La compañía puede obligar al retorno a la oficina, pero deberá correr con los gastos asociados
La pandemia del coronavirus en el año 2020 popularizó el teletrabajo en todo el mundo y demostró que se podía ser igual de productivo trabajando desde casa. Sin embargo, cinco años después, muchas empresas están retornando paulatinamente a lo anterior, la llamada ‘vuelta a la oficina’. Una situación que, lógicamente, tiene un coste: transporte (abono, gasolina, parking), alimentación (comer fuera de casa), vestimenta profesional… ¿Quién se hace cargo de ello?
A priori, todos esos gastos corren a cuenta del trabajador, que tiene que adaptarse a esta nueva situación. Sin embargo, si recurrimos al Estatuto de los Trabajadores y a la Ley del Trabajo a Distancia, queda meridianamente claro que la empresa tiene que compensar al trabajador si le obliga a volver al trabajo presencial desde el teletrabajo.
Respecto al Estatuto de los Trabajadores, señala en su artículo 41 que cambiar o modificar de forma sustancial las condiciones del trabajo y si estas dan lugar a nuevos gastos para el trabajador, la empresa tendrá que compensarlo o negociar con el trabajador.
Por su parte, la Ley del Trabajo a Distancia, en su artículo 12, es aún más clara y señala que «la empresa deberá sufragar y compensar los gastos relacionados con los equipos, herramientas y medios vinculados al desarrollo de la actividad laboral».
Por tanto, la legislación es clara. Si el teletrabajo era tu rutina y ahora te obligan a volver, no te pueden cargar los gastos extra, incluyendo los asociados al transporte, la comida, la vestimenta profesional, los gastos de mudanza o la guardería si el cambio de condiciones así lo exige. Es decir, obligar a pasar del teletrabajo al trabajo presencial hace que la empresa tenga que compensar ese plus, pagar dietas o actualizar el salario.
Se puede reclamar
Puede darse el caso de que la empresa se niegue a pagar y en ese caso el trabajador podría reclamarlo por vía judicial. En este sentido, ya hay varias sentencias que señalan que imponer gastos que antes no existían puede considerarse una rebaja salarial injustificada.
