Se trataría de una ‘regla de oro’ para eludir esta partida
La Unión Europea trabaja conjuntamente para dibujar un nuevo escenario de reglas fiscales y control presupuestario tras el oasis de la pandemia, cuando se pausaron temporalmente las exigencias de déficit y deuda pública que deben perseguir los países miembros. Los grupos políticos del Parlamento Europeo llevan planteando desde verano sus posturas. En el control del gasto y los números rojos entra en juego la figura de la golden rule o regla de oro, una herramienta que pretenden defender los socialistas europeos para excluir el gasto en pensiones de estas exigencias presupuestarias. Pese a que los socialistas han evitado pronunciarse, así lo confirman fuentes de Bruselas. Los liberales rechazan lo que consideran “una mentira sobre los cálculos”.
A través de esta regla de oro convertirían la partida de las pensiones en un desembolso “privilegiado”, explican desde Bruselas, asegurando que al descontar estos gastos o inversiones -aludiendo el carácter socioeconómico- maquillaría las cuentas del país. En el caso de las pensiones es un gasto crítico durante las próximas décadas por el retiro de la generación del baby boom, cuyo efecto será más notable en la década de 2030 en Europa y en la de 2040 en España.
No sólo hay movimiento por la parte socialista, sino que los verdes quieren plantear algo similar con los gastos o inversiones que tengan carácter medioambiental bajo el respaldo de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) o el Pacto Verde Europeo que, de cara a esta década, son un pilar básico en la Comisión Europea.
Estas mismas fuentes del Parlamento Europeo entienden que la golden rule propuesta por estos dos grupos supondría descontar como deuda o déficit los gastos en pensiones o en aspectos medioambientales distorsionaría, por tanto, la vuelta a la rigidez fiscal que plantea la Comisión Europea para recuperar la estabilidad de las cuentas de algunos países señalados, como España, que superan el objetivo de déficit del 3% y rebasan el 60% de deuda pública que exige el Tratado de Maastricht.
Del lado liberal, tanto los socialistas como los verdes encuentran la oposición a estas propuestas que ya se están comenzando a defender en el Europarlamento. Eva Poptcheva, eurodiputada de Cs -dentro de Renew Europe- es vicepresidenta de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y recuerda su postura a elEconomista.es. Señala que “como liberales no estamos de acuerdo porque queremos buscar el equilibrio entre flexibilidad y posibilidad: excluir del cálculo los gastos que crean agujeros en las cuentas distorsiona la realidad y no nos aporta nada”, explica. “Sería una mentira sobre los cálculos”, sentencia.
Una de las voces fuertes dentro de los liberales es Christian Lindner, el ministro de Finanzas alemán, que más allá de posicionarse en contra de incluir gastos estructurales como gasto privilegiado va más allá y propondrá incluir objetivos fijos de deuda ajustados a cada país. Este planteamiento conviviría con la movilización de inversión pública y también privada en tecnologías con cero emisiones netas, según un documento de propuestas de los liberales a la Comisión de Presupuestos.
Una de las partidas más gruesas de los Presupuestos españoles son las pensiones, recogidas dentro de la Administración de la Seguridad Social. Como tal, el sistema es deficitario desde hace más de una década. Si bien es cierto que en la reciente reforma de las pensiones se aprobó la separación de fuentes de financiación que implica que la Seguridad Social deja de hacerse cargo de las prestaciones de carácter no contributivo, que no deberían ser asumidas mediante los ingresos por cotizaciones sociales. Para ello recibe transferencias del Estado que, sin embargo, no cubren únicamente los gastos no contributivos.
Recientemente el ‘think tank’ Fedea analizó las cuentas de la Seguridad Social, revelando un déficit de unos 4 puntos del PIB al excluir estas ayudas del Estado. En los siete primeros meses del año, al ejecución presupuestaria muestra un creciente peso de los traspasos de estos traspasos del Estado a la Administración de las pensiones que, sin duda, alteran las cuentas.
Tras la propuesta de la Comisión Europea en abril, los plazos legislativos enmarcan ahora la negociación entre los países y el siguiente paso será la negociación en el Parlamento Europeo, tal y como informa la corresponsal en Bruselas de este medio, Lidia Montes. Pese a estos plazos, tal y como confirman desde Bruselas, los grupos ya están allanando el camino para defender sus propuestas.
Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, emitirá los expedientes de cada país en primavera de 2024 y tendrán carácter retroactivo desde otoño del actual ejercicio.
La AIReF se pronunció
Varios países realizaron propuestas a través de sus organismos independientes de control fiscal. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) lo hizo en octubre en el caso español y sus homólogos en otros países europeos.
Bajo cada mandato, los Gobiernos serían responsables de marcar un ancla, es decir, un ritmo de reducción de la deuda para alcanzar un objetivo de deuda sobre el PIB la incorporación de una senda de gasto primario neto máximo a cumplir cada año de legislatura, ajustado anualmente en el techo de gasto y los Presupuestos. Un tope para la senda de gasto que podría ampliarse a través de medidas que mejoren los ingresos públicos.
El mayor peso de esta reducción de deuda, por tanto, lo marcarían las medidas anuales que cada Gobierno destine a bajar el déficit y se adaptaría la senda de ajuste fiscal a la situación de cada país.
Fuente: El Economista
