramienta importante para corregir posibles desequilibrios, pero, en caso de ser activada, deberá considerarse un conjunto equilibrado de reformas, evitando una dependencia excesiva de la opción de último recurso de aumentar las cotizaciones sociales», avisan.

 

El camino alternativo que plantea el organismo internacional ya es conocido porque lo ha planteado en otras ocasiones. El sistema público de pensiones español garantiza una de las tasas de cobertura más elevadas sobre el último salario del trabajador y el FMI cree que ahí hay margen para ajustar esa tasa por la vía de extender el periodo de cálculo que se tiene en cuenta para calcular la prestación a toda la vida laboral, no los últimos 25 años como sucede ahora, o profundizando en la estrategia de subir la edad real de jubilación a través de medidas como reformar el actual subsidio para mayores de 52 años, cuyas ratios de reinserción laboral son mínimas.

 

La SS reconoce en una carta a los agentes sociales que hay que recortar el gasto en pensiones

Elma Saiz, ministra de Seguridad Social, admite en el documento enviado el pasado 7 de abril a los agentes sociales sobre la reforma parcial de las pensiones que uno de los objetivos de sus propuestas es «preservar el equilibrio financiero del sistema». En el documento, Seguridad Social propone entre otras cosas compatibilizar el sueldo con el 100% de la pensión a los trabajadores que retrasen su jubilación cinco años, lo que perjudica especialmente a los autónomos porque ahora ya pueden cobrar el 100% de la pensión desde el primer año si tienen un empleado a su cargo.

 

Tanto UGT como CCOO han criticado la propuesta de Seguridad Social porque supone recortar derechos de los trabajadores en su pensión, argumento que también han utilizado las patronales empresariales y los autónomos.

 

Aunque esta propuesta, que busca en definitiva recortar el gasto en pensiones, se produjo unos días antes del demoledor informe de la Comisión Europea, publicado en abril de 2024 pero ya editado en diciembre de 2023, sobre la reforma de las pensiones en el que advierte de que el gasto en pensiones será mucho mayor al que calcula el Gobierno en sus planes, llegará al 17,5% del PIB, por lo que pronostica que al superar el 15% del PIB se tendría que activar el mecanismo de ajuste incluido en la propia ley de Escrivá, lo que implica ajustes de casi 12.000 millones anuales en el gasto.

 

La cuestión de fondo es que ese mecanismo de ajuste se superará debido al incremento de los gastos por la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de eliminar el factor de sostenibilidad que aprobó el PP y ligar la subida de las pensiones al IPC, que provocó por ejemplo que en 2023 subieran un 8,5%. Ante este incremento de gastos, los ingresos no serán suficientes pese al Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) que supuso un incremento de las cotizaciones pero Bruselas advierte de que no será suficiente.

 

Así, la ministra Saiz está buscando nuevas modificaciones en el sistema para gastar menos. La prueba es el documento enviado a los agentes sociales a primeros de abril en el que propone «un nuevo marco regulador de la compatibilidad de trabajo y pensión».

 

«Nos dijeron que con la subida de las cotizaciones para las empresas que será del 1,2% a partir de 2029 ya era suficiente -el 1% lo pagará la empresa y el 0,2% el trabajador-. El Gobierno dijo eso, que con esa reforma ya estaba. Y ahora resulta que vuelven a proponer más cambios y más recortes. No los vamos a aceptar y así se lo hemos dicho», señalan fuentes de los agentes sociales.

 

De momento, la ministra no ha citado a los agentes sociales a un nuevo encuentro, pero tendrá que hacer una propuesta alternativa si quiere tener el apoyo de los agentes sociales. El informe de la Comisión Europea también obliga a un replanteamiento al Gobierno sobre su actual política de incremento en el gasto en pensiones, que ya supera los 12.000 millones de euros mensuales.

 

El ministro de Economía descarta ajustes en el sistema de pensiones, pese al aviso de Bruselas

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, no espera que haya que hacer el año que viene un ajuste del sistema de pensiones, a pesar del informe de la Comisión Europea que prevé un aumento del gasto en esa partida equivalente al 3,6% del PIB de 2022 a 2070, lo que debería forzar un ajuste fiscal de 12.000 millones de euros.

 

Por un lado, Cuerpo ha insistido en que “el gasto estimado por la Comisión está en línea con el estimado por el Gobierno, con una diferencia de apenas una décima”. Por otro, el titular de la cartera de Economía ha expresado su confianza de que el aumento de las cotizaciones derivado de la propia reforma y del dinamismo de la economía española `permita un aumento de los ingresos que haga innecesario el ajuste. Cuerpo hizo esas declaraciones en Washington, donde se encuentra acudiendo a las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial.

 

El ministro recordó que la reforma tiene una cláusula de sostenibilidad que hace que el año que viene la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) “tenga que examinar la evolución de este gasto [en pensiones] comparándola también con la de los ingresos [por cotizaciones] y, a partir de ahí, ver si ser necesitan medidas adicionales o no”. En teoría, a juzgar por la previsión de la Comisión, esas “medidas adicionales” serán necesarias.

 

Pero Cuerpo rechazó esa opción, en parte por el aumento de los ingresos debido al aumento de los cotizantes generado por el crecimiento económico español, que será este año y el que viene uno de los más altos de los países desarrollados, según el propio FMI. La reforma de las pensiones ha sido uno de los pilares de la agenda de Gobierno del primer mandato de Pedro Sánchez.

 

El análisis de AIReF va a incluir “una valoración, también, del impacto que han tenido las medidas [de reforma] sobre los ingresos y, también, del impacto de las medidas de reforma y de las cotizaciones. Precisamente este último elemento también está siendo un punto positivo adicional Por esa razón, el Gobierno “no anticipa ninguna necesidad de ajuste”. El ministro resaltó especialmente “la buena evolución del mercado de trabajo en España, lo que atribuyó a la reforma laboral del Gobierno y a la subida del Salario Mínimo Internacional (SMI).

 

Fuentes:

Bruselas critica la reforma de las pensiones de Escrivá y avisa de que disparará el gasto público (theobjective.com)

Pensiones: Gobierno admite a los agentes sociales que hay que bajarlas (okdiario.com)

Cuerpo descarta ajustes en el sistema de pensiones, pese al aviso de Bruselas | Macroeconomía (elmundo.es)

 

ENLACE AL INFORME DE LA COMISIÓN EUROPEA (EN INGLÉS)

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