Feijóo anuncia que el PP apoyará la última reforma de las pensiones pactada por el Gobierno con sindicatos y patronal y defiende la continuidad del MUFACE

El líder de la oposición asegura que no está de acuerdo en cómo se hizo, pero si en el contenido

Bildu y Podemos votarán en contra del decreto para compatibilizar pensión y empleo 

Se declara «a favor» de mantener Muface porque la sanidad pública «no puede asumir un millón de ciudadanos más»

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado este martes que su partido apoyará la reforma de pensiones que el Gobierno pactó con patronal y sindicatos el pasado mes de septiembre, cuya convalidación se va a votar en el Congreso la semana que viene. «No estamos de acuerdo en cómo se hizo, pero sí en el contenido: hay un acuerdo entre patronal y sindicatos y, aunque creemos que esos acuerdos también se tienen que llevar y negociar en la cámara, entendemos que es un aval suficiente para que el PP se posicione a favor de ese decreto», ha asegurado en un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum, en Madrid. Este «aval es suficiente» para que el PP vote a favor del real decreto ley que se debatirá en la Cámara Baja el próximo miércoles 22 de enero

 

«Hay aquí muchos diputados, no sé si ha habido reunión del grupo [del PP], y que venga yo a decir qué vamos a votar 136 me parece inadecuado. Yo sí sé lo que va a votar el diputado 137, que soy yo, y espero convencer al grupo», ha añadido, para resaltar que «es necesario reunir al grupo y formar la posición definitiva». Pero la decisión está tomada y es favorable.

Un pacto firmado en verano

La nueva reforma de pensiones recoge materias que quedaron pendientes tras los cambios aprobados en 2022 y 2023, cuando se volvió a vincular la subida de las pensiones a la inflación. Por ejemplo, se mejorarán los incentivos para demorar la edad de jubilación, haciéndolos compatibles con la jubilación activa y se establecerá un nuevo procedimiento para el reconocimiento de coeficientes reductores de la edad de jubilación en actividades con elevados índices de penosidad, toxicidad, peligrosidad o insalubridad, entre otros cambios.

Los últimos cambios en pensiones, que salieron adelante tras casi un año de negociaciones, buscan ahorros en pensiones en un momento de extrema debilidad económica del sistema. Y para ello hay reformulaciones en la jubilación parcial y cambios en la modalidad de retiro activo. El acuerdo se acompañó de un nuevo procedimiento para establecer los coeficientes para adelantar la jubilación sin recortes en las profesiones penosas o peligrosas; y un sistema de colaboración con las mutuas que intenta frenar la escalada de absentismo pero que sigue reservando las bajas a la sanidad pública.

El pacto, firmado en verano, incluye medidas para compatibilizar el salario y la pensión a través de las distintas modalidades de jubilación: la jubilación activa, demorada y parcial. Tendrá efectos desde el próximo 1 de abril si el Congreso de los Diputados aprueba, definitivamente, los cambios en la ley.

Estas son las principales novedades que se acordaron en el diálogo social y que los populares apoyarán:

Jubilación parcial
Se amplía de dos a tres años la opción de anticipo del retiro respecto a la edad ordinaria de jubilación que corresponda en función de la carrera de cotización, con límites en la rebaja de jornada, que el primer año estará entre un 20% y un máximo del 33% para aquellos que anticipen más de dos años el acceso a la jubilación. La reforma permitirá concentrar esta jornada recortada, previo pacto con la empresa, y se mejoran las condiciones del trabajador relevista (en los casos de jubilación parcial con contrato de relevo) que tendrá que tener un contrato fijo y completo. Los cambios en este caso se acompañan de la ampliación hasta el año 2029 de la actual regulación de la jubilación parcial anticipada de los trabajadores de la industria manufacturera, con condiciones más ventajosas que para el resto de sectores.

