Montero corrige a Calviño y detecta que la tensión inflacionista empezó en 2019
El encarecimiento de la energía ha provocado que el índice de precios al consumo (IPC) haya alcanzado cifras no vistas en las tres últimas décadas. Después de alcanzar el 9,8% en tasa interanual en marzo, el Ministerio de Asuntos Económicos, capitaneado por Nadia Calviño, calculó que el 73% de ese incremento era consecuencia de la invasión rusa de Ucrania. No obstante, el equipo de María Jesús Montero, ministra de Hacienda, ha detectado que las «tensiones inflacionistas» empezaron mucho antes del ataque a Kiev. «Se puede concluir, incluso, que las tensiones inflacionistas habían empezado a finales de 2019, pero que la pandemia las frenó», explica la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT). Es decir, pese al impacto de la invasión de Ucrania, Hacienda pone de manifiesto que el encarecimiento de los precios no ha sido algo derivado únicamente de la energía y que la tensión al alza se acumulaba desde hacía meses.
La recuperación de la actividad económica a nivel mundial y la crisis de suministros por el desacople entre la oferta y la demanda empezó a disparar los precios de las materias primas y de los transportes en 2021 en todo el mundo. A la vez se desencadenó una crisis energética por el incremento de la demanda de gas que se acabó trasladando a los precios de la electricidad. Cabe recordar que en junio, el Gobierno puso en marcha una serie de medidas fiscales para amortiguar el encarecimiento de la factura. En concreto, aprobó la reducción al 10% del IVA en el recibo eléctrico, la rebaja al 0,5% del impuesto especial sobre electricidad y la suspensión del impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica, medidas que se ha visto obligado a prorrogar hasta junio de este año.
Pero la Agencia Tributaria reconoce que los precios industriales y los de la alimentación empezaron a crecer en los meses centrales del pasado año y, por ello, descartan que la inflación se explique únicamente por la guerra y por la crisis energética.
Díaz y Escrivá chocan en la mesa de los becarios por el derecho a cobrar el paro
La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha manifestado públicamente su intención de que los becarios puedan cobrar el paro, pero el ministro José Luis Escrivá, responsable de diseñar las cotizaciones de empresas y trabajadores, no contempla ese derecho en la propuesta que, desde su ministerio, ha trasladado de manera particular a los agentes sociales.
Díaz y Escrivá han presentado dos propuestas paralelas a la patronal y los sindicatos. El borrador diseñado por el Ministerio de Trabajo plantea lo que ha bautizado como ‘Estatuto de las Personas en Formación Práctica en el Ámbito de la Empresa‘ y recoge una serie de derechos para quienes participen en actividades formativas de carácter práctico. Mientras, la propuesta elevada a la mesa por el Ministerio de Seguridad Social desarrolla la disposición adicional quinta del real decreto ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo, en la que estaba pendiente de concretar la cotización de las prácticas.
En concreto, el borrador de Escrivá establece que los universitarios y alumnos de formación profesional que realicen prácticas quedarán comprendidos en el régimen general de la Seguridad Social como asimilados a trabajadores por cuenta ajena, pero determina que «la acción protectora será la correspondiente al régimen de Seguridad Social aplicable, con la exclusión de la protección por desempleo y de la cobertura del Fondo de Garantía Salarial y por formación profesional». Y además fija que «en el supuesto de las prácticas no remuneradas se excluirá también la protección por la prestación de incapacidad temporal derivada de contingencias comunes».
Por su parte, el borrador de Yolanda Díaz establece una serie de derechos para los estudiantes en prácticas, como la compensación de los gastos de desplazamiento o manutención o el derecho una jornada y horario que respeten los límites y descansos, incluidos días festivos y vacaciones. Pero no habla en ningún caso del derecho a paro, que es un asunto que se seguirá debatiendo en la mesa del diálogo social y dentro del propio Gobierno. Tampoco se lanza a fijar una retribución mínima para los becarios, por lo que las prácticas no remuneradas seguirán existiendo, más allá de la compensación de gastos. Lo que sí limita es el número de becarios que puede haber en las empresas, hasta uno solo en empresas de menos de 10 trabajadores, hasta dos en las compañías con entre 11 y 30 empleados; hasta tres personas en prácticas en las empresas de 31 a 59 trabajadores; y hasta un máximo del 5% de la plantilla en compañías de más de 60 empleados.
