Asegura que sería una revalorización “más justa para los más vulnerables y para los jóvenes”
Con esta propuesta, la mitad de los pensionistas verían crecer su pensión más que con la revalorización del Gobierno
La Fundación de Estudios de Economía Aplicada propone una revalorización “excepcional” de las pensiones gradual en función de la cuantía de las prestacione y no el IPC –8,5% tal como sugiere el Gobierno–, para que sea “más justa”. De esta forma, para 2023 sugiere que las pensiones más altas suban en torno a un 2,5% y las más bajas se incrementen un 11%.
En un trabajo publicado por los expertos de Fedea, bajo el nombre de Una Propuesta de Revalorización de las Pensiones más justa para los más Vulnerables y para los Jóvenes, la entidad subraya que, dada la situación económica actual, el esquema de revalorización de las pensiones que plantean sería “más justo” que el actual para los mayores más vulnerables y para los jóvenes y permitiría un ahorro fiscal de 6.225 millones de euros sólo en 2023.
Los autores proponen, de forma excepcional, sustituir la revalorización generalizada de todas las pensiones con el IPC por una subida en función de la cuantía de la pensión. En concreto, la propuesta sería:
- Pensiones mínimas (inferiores a 800 euros) suben más que la inflación, un 11%
- Revalorización gradual en tramos medios: Desde este 11% hasta al 2,5% a las pensiones entre 800 y 1.400 euros mensuales
- Pensiones que superen los 1.400 euros: subida del 2,5%, la misma que se ha establecido para los funcionarios públicos
En resumen, la fórmula que propone Fedea implicaría que más de la mitad de los pensionistas recibieran una revalorización mayor al 8,5% que se estima que marcará la inflación, mientras que el resto tendrían que soportar una subida menor al IPC que se compensaría cuando la situación económica se normalice en el futuro. De esta forma, las pensiones más elevadas pasarían a formar parte del pacto de rentas, como ha recomendado el Banco de España en reiteradas ocasiones.
“Cabe señalar que la pensión máxima (39.500 €) supera en casi 15.000 euros el salario medio en España (25.125 €) y en más de 5.000 € el salario medio de los empleados públicos (34.608 €). Por lo tanto, señalan que una subida generalizada del 8,5%, supone un aumento de 860 euros para los que perciben una pensión mínima, pero un aumento de 3.350 euros, para los que perciben la pensión máxima. “Es decir, con la subida generalizada, los que tienen la máxima pensión perciben prácticamente cuatro veces más que los que tienen la pensión mínima”.
La Seguridad Social destinará 224.690 millones de euros al pago de pensiones y prestaciones de los que 190.083 millones serán para pensiones contributivas (87,7%), no contributivas (1,5%) y las del régimen de las clases pasivas del Estado (10,8%).
Fedea defiende que este sistema es más “justo que el actualmente previsto para los mayores más vulnerables y para los jóvenes”. No solo es “más solidaria con los más vulnerables” ya que todos los pensionistas con pensión inferior a 1.000 euros mensuales, el 52%, verán incrementada su pensión en una cantidad superior al 8,5% previsto por la ley, sino que supone un ahorro fiscal de 6.225 millones en el año 2023 que “será mucho mayor en el medio plazo”, favoreciendo la equidad entre las generaciones.
Desde Fedea estiman que en total, y teniendo también en cuenta las incorporaciones de pensiones más cuantiosas en el futuro, su propuesta permitiría un ahorro de 6.225 millones de euros respecto a lo que plantea el Ejecutivo. De ellos, alrededor de 5.000 procederían de las pensiones contributivas y los 1.225 restantes de las clases pasivas (el sistema de pensiones de los funcionarios).
Casi todo ese ahorro vendría del recorte en la subida a las prestaciones de más de 1.400 euros. Subiéndolas solo un 2,5% (y sin tener en cuenta las nuevas entradas de pensionistas previstas en el sistema) el Gobierno se ahorraría 4.881 millones de euros. A los que habría que sumar otros 800 millones en el segundo tramo. Por el contrario, la revalorización de las pensiones de hasta 1.000 euros supondría un gasto extra de 927 millones en comparación con el proyecto de presupuestos.
En todo caso, la propuesta de Fedea se limitaría exclusivamente a la revalorización que se aprobará este año de cara al siguiente. No obstante, creen que en circunstancias económicas normales lo recomendable es que las pensiones suban o bajen conforme al IPC para que los pensionistas no se empobrezcan. “Nadie pone en duda que el sistema debe evitar que las pensiones pierdan poder adquisitivo”, señalan los autores del informe.
Este ahorro permitirá un uso más racional de los recursos y su utilización en medidas que beneficien a los jóvenes. Se puede usar para reducir el nivel de Deuda Pública, que no es otra cosa que facturas impagadas que se han pasado al futuro, es decir, a los jóvenes.
Es importante señalar que, de mantenerse el aumento de tipos de interés registrado en 2022 en los próximos años, el gasto en intereses se incrementará en más de 20.000 millones en 2025, respecto al registrado a cierre de 2021, por lo que debe ser prioritario reducir a una velocidad mayor el déficit público. Y esto es más prioritario, si cabe, dado que solo el Tesoro, con la deuda pública que hoy ya tiene emitida, tendrá que refinanciar en los próximos 4 años (2023-2026) más de 500.000 millones de euros. O, alternativamente, estos recursos se podrían utilizar en otras políticas que favorezcan a los jóvenes, como, por ejemplo, incrementar el presupuesto en educación pública para situarlo en la media de los países industrializados.
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