III OPINION DE LA AIREF SOBRE EL IMV: EL INGRESO MÍNIMO VITAL SE ESTANCA

Las políticas públicas no se juzgan por sus intenciones, sino por sus efectos.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal señala la “falta de avances” de la prestación y apunta que solo cubre el 17% de los hogares en pobreza severa

A diciembre de 2023, recibían esta prestación 342.856 hogares, “concentrándose los principales avances en el primer año” de su puesta en marcha, en mayo de 2020.

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) nació en 2020 con la mejor intención posible, como un nuevo escudo del Estado para defender a los más vulnerables. Fue uno de los mayores avances en derechos de la pasada legislatura, un salto del Gobierno de coalición que situó a España en el grupo de países que reconocen una prestación mínima estatal para vivir con dignidad.

La realidad política es que incluso el PP votó a favor en el Congreso y Vox se abstuvo. En el sentido de esos votos pudo tener algo que ver el caudal de literatura económica que reconoce la conveniencia de que todos tengamos asegurado un mínimo con el que vivir. El propio Consejo de Europa define las rentas mínimas como “un elemento clave de las estrategias para salir de la pobreza y la exclusión”, y reclama su puesta en marcha en los Estados. Es inhumano dejar caer a los que peores circunstancias tienen, y además es ineficaz y más caro: desde el fondo del pozo es mucho más difícil reengancharse al mercado laboral.

Sin embargo, pese a esas virtuosas intenciones, los efectos del IMV no son tan buenos como se esperaba. El informe difundido este miércoles por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) indica que solo el 36% de los potenciales beneficiarios recibió la prestación en 2023. Es más, un 56% de las personas con derecho al IMV ni lo solicitan. Estos datos son parecidos a los de 2022 y 2021.

Las cifras parecen pobres, pero tienen un matiz. A partir de los datos de la propia Airef se desprende que más de la mitad de las personas que podrían recibir el IMV y no lo han solicitado cuentan con otras ayudas públicas. Una parte de estas personas, la más importante, recibe prestaciones por desempleo; y otra, las rentas mínimas garantizadas de las comunidades autónomas. En concreto, antes de la puesta en marcha del ingreso mínimo vital, unas 239.000 familias eran beneficiarias de alguna renta mínima autonómica y, actualmente, entre ambas prestaciones suman ya más de medio millón, 513.871. La Autoridad destaca como punto a favor que sigue captando a hogares muy vulnerables, con una duración media de 30 meses y un 40% que lo reciben desde sus inicios.

Convendría hacer caso a muchas de las recomendaciones de la Airef, pero especialmente a las que piden evolucionar hacia “prestaciones de oficio” que tengan en cuenta todas las ayudas a las que tiene derecho un beneficiario y concederla en base a la situación económica presente y no la del año anterior. Una manera de asegurar que nadie se queda en la estacada.

Entre las propuestas presentadas por la AIReF se menciona la posibilidad de verificar los requisitos económicos con datos que estén más vinculados al presente y que ya tiene la administración, como son los referentes a las rentas del trabajo. El organismo defiende que este cambio ayudaría a mejorar la capacidad de la prestación para activarse ante situaciones de pobreza sobrevenida, a simplificar la definición de renta computable para el IMV al incluir solo las partidas relacionadas con el trabajo. Este cambio sería clave dado que «el diseño actual del IMV que generalmente toma la información del ejercicio precedente sin atender a la situación de vulnerabilidad real de los potenciales beneficiarios».

En la práctica, esto se traduce en que una buena parte de los beneficiarios no reciben la cuantía a la que tendrían derecho por su situación actual, ya que a pesar de que existe un mecanismo para solicitar que se tome como referencia el año en curso, este solo se ha aplicado en 3.964 de las 836.510 solicitudes presentadas y de los 198.300 expedientes aprobados. El motivo es que el artículo 11.5 de la ley que regula la prestación del IMV establece que si en el año previo se reunían los requisitos para percibirla, se usará este criterio a pesar de que se demande que se tenga en cuenta el actual.

En diciembre de 2023 había 342.856 hogares que recibían el IMV o el IMV y el Complemento de Ayuda a la Infancia que en el caso de añadir el número de familias que solo perciben la ayuda destinada a la infancia se equipara al total aportado por el ministerio de Elma Saiz. Por otra parte, la Airef calcula que al 65% de los beneficiarios se les revisó sus importes el año pasado y a un 7% se les dio de baja y se les pidió reembolsos de 3.000 euros de mediana.

Asimismo, al 30% de los hogares perceptores del IMV se les aplicó el incentivo al empleo, lo que ha supuesto sumar 2.400 euros de renta en mediana y menos revisiones. Además, solo a 3.964 hogares se les ha reconocido la prestación de acuerdo con los ingresos del año en curso.

La AIReF identifica que la definición del hogar es otro de los obstáculos que dificulta que la ayuda llegue a las familias que se encuentran en una situación de vulnerabilidad. El 25% de los expedientes son denegados por la unidad de convivencia debido a su concepción amplia que tiene en cuenta la situación económica de los familiares de segundo grado (abuelos, nietos y hermanos) y se basa en el padrón..

Además, cinco puntos porcentuales del 56% señalado anteriormente se corresponderían con las personas que no solicitan el IMV porque ya reciben una renta mínima autonómica. Mientras que en Cataluña, País Vasco o Canarias apenas ha variado el número de perceptores de la ayuda autonómica desde que se aprobó el IMV, en regiones como Madrid, Andalucía o Murcia casi se ha visto reducido a cero.

Iniciativas de mejora

El Ministerio de Seguridad Social que gestiona el IMV «valora positivamente todas las aportaciones a la evaluación de la prestación incluida en la tercera opinión de la AIReF». Estas conclusiones de la autoridad fiscal servirán como apoyo para la fase de estudio y mejora, apuntan y ha puesto en marcha varias iniciativas para dar a conocer la prestación y acercarla a los hogares más vulnerables. Para este verano se espera que esté en funcionamiento el teléfono de información 020 y, desde 2020, se han llevado a cabo 34 proyectos piloto de itinerarios de inclusión, en los que se han invertido 212 millones de euros.

Sin embargo desde el Ministerio no ven con buenos ojos la propuesta de la AIReF de conceder la prestación de oficio. “Es inviable y no recomendable”, señalan, “es una prestación que se configura en base a los miembros de la unidad de convivencia y no existen bases de datos que contengan información suficientemente precisa para que su tramitación se pudiese iniciar de oficio”. Es decir, aunque la solicite una única persona, se entiende como beneficiaria a toda la unidad de convivencia. “Se necesitarían cambios en la estructura de datos administrativos del conjunto del Estado y cambios legislativos”, indican.

Desde el ministerio señalan que el ingreso mínimo vital tiene una “especial incidencia” en la reducción de la pobreza infantil, con un 42,2% de receptores menores. De todos los hogares que han recibido la prestación en este tiempo, más de un millón, 543.000 han sido beneficiarios también del Complemento de Ayuda para la Infancia.