«Espero que el IMV sea un punto de inflexión y que sigamos avanzando sin retrasos», ha señalado la consejera Olatz Garamendi tras el acuerdo con el Estado
Tras el acuerdo para la transferencia del Ingreso Mínimo Vital (IMV) a Euskadi -que estará valorada en unos 188 millones-, el Gobierno de Iñigo Urkullu negocia ya con el de Pedro Sánchez para cerrar a corto plazo una negociación en torno a la cesión completa del régimen económico de la Seguridad Social, nunca hasta ahora puesta en manos de ninguna comunidad autónoma y que ha suscitado grandes controversias en el pasado por el carácter «único» de la caja de las pensiones.
En todo caso, aunque el Ejecutivo de Sánchez se ha comprometido a transferir a Euskadi todas las demás materias pendientes del Estatuto de 1979, en el caso de la Seguridad Social simplemente ha prometido que lo «estudiará». Además, el Estatuto ya acota que en ningún caso es posible una Seguridad Social propia vasca como la Ertzaintza u Osakidetza, sino que la comunidad autónoma puede asumir la «gestión» del «régimen económico», esto es, puede ejercer de pagador de las prestaciones que decide el Estado. De hecho, en el texto de 1979 se menciona expresamente el carácter unitario del sistema de pensiones español.
En realidad, ante las acusaciones de que este traspaso supondría la ruptura de la caja única de la Seguridad Social, la Administración vasca recuerda que no sólo ahora con el IMV sino que anteriormente ya se adoptaron decisiones que afectaban a cuestiones inherentes a la Seguridad Social, como la financiación de las prestaciones no contributivas de jubilación e invalidez –que desde hace décadas gestionan las diputaciones forales vascas- “y lo hacen si romper nada”.
El PNV hace años que tiene diseñado cómo sería su modelo de Seguridad Social y que quiere incluir en su proyecto de Nuevo Estatus con el que quiere actualizar el encaje territorial del País vasco en España. La Seguridad Social que se ha perfilado sería mixta, sustentada en un modelo que combine las pensiones públicas con las privadas. En el PNV llegaron incluso a ponerle nombre al órgano que se encargaría de su gestión, ‘Lagunkidetza’.
Hoy Euskadi no es autosuficiente para financiar sus pensiones. Anualmente el fondo común estatal debe entregar al País Vasco más de 4.000 millones anualmente para sufragarlas. En el caso del sistema diseñado en Sabin Etxea la sostenibilidad del modelo se plantea impulsando las Entidades de Previsión Social Voluntaria (EPSV).
Este modelo de ‘pensión complementaria’, que ahora el Gobierno Sánchez también quiere impulsar, tiene gran presencia en el País Vasco. El 49% de los trabajadores cuentan con este complemento en su convenio de trabajo. En total, más de 480.000 trabajadores. Además, más de 400.000 ciudadanos cuentan con ellas de forma voluntaria. Reforzar las bonificaciones fiscales para extender su uso sería uno de los procedimientos para asegurar la sostenibilidad de la futura Seguridad Social vasca.
