¿ESTAMOS DE ACUERDO O NO CON LA SUBIDA DE LAS PENSIONES?

Es una cuestión falaz porque todos estamos de acuerdo en que aumenten las pensiones cuanto más mejor, igual que también queremos que suban nuestros salarios, las acciones de nuestra cartera de valores o nuestras inversiones inmobiliarias si las tenemos. Si preguntamos si estamos a favor o en contra de tener mejores hospitales, más centros educativos o más ayudas contra la dependencia, la respuesta es siempre la misma como no puede ser de otra forma. Por tanto, la cuestión no es esta.

 

Lo cierto es que la tasa de reemplazo (pensión bruta respecto al salario) se ha elevado ya al 80,4% en España, solo superada en cuatro décimas por Grecia (80,8%). Respecto al último informe publicado en 2021, España ha pasado de tener la séptima tasa de reemplazo bruta más elevada (73,9%) a la segunda, superando a Italia (en tercer lugar, con una tasa del 76,1%). Es decir, se ha elevado en 6,5 puntos en dos años. Este indicador refleja que la pérdida de poder adquisitivo que sufren los jubilados cuando abandonan el mercado laboral es cada vez menor. En el conjunto de la OCDE la tasa se sitúa en el 50,7%, lo que significa que en la media de los países reciben prácticamente la mitad de lo que cobraban como trabajadores.

 

Lo cierto es que las pensiones ya se comen en seis meses el gasto de todo un año antes de la crisis financiera. La subida de 2024 acarreará un coste adicional de otros 7.000 millones de euros, aproximando la factura anual a los 200.000 millones.

 

Se prevé que España cierre 2023 con un déficit del 3,9% del PIB, y las proyecciones económicas indican que en 2024 y 2025 los déficits serán del 3,25% y 3% respectivamente. Eso significa que ya sabemos y aceptamos la necesidad de endeudarnos en 84.000 millones de euros adicionales, incrementando así la deuda pública.

 

La magnitud de estos números indica que la ratio de déficit respecto a ingresos, se estima en un 12% anual. Ello quiere decir que gastamos un 12% más de lo que ingresamos de manera recurrente. No es imaginable que ninguna familia o empresa se pueda asumir para los próximos tres años un escenario en el que, para “sobrevivir”, se tenga que endeudar en estos porcentajes. Eso es literalmente muy poco responsable.

 

El Estado juega con ciertas ventajas porque puede aumentar sus ingresos de un día para otro aplicando tasas o impuestos, lo cual le permite tener una flexibilidad que el resto no tiene, pero el problema radica en la tendencia gradual del país hacia una situación difícil de revertir, como lo demostró la crisis de 2012.

 

Actualmente, los gastos del Estado están creciendo gradualmente debido a los costos financieros de la deuda existente, que ya representan un 8% de los ingresos y siguen aumentando por la subida de los tipos de interés. Esta situación hace que la nueva deuda genere más intereses que la anterior.

 

No es de recibo socialmente que se congelen las pensiones pero sí parece necesario que las finanzas públicas sean manejadas con mayor rigor para que cierto gasto más a largo plazo se pueda realizar. De lo contrario, los primeros recortes afectarán a aquellos sectores percibidos como menos productivos a corto plazo.

 

El reto al que se enfrenta nuestro país en los próximas décadas es enorme. Tendrá una población envejecida y menos trabajadores sosteniendo el sistema público de pensiones (dentro de 29 años tendrá 77 jubilados por cada 100 habitantes en edad de trabajar, y en 2082 esa proporción se elevará a 85 por cada 100). Con este panorama cada vez más voces alertan de que se traspasa todo el riesgo económico a los futuros contribuyentes, se aumenta el desequilibrio intergeneracional, y se pone en cuestión el mantenimiento del nivel de cobertura actual, el mayor de los países desarrollados.

 

Es evidente que las pensiones, al igual que los salarios y las inversiones, necesitan aumentar. Pero también es esencial cuestionarnos cómo se financiarán estos incrementos. La clave está en equilibrar las necesidades inmediatas con las inversiones a largo plazo que asegurarán un crecimiento sostenible y competitividad a nivel global.

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