LA FALSA DICOTOMÍA: ¿CAÑONES O PENSIONES?

Es necesario proteger un sistema social y político que ha generado prosperidad y libertades, y que ahora se ve amenazado por potencias con valores crecientemente antagónicos

 

El dilema plantea la disyuntiva entre el gasto en defensa (armas) y el gasto en el estado de bienestar ha sido una constante en la historia económica y política global. Desde la Alemania de la Primera Guerra Mundial hasta la Guerra Fría y el presente, los gobiernos deben decidir entre seguridad y bienestar social. Dependiendo del contexto, la balanza se ha inclinado hacia uno u otro lado, con consecuencias económicas y sociales de gran impacto. La historia demuestra que, en demasiadas ocasiones, el militarismo condujo a la guerra.

 

Con lo que cuesta un tanque y un avión se pueden construir 20 centros de salud en España. Un tanque Leopard supone un gasto a nuestro país de 11 millones de euros. Un avión Eurofighter vale 90 millones, a los que hay que sumar el mantenimiento (15 millones más por aparato al año). Por su parte, un centro de salud de tamaño medio se valora en 5 millones de euros. Es decir, con el dinero invertido en un tanque y un avión podríamos construir 20 ambulatorios dotados del más moderno equipamiento o 1.450 viviendas con un coste medio de 80.000 euros por cada una. Con el precio de un solo misil Trident II, que asciende a 45 millones de dólares, se podrían construir 500 viviendas. Con el de un caza F35-C, de 107 millones de dólares, se conseguirían construir más de 21 centros de salud o 1.400 viviendas. Un submarino clase Virginia, vale 936 millones de dólares, con los que se podrían adquirir, por ejemplo, 9.180 ambulancias totalmente equipadas.

 

En el contexto de pensiones, el debate se centra en la asignación de recursos públicos entre el sostenimiento de un sistema de pensiones generoso y otras necesidades económicas, como inversión en infraestructura, educación, sanidad o el gasto en defensa.

 

El estado del bienestar y el estado de guerra han entrado en colisión en la Unión Europea. Unos gobiernos asustados, que han perdido soberanía económica, abrazan ahora la necesidad de reforzar la soberanía militar como respuesta a un mundo en el que los europeos se sienten cada vez más solos.

 

Según la Comisión Europea, la proporción de personas mayores de 65 años en la UE pasará del 20% actual a más del 30% en 2050. Esto implica un aumento inexorable del gasto en pensiones, sanidad y cuidados de larga duración, lo que puede detraer recursos clave para el crecimiento económico como la educación o la investigación y además colisiona con el gasto en seguridad.

 

Pues bien, los líderes comunitarios impulsan el rearme de Europa ante la tensión en Ucrania, buscando mayor autonomía en defensa. Respaldan el plan de Bruselas para aumentar el gasto, pero exigen más financiación, incluyendo eurobonos.

 

En 2024, el gasto en defensa de Europa es más de un 50% superior al de 2014 en términos nominales, aunque 2022 fue realmente el año en que el gasto se aceleró, condicionado por la guerra de Ucrania. Sin embargo, hay dudas sobre si el objetivo del 2% del PIB de la OTAN es suficiente para conseguir la preparación militar al ritmo requerido. Probablemente se necesitará más. Ahora bien, a medida que los estados aumentan su gasto, preocupa que los presupuestos nacionales sean insuficientes para respaldar el incremento en el gasto en defensa sin incurrir en un endeudamiento público insostenible.

 

Recordemos que, para agravar el problema, la reelección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos causa preocupación en muchas capitales europeas por su sugerencia de que el objetivo de Europa en defensa alcance el 5% del PIB.

