El Gobierno fijó por real decreto la metodología que debía seguir la AIReF en su evaluación de las pensiones este año y ha solicitado un nuevo informe para 2026
El pasado mes de julio la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) informó de que había recurrido a la Abogacía del Estado ante las sucesivas leyes ordinarias y reales decretos aprobados por el Gobierno que «trastocan el funcionamiento y la independencia» de la institución, particularmente en el ámbito de las pensiones.
La presidenta de la AIReF, Cristina Herrero, aseguró este martes en su comparecencia en el Congreso, en la Comisión del Pacto de Toledo, que el órgano administrativo encargado de prestar un servicio jurídico público estatal avala su tesis en un informe no vinculante. «Los informes tienen que ser los que dice la ley orgánica, ni uno más ni uno menos», dijo Herrero.
La AIReF recurrió a la Abogacía del Estado ante la «deriva» del Gobierno en la evaluación que debía hacer la institución independiente sobre la sostenibilidad de las pensiones tras la reforma diseñada por el exministro de Seguridad Social y actual gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá. La ley marca que debe hacer una evaluación cada tres años.
Tras especificar primero en un real decreto la metodología que debía seguir la AIReF en su examen (considerar las transferencias del Estado a la Seguridad Social como ingresos, actualizar los datos de PIB, y tener en cuenta el impacto de las reformas laborales), el Gobierno marcó por real decreto que la AIReF realizará un segundo informe en 2026 y fijó las pautas.
Detrás de este examen están los compromisos del Gobierno con la Comisión Europea, pues se recibieron fondos europeos a cambio de la reforma de las pensiones y la garantía de que mejora la sostenibilidad del sistema. Tras la primera evaluación, la propia AIReF ha cuestionado la metodología de cálculo de esa sostenibilidad y, por tanto, su mejora.
Según confirma la Abogacía del Estado, la AIReF «está sometida de manera estricta a una ley orgánica» que marca su actuación a través de informes, opiniones y estudios, delimitando los casos en los que se realizará cada tipo de publicación. Y son estos últimos los que pueden solicitar las administraciones públicas, no los primeros.
«Lo que venga por otra vía, como puede ser un decreto del Gobierno, no puede contravenir lo que la ley orgánica dice que tenemos que hacer», aseguró Herrero, que pidió ayuda al Parlamento ante esta «utilización privativa» de los recursos de la AIReF. Otro asunto es la especificación de la metodología a seguir en su análisis: «Nos dicen lo que hay que hacer», denunció.
Llenar la hucha de las pensiones con impuestos y deuda: «No lo entiendo»
Sobre las pensiones, la presidenta de la Autoridad Fiscal recordó los resultados de su evaluación, que indican que se cumple la regla de gasto marcada en la ley y, por tanto, se evitan ajustes, pero no mejora la sostenibilidad. Estima que el gasto en pensiones aumentará hasta el 16,1% de PIB en 2050, y el Estado tendrá que hacer mayores transferencias a la Seguridad Social.
Además, Cristina Herrero cargó contra el Gobierno por llenar la ‘hucha de las pensiones’, formalmente conocido como Fondo de Reserva, a base de impuestos y deuda, con transferencias y préstamos del Estado. El último préstamo se realizó este mismo mes de noviembre, por 10.000 millones, con motivo de la paga extraordinaria.
El gasto total en pensiones se sitúa cerca de los 15.600 millones de euros al mes (alrededor de 218.000 millones al año), y las cotizaciones sólo cubren alrededor de un 70% de esa factura. Esto ha llevado al Estado a financiar una parte cada vez más importante del gasto en pensiones, algo más de 60.000 millones de euros.
En la reforma de las pensiones se toman medidas que afectan al gasto, como la revalorización de las pensiones con el IPC y la derogación del factor de sostenibilidad, y otras a los ingresos. La que más aporta es el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), una sobrecotización que pagan todos los trabajadores desde 2023 sin generar derechos adicionales.
Esos ingresos ‘extra’ se destinan a llenar la hucha de las pensiones, que cerrará el año con 14.000 millones de euros, según el Gobierno. «Mientras la Seguridad Social tenga déficit, no entiendo que se amplíe el Fondo de Reserva», comentó Herrero. En su opinión, sin superávit esa hucha «no dice nada» en términos de sostenibilidad, como difunde el Gobierno.
