Si tienen razón los optimistas, la anunciada debacle de nuestro Sistema de pensiones públicas no será muy grave, se solucionará entre un poco de inmigración y un mucho de reformas paramétricas: los recortes sólo afectarán a los nuevos pensionistas (subir la edad de jubilación, tener en cuenta toda la vida laboral para el cálculo de la base, subir el número mínimo de años cotizados para cobrar el 100%…).
Si no tienen razón, en algún punto entre 2025 y 2035, coincidiendo con la próxima crisis de deuda, llegará el hachazo a la Seguridad Social: un recorte brutal entre el 10% y el 20% para los ya pensionistas y para los que lo serán en un futuro próximo, Los jubilados griegos ya han experimentado en sus carnes lo que significa un Estado quebrado para la principal partida de gasto público.
Lo esperable es que a los españoles no les toque aprender por la vía dura, y lo normal es que todo se resuelva por una vía intermedia: un poco de lo apuntado en el primer párrafo y otro poco de recorte repentino en la siguiente recesión.
Entre 2011 y 2013 se pusieron las bases de lo que debería haber sido un sistema de pensiones sostenible: sumando las reformas de PP y PSOE, que establecían las bases para un futuro a medio plazo: por un lado, las reformas paramétricas de 2011 (PSOE) suponían un esfuerzo para controlar el gasto de entrada retrasando la edad de jubilación; por el otro, el Factor de Sostenibilidad (que incluía el Índice de Revalorización y el Factor de Equidad Intergeneracional) aprobado en 2013, y actualmente en hibernación, intentaban asegurar el equilibrio financiero a medio plazo.
Ante el barullo político en todos los sentidos del término, nuestros políticos han tirado la toalla de la razón y se han dado al fácil populismo, El único camino que les queda son exclusivamente las reformas paramétricas muy duras y aplicadas a marchas forzadas y así todo el ajuste se lo comerán los que tengan la mala suerte de jubilarse en el momento inadecuado.
Las últimas marchas convocadas por unas ¿asociaciones de jubilados? que ni representan a este colectivo ni dan muestras del más mínimo reconocimiento ante todo lo que sufre el resto de la población, que al fin y al cabo son los que pagan sus pensiones,
Habría que preguntarse, por ejemplo, si los que más protestan son los que más tienen que callar, como los pensionistas que pasaron de cotizar (o lo hicieron voluntariamente por el mínimo) y ahora exigen que se suban los complementos a mínimos y las no contributivas.
ESCLAVOS DEL SISTEMA
Por un lado, los jubilados españoles son absolutamente esclavos del sistema de la Seguridad Social. A diferencia de la inmensa mayoría de los europeos reciben casi todos sus ingresos del sistema de reparto público. Están con las manos atadas y por eso temen cualquier mínima reforma o retoque que afecte a su mensualidad. Ni cobran mucho, porque el sistema da para lo que da, ni tienen más alternativas de ingresos.
Según datos contrastados el 70% de los mayores de 65 años viven sólo de la pensión pública, lo que les hace muy vulnerables ante cualquier medida que suponga un recorte, aunque sea mínimo, a las prestaciones.
Además, éste es un problema que ya no tiene solución pues incluso aunque convenciéramos a los españoles de que cambien sus hábitos de ahorro, eso ya no serviría de nada a los actuales jubilados (de hecho, ni siquiera tendría mucho impacto en los trabajadores de más de 50-55 año, que apenas tienen margen de maniobra).
Por si esto fuera poco, el sistema de pensiones descansa casi exclusivamente sobre el modelo de reparto, con nula presencia de los planes de empresa (salvo en el País Vasco) o el ahorro privado incentivado por el Estado (no nos referimos a los planes de pensiones, sino a cuentas de capitalización obligatorias similares a las implantadas en Suecia o Reino Unido). La única alternativa a la pensión suele pasar por su vivienda y de ahí la pujanza de los nuevos productos que buscan ofrecer una renta a cambio de los inmuebles (desde hipotecas inversas a compras con usufructo o venta+renta vitalicia).
DUEÑOS DE LAS URNAS
En definitiva, los jubilados son esclavos de la Seguridad Social: se lo deben todo a las cotizaciones que pagan cada mes y a los complementos que deciden los políticos cada año en el Presupuesto, pero también son los dueños de las urnas.
El porcentaje de población de 65 años y más, que actualmente se sitúa en prácticamente en el 20% del total de la población, y pasaría a ser más del 25% en 2033. No hablamos de un futuro muy lejano falta menos para 2030 de lo que nos separa ahora mismo de 2007-08, cuando comenzó la crisis.
Hablamos de 9 millones de votos que viven de una prestación y a los que algunos les dice que cualquier reforma es un ataque. Ningún partido se atreverá a rozar siquiera cualquier medida que suponga una contención del gasto.
De hecho, no es que no se toquen las pensiones, es que desde que comenzó la recuperación se están subiendo. Las pensiones más bajas y no contributivas se incrementan casi cada año bastante por encima del IPC (erosionando el carácter contributivo del sistema, pero esa es “otra cuestión” de la que habría que hablar “muy mucho”).
A propósito ¿si el IPC es inferior a lo estimado anticipadamente por el Gobierno de turno, se devuelve lo cobrado de más? Parece ser que no y además se consolida la subida “excesiva”, con la consiguiente repercusión económica en los números del Sistema.
PERO, si se acuerda de que es necesaria una reforma para controlar el gasto en pensiones, habría que acordar al mismo tiempo reformas en muchas otras partidas de gasto: hacer sostenibles las cuentas públicas con sacrificios de todos, no sólo de un colectivo.
El problema es que el futuro está muy cerca y la perversidad de “todo esto” nos afectarán a todos, a los ya pensionistas de 2019 y a los futuros de 2035.
Fuente: Basado en “La doble trampa de la Seguridad Social: esclavos del sistema, dueños de las urnas” Domingo Soriano en Libre Mercado 20/10/2019
