El ciudadano medio está muy liado con sus cosas y muchos ni siquiera son conscientes de que nuestra Ley electoral (LOREG) conlleva una falta de equidad que puede ser considerada una injusticia. En un mundo ideal, PP y PSOE modificarían la ley electoral de modo que para entrar en el Parlamento fuera necesario el 5% del total de los votos en cómputo nacional; así no estaríamos sometidos a la tiranía de las minorías que nos parasitan. En el caso de no convocar nuevas elecciones, Sánchez tendrá que, además de ejecutar los recortes impuestos por la UE, administrar las exigencias impuestas por los independentistas, ya sean de derechas (Junts y PNV) o izquierdas (Bildu, BNG y ERC) que suman en total 26 escaños, un 7% del total pero con un poder muy superior al estrictamente proporcional pues han tenido entre todos un total de 1.616.988 votantes (un 3,7% de los votos totales emitidos)
Tal y como está hoy en día la ley electoral, el voto de todas las personas que acuden a las urnas no vale lo mismo en todas las circunscripciones y eso se traduce en que el número de escaños depende de otros factores, como por ejemplo la diferencia de población, no hay el mismo número de votantes en Teruel que en Madrid. En España lo que tenemos no es un sistema electoral, sino 52, uno por cada provincia, ya que, en cada una de ellas, se eligen de 1 a 5 diputados El Congreso se compone de 350 diputados que representan a 52 circunscripciones o provincias. Según la LOREG, Ceuta y Melilla disponen de un diputado cada una, mientras que el resto de circunscripciones tienen asignados dos diputados como mínimo y el resto se reparten según la población empadronada.
Según nuestra Ley Electoral en cada circunscripción se excluye antes que nada a las candidaturas que no hayan obtenido, al menos, el 3% de los votos válidos emitidos en esa circunscripción. El resto de las candidaturas, se ordenan de mayor a menor, en una columna, según el número de votos obtenidos y luego se divide el número de votos obtenidos por cada candidatura entre 1, 2, 3, etc, según el número de escaños correspondientes a cada circunscripción. Los escaños se atribuyen a las candidaturas que obtengan los cocientes mayores, atendiendo a un orden decreciente. En los distritos en los que se eligen muchos escaños, el resultado es bastante proporcional pero en las circunscripciones en las que se eligen 3, 4 o 5 escaños, no es así. Además, el hecho de que se dé a cada provincia un mínimo de dos diputados (uno en el caso de Ceuta y Melilla) hace que las menos pobladas estén sobrerrepresentadas.
Cabe notar que aunque los diputados se eligen en circunscripciones provinciales, en realidad son diputados nacionales que representan a toda la nación, por lo que no necesariamente tienen relación o responsabilidad con la provincia por la que son elegidos. Se acusa a la división en circunscripción provincial de perjudicar seriamente a los partidos pequeños y a los medianos pero esto ocurre solamente cuando la distribución no está concentrada territorialmente, en cuyo caso estos partidos que sólo se presentan en algunas circunscripciones (caso de los nacionalistas) están en realidad sobre representados frente a los partidos “nacionales”.
El porcentaje mínimo de votos del 3% para considerar una candidatura (LOREG, Artículo 163) solo puede tener implicaciones prácticas en las circunscripciones grandes en las que se eligen muchos diputados (Madrid y Barcelona), en el resto ese mínimo no influye en la adjudicación de escaños. Computa como “votos válidos” (para el umbral mínimo) los votos de cada candidatura y el voto en blanco, pero no el voto nulo
En España las formaciones que quieren cambiar esta ley son los partidos muy minoritarios. Los que no, como el PP o PSOE, solo contemplan mínimos cambios a la forma de llevar a cabo los comicios. Eso da qué pensar, le hace a uno cuestionarse si de verdad nuestros políticos lo que desean es el bien común de todos los ciudadanos o solamente el suyo personal, o peor aún, el bien de su partido, el ganar a toda costa, el satisfacer su ansia de poder. El querer cambiar la ley no solo se da en España, sino que la misma cuestión surge en todos los países demócratas del mundo. En el sistema de la Mayoría Relativa utilizado sobre todo en países angloparlantes, el candidato ganador es simplemente la persona que obtiene más votos, sin necesidad de llegar a la mayoría absoluta. Los escaños son proporcionales al número de votos y por eso es tan probable que se formen dos grandes partidos, y que los ciudadanos acaben apoyando únicamente al candidato de uno u otro partido. En este sistema no suelen tener cabida las formaciones muy minoritarias.
No existe un sistema perfecto. Ahora bien, no nos engañamos si pensamos que una reforma de la ley electoral cambiaría sustancialmente aspectos políticos de nuestra vida diaria.
Cuando Sánchez se asoció con Podemos y los separatistas muchos pensaron que en España no volvería a gobernar la derecha. A pesar de que PP y Vox iban a quitarnos todos los derechos, ganaron las elecciones; pero la noche del recuento ya se sabía que eso no es un problema para Sánchez: gobernará España hasta que el juguete le aburra. Lo cierto es que él es el único político español que comprende que la democracia está muerta en todo el mundo y que esta es la época de la autocracia y Sánchez es el autócrata perfecto.
Mientras en el PP no entienden por qué la gente vota a VOX. Apelar al voto útil no es suficiente. Se les ha olvidado que, aunque muchos españoles votaron a Rajoy para que echara a Zapatero y aflojara la soga fiscal, el gallego no eliminó gasto improductivo.
Los de Vox sólo tienen que mirarse en el espejo de Podemos para ver lo que no hay que hacer y mal rollo no da confianza. La famosa lona de la papelera, en la que una mano tira a la basura la nueva bandera LGTBI, la feminista, y alguna otra más, no estaba pensada para captar nuevos votantes, sino para repelerlos. Todos tenemos amigos, primos o hermanos gays, o incluso simplemente socialistas. La propuesta no puede ser que vas a gobernar contra parte de la población y habría sido mucho más efectivo mostrar las cuentas de lo que se podría hacer con el dinero que nos cuestan las redes clientelares.