Cuando apenas queda un mes para cerrar un acuerdo que pueda traducirse en la aprobación de una ley antes de que finalice el año, tal y como España se ha comprometido con la Comisión Europea para liberar la llegada de los Fondos de Recuperación de Bruselas, las autoridades comunitarias han exigido al Gobierno español que envíe un informe sobre los avances alcanzados hasta la fecha en una de las reformas clave, la del mercado laboral.
Ya en su informe sobre el Plan de Recuperación español, los técnicos de la Comisión advirtieron de la necesidad de que el diseño final de la reforma “sustente la competitividad y la creación de empleo, principalmente al asegurar que las empresas puedan ajustarse rápidamente a la evolución de la economía y que los salarios respondan a las coyunturas que afecten a la productividad a medio plazo”.
Además, en los cientos de páginas redactadas por los técnicos de Bruselas se insiste en que la reforma, como todas las que se realicen en materia laboral, debe llevarse a cabo “con total respeto del diálogo social y siguiendo un enfoque integral que equilibre la necesidad de flexibilidad y la de seguridad en el mercado de trabajo, en apoyo de una recuperación generadora de empleo“. El informe más reciente sobre España recordaba la necesidad de preservar los elementos de las reformas del mercado de trabajo introducidas en 2012-2013 que han desempeñado un importante y reconocido papel en el impulso de la recuperación económica generadora de empleo iniciada en 2014. Todo un espaldarazo directo a la legislación del PP y todo un varapalo a las intenciones de Díaz.
Más allá del malestar que pueda haber en el Gobierno por la actuación unilateral de Yolanda Díaz en la mesa de diálogo social, a Calviño, como Vicepresidencia económica, le preocupa que el contenido del borrador va en la dirección contraria de lo que exigen a España las autoridades europeas. Y es que Bruselas puso coto a los planes de Díaz desde el minuto uno y le pidió al Gobierno que elabore una evaluación ex-ante que identifique las deficiencias existentes en la actual arquitectura de negociación colectiva y que los cambios que finalmente se lleven a cabo no den lugar a obstáculos desproporcionados para que las empresas se adapten al ciclo y respondan a la evolución de la productividad.
Desde Trabajo aseguran que se está ultimando esa evaluación que debe identificar las deficiencias existentes en la actual arquitectura de negociación colectiva y que será remitida a la Comisión Europea próximamente. Pero esa documentación tiene que pasar primero por el departamento de Asuntos Económicos y es en este proceso en el que Calviño ha detectado algunas deficiencias que podrían poner en riesgo la evaluación de las autoridades comunitarias y, en consecuencia, la liberación del nuevo tramo de 10.000 millones de euros vinculado, en parte, a la consecución de hitos en la reforma laboral. “Si se incumplen los compromisos con Bruselas el plan, que está avalado tanto por la Comisión como por el Consejo Europeo, descarrila”, advierten fuentes gubernamentales que insisten en que el Ejecutivo “debe trabajar unido y con responsabilidad económica”.
Hace una par de semanas representantes de la Comisión acudieron a España y pudieron comprobar in situ que el acuerdo en materia laboral no está ni mucho menos cerca. Si algo dejaron claro es la necesidad de que la reforma laboral sea pactada y, para ello primero tiene que haberlo en el seno del Gobierno, algo que en estos momentos tampoco es una realidad. Para Bruselas es tan importante el consenso social para que la reforma sea duradera que estarían incluso dispuestos a flexibilizar el plazo inicial (31 de diciembre), aunque el retraso en el cumplimiento de los hitos supondría un aplazamiento del desembolso de los 10.000 millones vinculados a esta reforma y a la de las pensiones. Sin embargo, fuentes gubernamentales mantienen el calendario y descartan un atraso en el ingreso de estos fondos
Calviño ha cambiado de marcha porque tiene prisa por cerrar este paquete, pues Bruselas no entra en polémicas sobre la derogación o no derogación de la reforma laboral del PP, más allá de la evidencia de que lo que más valoraron las autoridades europeas de aquella legislación todavía vigente fue la flexibilidad de la que dotó a las empresas. Lo que pide la Comisión Europea es que se cumpla lo acordado en el Plan de Recuperación y que se ponga el foco en la reducción de la excesiva temporalidad del mercado laboral patrio. Y además le exige a España que traslade cuanto antes los informes sobre los avances obtenidos en las reformas porque fue precisamente nuestro país el primero en remitir sus planes a la capital belga y ahora le toca presentarse al primer examen. De ahí las prisas.