Retiro activo
Es otra de las fórmulas para acceder de una forma progresiva al retiro, una modalidad que permitía a asalariados y autónomos seguir trabajando una vez jubilado y cobrar al tiempo el 50% de la pensión (el 100% en el caso de los autónomos con trabajadores a su cargo). Ahora se elimina el requisito de tener una carrera de cotización completa, es decir haber generado el derecho a cobrar el 100% de la base reguladora, lo que facilita su acceso para las mujeres, con carreras de cotización más cortas. Además se mantiene un año de espera para poder acceder a este retiro activo desde que el trabajador se jubila y, a partir de ese primer año, cobrará 45% de la pensión en el primer ejercicio; el 55%, el segundo año; el 65% en tres años; el 80% en cuatro años y el 100% en cinco años. Para los autónomos con asalariados, sin embargo, el cobro de esta compatibilidad se recortará del 100% al 75% en el primer año que se reciba, pero irá aumentando anualmente en 5 puntos hasta el 100%.

Prolongar la vida laboral
Una novedad que incluyen los cambios es que se podrán compatibilizar los incentivos a la jubilación demorada y la jubilación activa. En el caso de la jubilación demorada se establece la posibilidad de recibir un nuevo incentivo adicional por cada seis meses de retraso a partir del segundo año, sin tener que trabajar todo un año completo para poder recibir dicho incentivo, que pasa a ser del 2% si se ejercita a los seis meses y se mantiene en el 4% si se trabaja todo un año demás, como ocurre en la actualidad. También se mantiene la posibilidad del cobro mixto, es decir una parte en incremento de la pensión y otra en abono de una cantidad a tanto alzado.

Actividades penosas
Habrá mejoras y también certidumbre en la jubilación para profesiones penosas, tóxicas o de riesgo. La nueva norma evita que estos colectivos tengan que solicitar y negociar con la Seguridad Social, como ocurre hasta ahora, unos coeficientes que les permitieran adelantar su retiro sin penalización de sus pensiones, a diferencia de las jubilaciones anticipadas ordinarias en las que si se recorta la pensión por el adelanto. Habrá un nuevo procedimiento para el reconocimiento de los coeficientes reductores, además de determinados indicadores objetivos, que se complementarán con otros adicionales e informes epidemiológicos.

Fijos-discontinuos
El decreto con la reforma que se convalidaré en el Congreso incluye también mejoras de cotización para los trabajadores con un contrato fijo-discontinuo. Se recuperará el coeficiente multiplicador del 1,5 para este colectivo y se establece que los fijos discontinuos con contrato a tiempo parcial se beneficien también de la regla general de parcialidad, que hace que cada día de alta en la Seguridad Social suponga un día completo cotizado.

Absentismo laboral
El Gobierno y los agentes sociales dieron también en julio pasado el visto bueno a un acuerdo de colaboración con las comunidades autónomas que implicará más participación de las mutuas para frenar la escalada del gasto en las bajas laborales, que aleja la posibilidad de que estas entidades colaboradoras de la Seguridad Social puedan dar altas. La colaboración se circunscribe a los procesos traumatológicos, los más frecuentes y de mayor duración. Ahora se establece una hoja de ruta que en todo el proceso monitorizarán los médicos de la sanidad pública, a los que se sigue reservando los procesos de alta y baja de los trabajadores, y que llevará como condición que el paciente de su consentimiento para que la mutua supervise su caso.

PARTIDARIO DE MANTENER MUFACE
   Por otra parte, el líder de la oposición se ha mostrado «a favor del modelo Muface», porque «en este momento la sanidad pública, con la ausencia de médicos, de atención primaria, de urgencias y con algunas especialidades, no puede asumir un millón de ciudadanos más».
    «No tenemos capacidad instalada en el sector público para asumir esos pacientes. Por tanto, sí estamos de acuerdo en mantener el modelo», ha reafirmado.
   Feijóo ha expuesto que es un modelo que genera una cierta competencia en el sector y del que dependen un millón de funcionarios, agregando que cuando el sistema no tiene recursos para atender, genera una larga lista de espera: «El no atender a un ciudadano es la privatización real de la sanidad».

Ha hecho además hincapié en que en el Gobierno hay división entre la ministra de Sanidad, Mónica García, de Sumar, que «quiere acabar con el modelo», y el PSOE, que lo «quiere mantener».

 

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