Los trabajadores capitalizarán todas sus cotizaciones, convirtiéndolas en su ahorro y depositándolo mes a mes en cuentas para la jubilación.
El sistema chileno de pensiones, basado en cuentas de ahorro individual, sigue esparciendo su influencia por el mundo. Holanda es el último país que se sube al carro del esquema de capitalización. La reforma fue aprobada en enero y, tras la celebración de elecciones generales, entró en vigor el pasado 1 de julio. La introducción del sistema chileno en suelo neerlandés contempla un periodo de transición de cinco años, de modo que su plena aplicación llegará en 2028.
Hasta ahora, el modelo en vigor se apoyaba de forma significativa en distintos elementos de ahorro privado, puesto que parte importante de la financiación de la jubilación de los trabajadores holandeses se financiaba con cargo a planes de pensiones nutridos de aportaciones periódicas por parte de las empresas. Sin embargo, el sistema ha dado un paso hacia el modelo de capitalización con el giro al esquema de las cuentas individuales de ahorro para la vejez.
Se estima que el modelo que acaba de ser derogado tenía un alcance del 80% de la fuerza laboral. Bajo el nuevo sistema, la totalidad de los trabajadores podrán acumular fondos en sus cuentas individuales y elegir distintos perfiles de riesgo para beneficiarse de la rentabilidad que pueden generar sus ahorros, invertidos durante toda la vida laboral.
Las ventajas de la capitalización
No hay que olvidar que, frente al modelo de reparto vigente en España, que simplemente toma las cotizaciones de los trabajadores y las transfiere a los jubilados, un modelo de capitalización permite ahorrar tales aportaciones mes a mes, durante un periodo de cuatro décadas, de manera individualizada.
Esta forma de vertebrar el ahorro privado tiene ventajas como (1) la rebaja de la «cuña fiscal» del empleo, con el consecuente aumento del salario neto de los trabajadores, (2) la plena sostenibilidad financiera de la Seguridad Social, con independencia de la evolución demográfica, o (3) el aumento de la inversión, con su consecuente efecto sobre el crecimiento y el empleo.
Pero lo cierto es que en el país andino, casi el 80% de las pensiones privadas está por debajo del salario mínimo y alrededor del 45% ni siquiera supera el umbral de la pobreza. Pero además dichas pensiones no se perciben durante toda la vida después de la jubilación, solo en los próximos 20 años.
En defensa del sistema de reparto de las pensiones públicas
El esquema de pensiones públicas basado en el sistema de reparto se encuentra sometido a un ataque constante por parte de la ortodoxia neoclásica y sus voceros mediáticos. Estos sistemas han funcionado bien en el pasado, sin embargo en la actualidad presentan una serie de problemas de financiación como consecuencia del envejecimiento de la población, la ralentización del crecimiento salarial, la caída de la productividad y los cambios en la distribución de la renta.
A partir de estos problemas reales, los responsables de las políticas públicas han ido proponiendo soluciones que implican un movimiento claro en favor de sistemas pre-financiados, total o parcialmente, que incluso lleve a una privatización de parte o de la totalidad del sistema.
La hipótesis de partida de la ortodoxia neoclásica es que la transición desde un sistema público de reparto a otro completamente financiado, público o privado, tendrá un efecto positivo real de dotar a las generaciones futuras de un mayor capital y un producto per cápita más alto, ya que debería producir un aumento del ahorro agregado y del stock de capital, lo que permitirá preparar a la economía para afrontar desarrollos demográficos futuros. En el corazón de este razonamiento se encuentra la causalidad neoclásica de que “el ahorro genera inversión”, frente al punto de vista postkeynesiano donde “es la inversión la que genera ahorro”.
En realidad, los problemas asociados al actual sistema de pensiones público de reparto, y que se deberían atacar, son otros: el estancamiento del crecimiento de los salarios, la desigual distribución de la renta, y la caída de la productividad. Remediar el estancamiento de los salarios y la desigualdad salarial, unido a un crecimiento de la productividad son, por lo tanto, partes intrínsecas que permitirían solucionar los problemas de las pensiones públicas bajo el sistema de reparto, sin necesidad de acudir a sistemas financiados y a sus efectos perversos.
