Los sindicatos exigen al Gobierno que cumpla su compromiso de reducir la temporalidad en el sector público desde el 30% actual hasta el 8%
El pasado jueves, 26 de septiembre, había dados de alta en la Seguridad Social más de 21,33 millones de afiliados. El lunes, día 30, la cifra se desplomó hasta los 21,14 millones. Esto significa que en apenas un fin de semana desaparecieron más de 190.000 empleos de un plumazo, con 179.500 bajas solo el último día del mes. No se trata de un récord histórico ni de un hecho aislado en los registros estadísticos, pero en todo caso pone de manifiesto la enorme volatilidad que continúa reinando en el mercado de trabajo pese a que la reforma impulsada por el Gobierno de coalición para acabar con la inestabilidad laboral en España acumula ya más de dos años y medio de despliegue.
La foto fija que dibujan los ministerios de Trabajo y Seguridad Social a cierre de septiembre queda así: 3.164 parados más y 8.805 nuevos cotizantes. En el caso de los inscritos en las oficinas públicas de empleo, la cifra es la más baja para esta época del año desde 2007. Si bien del lado de la afiliación el avance es el más tímido desde 2019. Todo ello, en un mes históricamente marcado en rojo en el calendario estadístico en el que la contratación de personal educativo para el inicio del curso escolar y de trabajadores del campo para las campañas agrícolas difícilmente compensa la fuerte destrucción de empleo en los sectores ligados al turismo, como el comercio o la hostelería.
Con este balance oficial sobre la mesa, el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, aseguraba ayer que la reforma diseñada por su departamento está logrando atenuar «el carácter marcadamente estacional» del mercado laboral gracias a «la fortaleza de la contratación indefinida». El número dos de Yolanda Díaz destacaba que el 44% de los contratos firmados en septiembre fueron de carácter indefinido y afirmaba que «a diferencia de los efectos devastadores sobre la calidad del empleo que tuvieron las reformas laborales anteriores, nadie puede dudar que esta es la gran reforma de la estabilidad en el empleo».
Es cierto que si se echa la vista atrás, a antes de 2022, la proporción de trabajadores con contrato indefinido ha crecido sustancialmente. Sin embargo, «la reforma lo que ha hecho ha sido abrir mucho la posibilidad del uso de un contrato con etiqueta de indefinido, que es el fijo-discontinuo, que tiene muchos periodos de inactividad y permite dar de alta y de baja en cualquier momento y ajustarse a la misma estacionalidad que antes pero con un único contrato que se suspende y se activa, en vez de con una secuencia de contratos temporales», explica José Ignacio Conde-Ruiz, catedrático de Fundamentos del Análisis Económico en la Universidad Complutense de Madrid. «Esta intermitencia no deja de ser una forma de precariedad que muy poco ha cambiado con la reforma», abunda.
Así, a pesar de que el empleo se ha comportado este mes de septiembre relativamente mejor que otros años, la estacionalidad sigue siendo la negativa seña de identidad del mercado laboral. Y no sólo porque la finalización de la temporada turística se lleve por delante decenas de miles de contratos que siguen siendo, en la práctica, de carácter temporal, sino también por las fuertes oscilaciones que sufren los puestos de trabajo en actividades vinculadas al sector público, como la sanidad o la educación, donde la reforma laboral del Gobierno se ha demostrado, hasta la fecha, incapaz de encarrilar la estabilidad en sus propias plantillas de las administraciones públicas.
Los datos difundidos ayer por el Ejecutivo así lo reflejan. El desempleo subió en septiembre, sobre todo, en el sector servicios, que sumó 4.856 parados a la cola del Sepe. Una muestra de la estacionalidad que se observa claramente en la afiliación por sectores de actividad, con un desplome de 41.640 cotizantes en el ámbito del comercio y otros 30.348 afiliados menos en la hostelería. Pero el sector privado no fue el único que destruyó empleo con los últimos coletazos del verano. En las administraciones públicas desaparecieron 12.346 ocupados y en actividades sanitarias y servicios sociales, muy vinculadas al sector público, otros 15.299 afiliados.
Desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) denuncian la destrucción conjunta de 27.645 empleos y consideran que estos datos «evidencian la inestabilidad de los puestos de trabajo en ámbitos muy sensibles de nuestras administraciones, que deberían contar con unas plantillas estables, estructuradas y que no fluctúen por los efectos coyunturales del mercado de trabajo». Por ello, el sindicato reclama al Gobierno que diseñe cuanto antes unos Presupuestos Generales del Estado para el próximo año que incluyan una oferta de empleo público que permita avanzar hacia el compromiso de reducir la temporalidad en el sector público al 8%. Una meta, en todo caso, compleja, ya que en estos momentos se mantiene en un excesivo 30%.
Los grandes sindicatos también pusieron el foco ayer en la inestabilidad persistente en el sector público. En su valoración de los datos de paro y afiliación, el secretario general de la UGT, Pepe Álvarez, incidía en que «hay que reducir la temporalidad» en el ámbito público y reclamaba a las administraciones «que cumplan la ley y los acuerdos a los que llegan» para alcanzar ese fin. «Aunque la reforma laboral ha estabilizado el mercado de trabajo, ha atenuado los picos de contratación y despido, no elimina la estacionalidad del modelo productivo de nuestro país», aportaba, por su parte, el responsable es estudios y formación sindical de CCOO, Carlos Gutiérrez, que ponía como ejemplo el aumento de afiliados en educación por el inicio del curso para incidir en la necesidad de «transformar el modelo productivo para continuar reduciendo la estacionalidad».
Precisamente, la evolución de la afiliación en la educación sorprendió ayer entre los datos difundidos por la Seguridad Social porque, si bien es cierto que el pasado mes de septiembre salvó el balance global con un aumento de casi 50.000 afiliados, la cifra es comparativamente menor que en los últimos años, ya que en 2023 el crecimiento en el sector en este mismo mes fue de cerca de 86.000 cotizantes y en 2022 se superaron los 61.000 nuevos ocupados. Según explicó ayer el secretario de Estado del ramo, Borja Suárez, «el mes de septiembre empezó renqueante y la incorporación al sector educativo se produjo con cierto retraso», pero avanzó que, previsiblemente, en octubre se producirá un crecimiento más intenso de la contratación en el sector.
