Los incrementos de costes empresariales previstos en la estrategia legislativa del Ministerio de Trabajo lastrarán la creación de empleo
El debilitamiento del mercado laboral previsto de cara al próximo año obligará al Gobierno a tomar cierta prudencia en las medidas que pretende introducir en lo que se ha convertido, de facto, en una nueva reforma laboral que dirimirá ciertos aspectos que se extirparon de la negociación de la normativa aprobada en 2021 y que el gabinete dirigido por la vicepresidenta y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, pretende reabrir en la presente legislatura. Precisamente, este debilitamiento desde la base por el enfriamiento de la actividad y la desaceleración económica puede convertir en contraproducentes algunas de estas nuevas modificaciones pretendidas en materia laboral.
Una de las conclusiones que apuntan los expertos sobre los tres aspectos principales que el Ejecutivo ha plasmado en la agenda legislativa del Ministerio de Trabajo, como el nuevo incremento del salario mínimo interprofesional (SMI), la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales, y la revisión del modelo de despido improcedente, resultarán en última instancia en un aumento de los costes para las empresas, lo que podría lastrar el ya amenazado ritmo de creación de nuevos puestos de trabajo, e incluso diluir otros de los planes estratégicos del Gobierno en materia laboral que se pretenden desplegar al tiempo que se negocian estos puntos pendientes, como son los destinados a la reinserción laboral de los colectivos más afectados por el desempleo de larga duración -en este caso los mayores de 45 años, tal y como recoge el acuerdo programático del PSOE y Sumar-.
Explica para ABC el director de grado en Administración y Dirección de Empresas en UNIE Universidad, Alfonso Jesús Torres Marín, que estas maniobras que por una lado pueden incrementar las cargas económicas sobre los empleadores pueden hacer caer en saco roto esos planes de Ejecutivo para zarandear la pétrea bolsa de casi tres millones de parados para impulsar su reinserción en el mercado de trabajo.
«El incremento de los costes de indemnización hará que las empresas tengan más reticencias a la hora de contratar nuevos trabajadores, fundamentalmente en épocas de incertidumbre o ralentización de la economía», explica el experto sobre la prevista revisión del coste del despido -que UGT pretende reformular en la versión anterior a la reforma laboral del PP de 2012, cuando regían los 45 días por año trabajado de indemnización en caso de cese no justificado-. «La consecuencia será una menor creación de empleo», explica el profesor señalando adicionalmente que será más probable que el empleo creado sea más precario (a tiempo parcial o fijo discontinuo).
Posible alza del desempleo
En este sentido, ahonda el experto en que las medidas anteriormente mencionadas podrían ralentizar la creación de empleo y la actividad económica, lo cual tendrá como consecuencia, en un entorno de desaceleración, el incremento de la tasa de desempleo en España. «Con la reforma laboral aprobada en 2012 en España se consiguió crear empleo con tasas de crecimiento del PIB relativamente moderadas, gracias a las medidas de flexibilidad introducidas en el mercado laboral y la reducción de costes a las empresas», señala Torres Martín subrayando que se trata de un aspecto imprescindible en un país en el que el desempleo «es un problema crónico».
«La eliminación de la flexibilidad laboral, el incremento de los costes y las expectativas de mayor intervencionismo del Gobierno en el mercado laboral podría frenar la creación de empleo y reducir las posibilidades de los parados de retornar al mercado laboral», advierte sobre los planes expuestos para incentivar la reinserción laboral de ciertos colectivos.
Según el experto, el colectivo de las personas jóvenes será el más afectado ya que serán los que tendrán menor antigüedad y serán más fácilmente serán despedidos. Además, se verán afectados por contratos más precarios (temporales o fijos discontinuos), mientras que los colectivos a los que más se proteja con los despidos reparativos también pueden verse afectados negativamente de cara a incorporarse o regresar al mercado laboral. Por su parte, entre los sectores, aquellos vinculados a actividades más estacionales también tenderán a utilizar este tipo de contratos menos estables.
Sobre el conjunto de medidas, explica el experto de UNIE que «es un momento muy poco adecuado» ya que las empresas que tengan que despedir trabajadores se encontrarán con costes más elevados, lo que llevará a reducir su presupuesto para otras actividades. Y advierte de que, en algunos casos, la imposibilidad de pagar los costes del despido puede llevar a las pequeñas empresas a la quiebra. «En un momento de desaceleración económica este tipo de medidas contribuyen a una mayor ralentización y a incrementar la tasa de desempleo, en un país que presenta la tasa de paro más elevada de la UE (12% frente al 7,6% de media en la UE)», señala.
Fuente: ABC
