Quien solo se ocupa de política y todo lo ve políticamente es un majadero, pero que quien nunca se ocupa de política es un inmoral
Lo que hay es un cambio de régimen por etapas, o, si se prefiere, un golpe de Estado por entregas.
Ahora mismo la única esperanza para frenar el deterioro y decadencia de nuestra democracia y de nuestro Estado de derecho se llama Unión Europea
España vive desde hace años un deterioro de sus instituciones democráticas y su Estado de derecho y crece la desafección de la ciudadanía con una clase política gobernante que ha preferido venderse ante los chantajes independentistas. Esta sumisión ha pervertido ya por completo las bases de igualdad de los españoles y la solidaridad de sus comunidades autónomas que se consiguieron con la Constitución del 78.
Los mismos dirigentes independentistas que llevan décadas apedreando la Constitución, son los que consideran la Carta Magna inamovible en todo lo que afecte a la permanencia intocable de esos trasnochados derechos forales de hace siglos, que rompen la unidad e igualdad de todos los ciudadanos españoles.
Ese grosero intercambio de ‘cuponazos’ por votos en el Congreso, ahora es demandado también por los independentistas catalanes que se aprovechan de un gobierno en estado de coma, que permite la decadencia de ese espíritu de unidad, de consenso y de sentido de estado con el que España se levantó y modernizó durante la Transición.
Al Gobierno de España ya no le importa España. A Pedro Sánchez solo le importa pagar lo que exijan los independentistas de Cataluña y País Vasco pues con ello Sánchez sobrevive con su gobierno en coma
Desde Bruselas se viene observando con sorpresa al principio y con preocupación creciente cómo crece la carcoma de nuestra estructura democrática, jurídica y ética por la decisión personal de un político cuyo único fin es aferrarse al poder, aun sabiendo que no puede gobernar por falta de mayoría.
Ahora mismo la única esperanza para frenar el deterioro y decadencia de nuestra democracia se llama Unión Europea. Bruselas es la última línea roja. Sánchez un tipo al que le da reparo saltarse cualquier línea roja dentro de España. Todos sabe ya, especialmente sus aliados, que no le importa mentir si así puede conseguir algún rédito personal que le ayude a malvivir un día más en la Moncloa.
Ningún líder democrático, ético y con sentido de estado podría soportar los titulares sobre Sánchez de las últimas semanas. Y no solo aquellos que informan de la presunta corrupción de su esposa, de su hermano, de sus dos hombres de confianza en el partido o de su fiscal general. El deterioro de la marca España es tan rápido que ha igualado ya, si no superado, al de la Hungría de Orbán en lo que se refiere a los riesgos para la independencia judicial, la libertad de prensa o la propia transparencia democrática.
Cuando la propia Comisión Europea advierte en Luxemburgo, ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que la ley de amnistía de Sánchez no responde a un interés general, que es solo parte de un acuerdo para la investidura, que se trata más de una «autoamnistía» incluso escrita y votada por los propios beneficiados, cualquier gobierno dimitiría o rectificaría. El Gobierno de Sánchez lo retuerce como un bulo más y lo presenta como si le hubieran dado la razón en todo.
España está cada vez más aislada internacionalmente. Son muchos los molestos con el numerito de Sánchez en la cumbre de la OTAN, de primero callar, luego firmar la subida al 5% de los gastos de defensa y seguridad con el resto de los países miembros y finalmente salir diciendo que solo subirán el 2,1%.
Sánchez está solo en Europa y nadie oculta ya su desconfianza con lo que hace y dice. A Pedro Sanchez no le importa que España pase del puesto 23 al 14 en el ránking de países con más corrupción, siendo el estado de la OCDE que más empeora desde 2019. No le importa que España pierda 1.100 millones de los fondos europeos por no tramitar a tiempo la subida del diésel y abusar de la temporalidad pública. O que la UE abra otro expediente contra España por las normas con las que condiciona la opa del BBVA sobre el Sabadell. No le importa pagar 12 millones a la china Huawei por custodiar las escuchas policiales a pesar de la decisión europea y aliada de no permitir la entrada de empresas chinas en la seguridad nacional
Crece la desconfianza a la par que mengua la imagen de una España fuerte y respetada. Marruecos fue seguramente el primero que vio la decadencia exterior de España. Apretó a Sánchez, no se sabe todavía con qué, hasta que este le regaló gratis el abandono diplomático español del Sahara. Ahora cierran, sin motivo ni aviso previo, otra vez las aduanas de Ceuta y Melilla, y Albares ni se entera, ni protesta.
La decadencia supone normalmente una pérdida gradual de cualidades positivas, como fuerza, importancia o valor. Es un proceso de deterioro, de declive que implica un empeoramiento de las condiciones originales. No cabe duda de que España está en decadencia porque hemos retrocedido en todo y además la perdida no está siendo cada vez más acelerada. Costará mucho tiempo y esfuerzo regenerar y recuperar la imagen de nuestro país.
La corrupción moral y la destrucción del Estado
La política pertenece al ámbito superficial de la vida social. Casi nunca es lo más importante. Casi siempre es reflejo de otras realidades más profundas. Estamos empeñados en la destrucción de nuestro Estado y, probablemente, también de la Nación.
En la política deben concentrase hoy nuestras mayores energías, a la espera de que vuelva a recluirse en el ámbito que le es propio, el ámbito de lo aparente, de lo superficial, de lo que hace más ruido. El proceso que vivimos consiste en la destrucción del Estado democrático y la ruptura de la concordia nacional, de manera que se establezca un nuevo Estado autocrático y reaparezca la distinción entre «buenos» y «malos».
