Fedea critica que se desvirtúa el análisis al incluir las transferencias del Estado
Al nuevo sistema de financiación de las pensiones le llega el momento de la verdad, o, al menos, un primer momento de la verdad. Las reformas realizadas en los últimos años han supuesto un aumento considerable de los gastos, en buena parte por la indexación de las pensiones con la inflación, que se quiso compensar con un incremento también de los ingresos.
Costó que Bruselas lo aceptara y solo lo hizo con el establecimiento de una denominada cláusula de cierre que se debe activar de forma automática si la diferencia entre ingresos y gastos se dispara más allá de un cierto límite. Es precisamente lo que este mes de marzo debe dictaminar la Airef, la autoridad fiscal, en el primer examen de un test que se llevará a cabo cada tres años. Si se sobrepasa esta frontera, fijada en el 13,3% del PIB de gastos netos de media en el periodo 2022-2050, se activa la cláusula y se deben tomar medidas adicionales. Se establece que primero, se intentará negociando entre Gobierno y agentes sociales, pero si no hay acuerdo, entonces interviene el automatismo y de todas maneras se aplicará un aumento de las cotizaciones de forma gradual en un periodo de cinco años para corregir el desvío.
Un primer test para la sostenibilidad de las pensiones que llega con polémica por el marco que el Gobierno ha fijado para que la autoridad fiscal establezca su cuantificación. En un real decreto del 19 de febrero, el Ejecutivo estableció que para la cuantificación de los ingresos se tendrían en cuenta las transferencias del Estado a la Seguridad Social, la elevación de las bases máximas, el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) y la cuota adicional de solidaridad. Un marco de juego que ha provocado críticas de algunos economistas que consideran que se está desvirtuando la cláusula de cierre al incluir en los ingresos partidas que, dicen, no correspondería.
Es el primer test de la cláusula de cierre automática que Bruselas exigió para aprobar la reforma
En concreto, se trata de los 20.000 millones anuales que, en concepto de gastos impropios, el Estado aporta a la Seguridad Social. Según Miguel Ángel García, investigador de Fedea y profesor de la Universidad Rey Juan Carlos, en el momento en que se establecieron los criterios de la cláusula de cierre ya estaba prevista esta transferencia del Estado y, por tanto, ya se ha incorporado en la previsión del gasto neto del 13,3% del PIB. Por lo tanto, afirma, “se está contabilizando dos veces la misma partida”. En concreto, señala que esta transferencia ya se aprobó en el 2021 y que los criterios se fijaron en el 2023.
“Lo que no puedes hacer es desvirtuar la cláusula de cierre”, argumenta Miguel Ángel García, que añade que “se falsifica la evolución futura porque el déficit va a crecer”. Como resultado, lo que anticipa este economista es que lo que va a pasar es que “no haces ajuste en el 2025, quedas bien a corto plazo, pero aumentas el déficit de pensiones, aunque de manera diferida”.
Una crítica que rechazan desde la Seguridad Social, que apunta que el real decreto lo que hace es detallar los que se entiende por ingresos del sistema de la Seguridad Social para la evaluación que debe hacer la Airef, y explica que “las fuentes de ingresos ya están por sí detalladas en el artículo 109 de la ley General de la Seguridad Social, desde hace mucho tiempo, por lo que en este desarrollo no introduce ninguna fuente nueva de financiación”. La tesis que defiende el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social es que el desarrollo reglamentario es el procedimiento habitual para detallar aspectos para la aplicación práctica de las leyes y que “no pueden en ningún caso modificar o ir contra la norma que desarrolla”.
El ajuste de las pensiones se aplicará si el gasto medio neto sobrepasa el 13,3% del PIB
Para elaborar su informe, la Airef tendrá que cruzar dos variables. Por un lado, la proyección del gasto de las pensiones, para lo que utiliza el Informe sobre envejecimiento que publicó el abril pasado la Comisión Europea; y por el otro, su valoración del impacto de las medidas adoptadas por el Gobierno para aumentar los ingresos de las pensiones. Si la diferencia supera el citado 13,3% del PIB de media en los años 2022-2050, entonces tiene que corregirse el desfase y enmendarse rápidamente. Las medidas tendrían que entrar en vigor a partir del próximo enero.
Primero se intentaría a través de la negociación con los agentes sociales, para desarrollar un proyecto de ley que entraría en vigor a partir del próximo año; una fase en la que está abierto efectuar la corrección por la vía de los ingresos o de los gastos. Pero, si no hubiera consenso sobre cómo abordarlo, se incrementarían las cotizaciones del Mecanismo de Equidad Intergeneracional en la cantidad necesaria para tapar el agujero detectado, en un aumento repartido en cinco años.
Elma Saiz confía en evitar la cláusula
“Todos los datos van en la buena dirección, mejoran las previsiones”, es el mensaje que repite la ministra de Inclusión y Seguridad Social, Elma Saiz, para sostener su tesis de que se evitará la activación de la cláusula de cierre. Una cláusula que se convirtió en elemento determinante para que la Comisión Europea aceptara en su momento una reforma de las pensiones que aumentaba de forma considerable los gastos. Era un cambio radical sobre la reforma del 2013, con el PP en el gobierno, cuando el factor de sostenibilidad ligaba el aumento de las pensiones a la evolución de la esperanza de vida. Entonces se primaba la sostenibilidad, algo que encantó a los técnicos de Bruselas, aunque se iba a una pérdida de poder adquisitivo del jubilado. La última reforma, en cambio, liga los incrementos a la inflación, lo que supone garantizar poder adquisitivo, pero pone más difícil sostener el sistema. Esto alarmó en Bruselas, que solo se tranquilizó con el carácter automático que se dio finalmente a esta cláusula de salvaguarda.
Fuente: La Airef dictamina este mes si hay que subir cotizaciones para pagar las pensiones