 

Pues bien, en España uno de cada cuatro euros del presupuesto público se emplean en pensiones. Esto supone que, solo en pensiones contributivas, empleamos 11,5% del PIB mientras que para defensa se emplea actualmente el 1,3%. Por tanto, para satisfacer las exigencias de Trump, nos faltaría un 3,7% del PIB, que es casi triplicar el volumen actual de gasto en defensa. ¿Sería posible alcanzarlo sin recortes en otras partidas, entra las destaca la de las pensiones públicas? La clave a considerar es el margen fiscal. El margen presente y el futuro. En 2024 fuimos la economía pujante en Europa, con un elevado 3,2% de crecimiento. A pesar de ello, el déficit público, estando en descenso y avanzando por la senda adecuada, sigue siendo elevado para el gran momento económico que vivimos, previendo Airef un desequilibrio en torno del 3,3% del PIB para 2024.

 

Nuestra economía va bien, pero no podemos permitirnos grandes fastos. Es imposible priorizar un gasto del 5% del PIB en defensa sin tocar aspectos clave del estado de nuestro bienestar. Para evitar que el gasto en pensiones ahogue otras prioridades emergentes, la UE señaló en 2021 posibles medidas:

  1. Impulsar los fondos de pensiones de empleo (planes colectivos complementarios).
  2. Ajustes automáticos en la edad de jubilación vinculados a la esperanza de vida.
  3. Mayor digitalización e inversión en productividad para compensar el envejecimiento.

 

Son reformas que merecen ser consideradas, planteando una política de estado a largo plazo, en el contexto de una Europa que cada vez va a tener que depender más de sí misma y menos del amigo americano. Este año 2025 se cumplen los 30 años del Pacto de Toledo y procede la revisión de las recomendaciones. Es el momento adecuado para definir la política de pensiones en el nuevo contexto europeo y mundial.

 

UNA ENCRUCIJADA DIABÓLICA

La mezcla entre el debate sobre la sostenibilidad del estado del bienestar con la apuesta geopolítica por rearmar Europa la planteó abiertamente el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ante el Parlamento Europeo donde habló literalmente de la carga financiera del estado de bienestar social para sugerir que una pequeña reasignación de estos fondos podría reforzar significativamente sus capacidades militares europeas.

 

Mientras tanto, Alemania ha roto su tabú con el endeudamiento público para poder financiar el rearme del país. Friedrich Merz, el eterno aspirante a canciller, ha logrado reunir a una mayoría que va desde los democristianos hasta los verdes, pasando por los socialdemócratas, en favor de un acuerdo de inversión en defensa financiado con deuda. Sin embargo, en Alemania un tercio de la población recela de ese giro copernicano en la política de defensa, y la distancia es aún más profunda entre el este y el oeste del país.

 

Cinco años después de la cóvid-19, la pandemia nos ha dejado un mundo más endeudado, más digitalizado y más individualista. El sistema no se ha repensado. Hay nuevos miedos, nuevas amenazas, que cooptan el discurso político. Si esa sacudida global no se tradujo en más justicia social, ahora la última sensación de aceleración y emergencia que empuja a la política europea puede impactar directamente en el sistema de bienestar y, de paso, en la estabilidad de unos gobiernos cada vez más débiles.

 

Desde la gran recesión de 2008, cada nueva crisis ha agravado el descontento de la ciudadanía y el deterioro en la confianza institucional. Pero la desorientación política es especialmente cruda en la socialdemocracia. En los últimos años, cada nueva elección parece un debate agónico por la supervivencia del sistema. Cada resultado de mínimos se vende como mensaje de resistencia. Pero la realidad es que hay que repensar argumentos y respuestas. Pero, antes, hay que leer correctamente la realidad que nos rodea y los miedos que movilizan a nuestras sociedades.

 

Existe una debilidad inherente en un mundo gestado desde el poder de los fuertes. La pobreza salarial es el índice de pobreza que más crece en la Unión Europea, según un estudio de la Eurocámara. Pero mientras nuevas élites y nuevos referentes culturales emergen del poder de la nueva realidad digital, la sensación de que vivimos en sociedades vulnerables, permanentemente amenazadas, ha impuesto respuestas gubernamentales reactivas y de corto plazo. La Unión Europea es producto de una generación que tenía miedo al pasado y muchas esperanzas en el futuro y ahora está siendo transformada de pies a cabeza –y desde sus principios fundacionales– por los miedos de una generación temerosa del futuro y de las amenazas que despliegan los nuevos nostálgicos del pasado.

