El movimiento de los pensionistas exige una investigación transparente sobre el saqueo “premeditado y metódico” de la “hucha de las pensiones”.
La supuesta insostenibilidad de la Seguridad Social está basada en los cálculos del déficit histórico de las cuentas del sistema. En este déficit no solo cuentan las cuestiones demográficas (menos trabajadores jóvenes y una población cada vez más envejecida) y laborales (sueldos cada vez son más precarios y por lo tanto las cotizaciones más bajas). Las organizaciones de defensa de las pensiones públicas llevan más de una década denunciando que se ha producido un saqueo “premeditado y metódico” de la conocida como “hucha de las pensiones”.
Los últimos informes del Banco de España y del FMI, y las declaraciones del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, confirman los intentos de solucionar el déficit de la Seguridad Social extendiendo la edad de jubilación, recortando las prestaciones e incentivando los planes privados.
Este 20 de octubre, se han registrado 285.000 firmas en las Cortes para exigir una auditoría pública de las cuentas de la Seguridad Social para determinar cuánto dinero fue extraído de la hucha de las pensiones y “sentar las bases de su restitución a su caja única”.
Ya en 2019 el Tribunal de cuentas determinó que tendría que resarcirse a la Seguridad Social con 103.690 millones de euros en gastos, entre 1989 y 2013, que se le cargaron sin corresponderle, los famosos “gastos impropios de la SS” que no deberían haber sido asumidos por las cotizaciones sociales.
Comunicó a Las Cortes que el conjunto del sistema se encontraba ya “en patrimonio neto negativo” (quiebra técnica), tras registrar 100.000 millones de pérdidas acumuladas desde 2010, y anticipaba que la situación no había mejorado en 2018. Al existir garantía del Estado, la quiebra del sistema no tiene las implicaciones de una empresa privada, pero incluso avisaba que la situación era más desoladora que en el año anterior (2017) y extendía el patrimonio neto negativo a todo el conjunto del sistema y con cifras multimillonarias.
También alertó de que la solución del Gobierno del PP en 2017 y del PSOE en 2018 de dar préstamos a la Seguridad Social para que pueda seguir operando es sólo un parche que no resuelve el drama ni apuntala el sistema. «La solución adoptada en 2017, y también en 2018, para solventar esta situación ha sido otorgar nuevos préstamos a la TGSS; sin embargo, ese tipo de medidas coyunturales no han resuelto los problemas de sostenibilidad financiera de la Seguridad Social, que son de naturaleza estructural, ni contribuyen al saneamiento de su balance y de su cuenta de resultados, ni tampoco tienen reflejo en su neto patrimonial, que continúa siendo negativo». La institución consideraba incluso que los préstamos son contraproducentes pues “dejan a la Seguridad Social en una posición comprometida de endeudamiento frente al Estado, afectando negativamente a su solvencia”
En cuanto al Fondo de Reserva de la Seguridad Social, el Tribunal de Cuentas constata que «el importe total acumulado de disposiciones desde 2012 hasta 31 de diciembre de 2017 asciende a 74.437 millones, siendo el valor contable de los activos existentes, a esa fecha, de 8.085,4 millones». Estas cifras también han empeorado desde entonces. Por ejemplo, cuando llegó Mariano Rajoy al Gobierno (diciembre de 2011), este Fondo de Reserva de la Seguridad Social (FRSS) estaba en su máximo, en 67.000 millones de euros y cuando abandonó La Moncloa (junio de 2018), se había reducido a unos 8.000 millones, aunque es cierto que entre otros usos, el dinero se destinó fundamentalmente a las pagas extraordinarias de verano o de Navidad
La entrega de firmas se produce cuatro días después de la primera manifestación estatal del movimiento pensionista después de la pandemia. Unas pensiones mínimas equivalentes al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y la eliminación de la brecha de género en las pensiones También mostraron su oposición al plan del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, de crear un macrofondo público de pensiones de empresa gestionado por entidades privadas.
Todos esos recursos que han desaparecido podrían haber servido como una reserva para “tiempos peores” y estaban protegidos, según defienden, por la Ley General de la Seguridad Social y formaban parte del patrimonio de la Seguridad Social, “que pertenece a los trabajadores y ningún gobierno, ningún partido, puede utilizarlo para lo que mejor le convenga en cada momento”, ya que su uso exclusivo es atender a las prestaciones de la Seguridad Social.
Frente a este saqueo sostienen que la clase trabajadora y el colectivo de pensionistas necesita saber a dónde se han ido todos esos millones de euros.
El economista Fernando de Miguel, analizando las Cuentas Oficiales de la Seguridad Social desde 1977 hasta 2016, calcula que las cuotas pagadas por los trabajadores en ese periodo producirían un excedente de 595.000 millones de euros sobre las pensiones abonadas (ver ANEXO). Lo cierto es que las pensiones son derechos subjetivos de los ciudadanos y su consideración es el de gasto obligatorio, constitucionalmente reconocido y, por tanto, deben ser atendidas en su integridad y, además, esos derechos subjetivos, no son solo obligaciones básicas del Estado, sino que están respaldados por las cotizaciones efectuadas por estas generaciones, que han acumulado un fuerte superávit durante su vida activa, que permite y obliga a satisfacer sus pensiones, utilizando, para el fin para el que se creó, el fondo económico que han generado.