Cabría la posibilidad de trocear la reforma, como se ha hecho en el caso de las pensiones, priorizando ahora las medidas relacionadas con la reducción de la temporalidad y al que se podrían sumar otros aspectos ligados como el desarrollo del nuevo Mecanismo de Sostenibilidad del Empleo que empezará a operar el año como herramienta de flexibilidad interna en las empresas complementaria a los ERTE. Los temas más espinosos de la reforma laboral del PP podrían dejarse para más adelante. De momento, el presidente Pedro Sánchez ha respaldado a la titular de Economía, precisamente desde Bruselas, descartando cualquier tipo de injerencia y argumentando que la reforma laboral es un asunto que compete a todo el Gobierno. Pues aunque la reforma laboral es una competencia directa del Ministerio de Trabajo, es la vicepresidenta primera la que coordina la política económica del Gobierno y todo lo que tiene reflejo en la economía pasa por ella. En definitiva: “si negocia el Gobierno, negocia el Gobierno”.
“Cortar las alas” al socio-competidor electoral
El primer paso del enfrentamiento lo dió dado Nadia Calviño el jueves por la noche, cuando informó a Yolanda Díaz en un correo electrónico de su nuevo papel como coordinadora de la reforma laboral, algo que causó indignación en Unidas Podemos. Ese día, Calviño había afirmado por la mañana en el Congreso de CCOO que la negociación de la reforma laboral estaba por iniciarse y redujo a “contactos preliminares” los meses de diálogo social del Ministerio de Trabajo y los agentes sociales.
Lo cierto es que la vicepresidenta económica ha evidenciado en múltiples ocasiones que no comparte el discurso del Gobierno de coalición sobre la necesidad de derogar la legislación laboral de Mariano Rajoy. De forma muy visual, con los ojos al cielo que siguieron a la afirmación de Yolanda Díaz de que derogaría esta regulación en una sesión de control en el Congreso. Pero también frenando el acuerdo de los partidos del Ejecutivo con EH Bildu para acelerar el desmontaje de la legislación del PP en el debate de los Presupuestos de 2021. O, mucho antes, en 2018, cuando en un acto con inversores internacionales en Londres valoró los “efectos positivos” de la ley de Mariano Rajoy por la “mayor flexibilidad” que dio al mercado de trabajo
La sonada “espantada” de Pablo Iglesias y el cambio de Gobierno de hace ahora cien días empoderó a Yolanda Díaz, cuyo carisma nadie discute y que es la ministra que más consenso social actual tiene en la ciudadanía. Por eso no hay que olvidar que este enfrentamiento interno en el Gobierno de coalición se produce precisamente cuando Díaz ya ha hecho público que su futuro político pasará por crear una plataforma más amplia que la que conforma el actual Unidas Podemos, con la idea de optar incluso a la presidencia del gobierno. Su acercamiento a Ada Colau , a Mónica Oltra y a Manuela Carmena ha ampliado su radio de acción nacional en su proyecto de unir a la izquierda del PSOE.
Vale considerar que, tras los 11 acuerdos con los agentes sociales de los que siempre ha presumido Yolanda Díaz, este último enfrentamiento con Nadia Calviño, azuzado por Belarra en las redes sociales, puede marcar un punto de inflexión importante en el futuro político de la ministra. Es preciso recalcar que Yolanda Día no pertenece a Unidas Podemos ni a Izquierda Unida, hoy por hoy es militante del Partido Comunista y además “atada” a CCOO, que es donde desarrolló su carrera de laboralista y la casa en la que creció desde su más tierna infancia entre el humo del tabaco de las asambleas del metal contra la reconversión industrial de la comarca de Vigo. Díaz y Calviño coexisten en el Gobierno pero habitan dos planetas distintos. Y, a diferencia de lo que sucedió en la primera mitad de la legislatura, donde todo era pandemia, la caída de los contagios han abierto un nuevo escenario político con los miles de millones de los fondos de Bruselas para hacer política más allá de la emergencia. Y la vicepresidenta segunda prometió hace un par de semanas en la fiesta del PCE que lo urgente es derogar la reforma laboral del PP, un compromiso fundacional de la coalición, que Sánchez llegó a refrendar con EH Bildu en una de las prórrogas del estado de alarma, y que se había ido aparcando en medio de la crisis sanitaria.
Tampoco hay que olvidar, en clave electoral, que este contencioso se produce tras al menos 6 derrotas del PSOE frente a UP: regulación de los alquileres, tipo mínimo en el impuesto de sociedades, incremento del SMI, medidas para contener el precio de la electricidad, la ley trans, prórroga antidesahucios y suministros básicos. La pretensión de marcar distancias de cara al horizonte electoral de 2023 comienza a condicionarlo todo, no en vano Calviño (que no milita en el PSOE) en el reciente 40 Congreso Federal del PSOE sacó pecho del éxito de los ERTE, arrebatando una de las banderas de Yolanda Díaz.
No obstante, en cualquier caso, fuentes del entorno comunitario aseguran que la claridad con la que Pedro Sánchez ha dado este viernes su apoyo a Calviño a la hora de marcar el paso para el cambio “prudente” que hay que hacer en la reforma laboral, frente a la radicalidad de Díaz, es un mensaje claro para que la titular de Trabajo no se precipite en este enfrentamiento interno en el Gobierno por sus ansías de acelerar su candidatura a la propia presidencia de un futuro Gobierno tras las próximas elecciones generales.
