Es la caja de los truenos que nadie quiere abrir porque políticamente cuesta muchos votos. En España hay más de 9,9 millones de pensiones, de los cuales casi 6,3 millones corresponden a pensiones de jubilación y otros 2,4 millones a pensiones de viudedad que en la mayoría de los casos son “pensiones de jubilación heredadas”.
La pensión media de jubilación (1.249 € en 14 pagas) es más alta que el salario medio de una persona en activo. El gasto en pensiones mantiene la senda ascendente, alcanzando ya una factura mensual de 10.755,5 millones de euros en febrero 2022 El desembolso aumenta en este segundo mes del año un 4,8% en comparación con 2021, azuzado principalmente por el efecto del IPC en las revalorizaciones de las pensiones, y por la presión de las nuevas jubilaciones, que alcanzan pensiones mensuales en el régimen general de 1.629 euros.
Las últimas cifras de la Encuesta Anual de Estructura Salarial apuntan que el salario más frecuente en España se sitúa en torno a los 18.489 euros brutos. Esas nuevas jubilaciones de 1.629 euros mensuales equivalen a una nómina anual de 22.806 euros, lo que supone un 23,3% más que los salarios tipo de nuestro país
Bruselas lleva advirtiendo años a España de que debe cambiar el modelo de pensiones porque el actual es insostenible. Volvía a insistir en este sentido el FMI la semana pasada: actualizar las pensiones al IPC endeudará más aún una economía española que ya tiene un déficit superior al 10% del PIB y una deuda pública del 120% de su PIB.
Además de tener una longevidad de récord, el principal problema que tenemos es la tasa de sustitución, es decir, la pensión que le queda a un trabajador es la del 77% del último sueldo aproximadamente, cuando la media europea es del 46%, pero en esos países se compensa la pensión pública con planes complementarios de pensiones tanto individuales como de empresa, que en cualquier caso, son ahorros de los trabajadores que se deduce de su sueldo bruto. Según el INE, 4 de cada 10 trabajadores cobra menos que un jubilado medio, lo cual es un problema de productividad a escala nacional. Son datos, realidades, y también hay que mirar y cuidar a la sociedad que trabaja, porque es la que mantiene las pensiones actuales, pero no las suyas propias como muchos ingenuos aún piensan.
Además, hay que hacer frente a una realidad: el pensionista cobra de media 1,7 euros por cada euro que aportó en su vida laboral, pero en diez años el sueldo ha subido un 10,7% de media y las pensiones un 30%, por lo que tenemos un problema existencial que puede derivar en un estallido social si no se llega a un gran pacto de Estado haciendo frente a la realidad, sin maquillarla con tiritas cuando lo que se precisa es “pasar por quirófano”
Según datos del INE, casi 4 millones de personas que ahora están trabajando se jubilarán en 10 años. Es necesario que se promueva una cultura del bienestar financiero para que desde los 26 años hasta los 67 puedas vivir, disfrutar, pero mirar también al futuro, y el futuro no son sólo los hijos, sino también seguir siendo independiente económicamente en la vejez. Es decir, ahorrar. Algo que no todas las rentas pueden permitirse pero además no está interiorizado por la sociedad.
El Proyecto de Ley de regulación para el impulso de los planes de pensiones de empleo aprobado por el Consejo de Ministros el pasado martes 22 de febrero, nace sin el acuerdo de sindicatos ni empresas y con una letra pequeña en la se sigue penalizando ese ahorro.
De hecho, el 75% de los ciudadanos se encuentra sin ahorros con vistas a la jubilación. Además, uno de cada cuatro ciudadanos cree que tiene ahorros pero no suficientes para jubilarse. Y la gente ya comienza a dudar de que vaya a poder tener una pensión medianamente digna cuando se retire (por ejemplo, el coste de una residencia de ancianos no subvencionada es de 2.000 euros al mes).
Es común la idea de que la economía de un Estado es como la de una familia, pero al Estado se le permite endeudarse hasta niveles estratosféricos y las familias no pueden hacer lo mismo. A cierre de 2021 los españoles debemos en deuda pública 1,43 billones de euros (el 120% del nuestro PIB) casi 40.000 euros por cada ciudadano.
La única salida real a este problema estructural es explicarle a la gente la realidad de la situación para que pueda tomar medidas y un gran pacto de Estado a largo plazo pero diciendo la verdad.
HAY QUE DECIRLE LA VERDAD A LA GENTE: EL SISTEMA ES INSOSTENIBLE