Una sociedad puede soportar sin grandes conmociones la extensión de la corrupción, pero lo que no puede soportar es no considerarla una anomalía, como algo que hay que corregir y suprimir. En el mejor de los casos, uno se evade de la miseria y construye su torre de marfil y se dedica a leer o a escuchar su música preferida.
Existen, al menos, tres tipos de corrupción: económica, política y moral. Esta última es la raíz de todas las demás, y se ocasiona cuando los hombres creen en cualquier cosa, por ejemplo, en el dinero y en el placer más rastrero. Evidentemente, padecemos todas estas formas de corrupción procedentes del palacio de la Moncloa. Nunca se había llegado a tanto, ni siquiera en la descomposición del último gobierno de Felipe González. Pero lo peor no es eso. Hay un proceso de destrucción del Estado democrático y de la convivencia entre españoles, y parece acogerse con resignación y sin darse cuenta de la gravedad, tanto por parte de la oposición como por la mayoría de los ciudadanos.
No hay solo una insoportable corrupción política y económica, ni solo un desmedido afán de poder que no se detiene ante nada, por supuesto ni ante la Constitución y la ley. Lo que hay es un cambio de régimen por etapas, o, si se prefiere, un golpe de Estado por entregas.
Sin energía cívica
La trayectoria descendente que ha recorrido España desde la tramposa moción de censura de primero de junio de 2018 se ha ido acelerando hasta desembocar en la situación que ahora contemplamos entre incrédulos y abochornados, con el Estado de Derecho destruido, la Constitución pisoteada, las finanzas públicas en precario y la unidad nacional amenazada de fragmentación. Resulta alarmante que un cuadro tan desolador, en el que la obsesión enfermiza por seguir en La Moncloa de un personaje de perfil patológico no tiene freno ni medida y que con tal de conseguir sus siniestros propósitos es capaz de las mayores vilezas y felonías, nos haga poner nuestras esperanzas en una lejana instancia supranacional demostrando así que no existe hoy en la sociedad española la suficiente energía cívica para poner coto a tanto desastre.
No existe hoy en la sociedad española la suficiente energía cívica para poner coto a tanto desastre. Puede que en este deprimente contexto debamos resignarnos a buscar alivio en las instituciones europeas, pero si no hallamos pronto en nuestra propia sociedad los mecanismos de recuperación ética, política y material que nos exigen tiempos de zozobra extrema, estaremos condenados al fracaso irremediable.
Los de “la ceja” tan contentos
Cien personas del mundo de la cultura, así como ex altos cargos del Gobierno y otras personalidades de la política, han firmado un manifiesto de apoyo a la continuidad del presidente, Pedro Sánchez, y su Ejecutivo. En él acusan a los jueces de abrir investigaciones «prolongadas», a los medios de «tergiversar», y a la oposición de realizar ataques «que se asemejan más a una conspiración para derribar a un gobierno legítimo».
A esta tesis se han sumado celebrities como el cineasta Pedro Almodóvar, la actriz Loles León, o los cantantes Víctor Manuel, Miguel Ríos, Joan Manuel Serrat o Ana Belén -que se ha subido al carro tras expresar el pasado junio en una entrevista concedida a Abc sus dudas sobre el actual presidente: «No sé si podemos seguir apoyando a Pedro Sánchez, no lo sé»-. ,
En plena ebullición del caso Koldo, reconocen que es «evidente» que «los supuestos delitos cometidos por exsecretarios de organización del PSOE son graves y denotan crasos errores in eligendo e in vigilando«.
Han secundado también el documento el ex presidente de la Junta de Andalucía Manuel Chaves, los ex ministros Magdalena Álvarez, Joan Clos, Manuel Castells, Alberto Garzón, Leire Pajín, Mercedes Cabrera o Julián Campo, entre otros, recriminando «los ataques a las personas migrantes y la vandalización de las sedes de partidos de izquierda recuerdan a las agresiones fascistas de épocas pasadas».
Ven «inadmisible» que «un Gobierno democráticamente elegido caiga por un informe de la Guardia Civil antes que celebrarse un juicio con todas las garantías», toda vez que protestan contra las «prolongadas» pesquisas judiciales que investigan al núcleo duro del presidente: su mujer, Begoña Gómez; su hermano, David Sánchez Pérez-Castejón; sus ex número dos y tres, José Luis Ábalos y Santos Cerdán, respectivamente; su fiscal general, Álvaro García Ortiz…
Los firmantes censuran «la activación y movilización de todos los sectores del poder», en especial aquellos que clasifican en el espectro de la derecha. Aquí mencionan la utilización del «Senado como ariete» con que «sólo pretenden incriminar al Gobierno» y afean la organización «fuera de la legalidad» de huelgas y concentraciones por parte de «sectores del poder judicial» contra «leyes del Congreso que no les gustan», como la reforma de la justicia o la amnistía.
El presidente de la Conferencia Episcopal -que pidió públicamente una cita con las urnas- y los medios de comunicación, a los que acusan de «desatar una orgía de falsas noticias» y de «tergiversar el hecho esencial de la estabilidad política de Cataluña», también son objetos de la crítica de nombres asociados a la izquierda como Luis García Montero, la escritora Rosa Montero, los actores Carlos Bardem o Pedro Casablanc, el músico Alejo Estivel, los periodistas Mercedes Jansa, Fernando Berlín o Rosa Villacastín.
Además, subrayan que los «avances» del Gobierno en materia económica y social «se ocultan por sistema» o se informa de ellos «sesgadamente» y han reclamado la puesta en marcha de un programa «actualizado» de medidas «contundentes y concretas» contra la corrupción que, al mismo tiempo, ponga por delante los «avances sociales» y «derechos civiles» para mejorar la vida de la ciudadanía.