 

LA AIREF ALERTA SOBRE EL AUMENTO DEL PRESUPUESTO PARA DEFENSA

Indica que dicho aumento exigirá un ajuste a futuro y pone en cuestión el discurso sobre «no tocar un céntimo de gasto social» de Sánchez pues el ajuste necesario para llegar al 3% del gasto en Defensa superaría los 80.000 millones hasta 2050. En sus múltiples regates en torno a cómo aumentará el gasto en defensa, el punto donde quizá ha sido más claro el Gobierno de Pedro Sánchez es en su objetivo de «no tocar ni un céntimo el gasto social» para elevar las inversiones en armamento, un extremo que ahora ha sido puesto en duda por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef).

 

«El aumento del gasto en defensa generará mayores presiones sobre las finanzas públicas al incrementar el déficit y la deuda, lo que exigirá una corrección fiscal más estricta en el futuro y reducirá el margen para otras prioridades económicas y sociales», señala el informe del supervisor sobre la sostenibilidad de las administraciones públicas a largo plazo de la entidad. La Airef ya contabilizaba la necesidad de un ajuste total de 3,16 puntos del PIB hasta 2050 en el gasto para cumplir con el pacto de estabilidad de Bruselas con la anterior senda de gasto prevista por el Gobierno. Sin embargo, ahora las necesidades en defensa son mayores y más acuciantes.

 

Así, la institución presidida por Cristina Herrero contempla varios escenarios en los que sería necesario un potencial ajuste de hasta 4,76 puntos del PIB hasta 2050, casi 76.000 millones de euros si se toma de referencia el pib actual (que en ese momento sería mayor, por lo que también la corrección de gasto necesaria). De este montante, Defensa por sí misma exigiría el recorte de 25.400 millones de euros para mantener la senda de descenso de deuda.

 

Sin embargo, este escenario, el más extremo calculado por la Airef, está calculado para una subida del gasto de 1,5 puntos sobre el PIB. El presupuesto para este área de España se quedó en torno al 1,3% en 2024 y se espera que la Otan pida a sus socios revisar sus prioridades y elevar hasta el 3% su esfuerzo en defensa a partir de la próxima reunión de la alianza que se celebrará en junio.

 

Por tanto, el ajuste para cumplir con el resto de aliados sería de, al menos, un 1,7% lo que haría incluso mayor la necesidad de ajuste que el calculado por la Airef haría que la necesidad de rebajar el coste en otras partidas rondara los 30.000 millones de euros en un escenario donde el envejecimiento de la población obligará también a aumentar el gasto en partidas como las pensiones, de acuerdo a las mismas previsiones de la entidad.

 

En este informe, la Airef también contempla que el Gobierno bien podrá acogerse a la «cláusula de escape» diseñada por la Comisión Europea. Como parte del plan para impulsar la defensa en el continente, el Ejecutivo de Úrsula Von der Leyen permitirá que los aumentos de inversión en defensa de hasta el 1,5% del PIB no entren en el cálculo del cumplimiento de las reglas fiscales ni computen para el objetivo de déficit durante los próximos cuatros. El problema, argumentan desde el supervisor, es que esto puede aliviar en un futuro cercano al Gobierno y permitir esquivar parcialmente la merma de gasto en otras partidas como las sociales, pero solo a costa de hipotecar a las generaciones y ejecutivos futuros.

 

«Este incremento en el gasto público deteriorará la posición fiscal futura al traducirse en un mayor déficit y endeudamiento», apuntan desde la organización que considera que esto hará que el nuevo plan fiscal que arranque en 2029 se inicie con unas peores condiciones y con «una mayor exigencia de corrección fiscal en el futuro, lo que podría limitar el espacio fiscal disponible para otras prioridades económicas y sociales».

 

El organismo además jugará un rol clave a la hora de fiscalizar el aumento de gasto en defensa, ya que ya rebajó las pretensiones de gasto real del Ejecutivo en el sector en 2022 y 2023 cuando cifró esta métrica en torno al 1%, frente al 1,1% presupuestado.

 

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