En materia de políticas sociales, la creación del Ingreso Mínimo Vital (IMV) en 2020 fue probablemente la política estrella del gobierno desde 2018. Con sus posteriores ampliaciones, la vocación del IMV era la de servir como una base común que sustituyese parcialmente al tremendamente ineficiente sistema de rentas mínimas autonómicas que, con honradas excepciones, mostraban resultados vergonzosos. En ese sentido, las expectativas estaban altas, lo que generó une buena dosis de frustración cuando hace un par de años la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) emitió su primera opinión sobre el IMV.
En ella, se detallaba como la tasa de cobertura del IMV, esto es, la población que efectivamente recibe el IMV como porcentaje sobre el total que cumple los requisitos para recibirlo, apenas superaba el 30%. Aunque este porcentaje ha mejorado en los primeros años de vida de la política, hasta alcanzar actualmente el 42%, las dificultades en el proceso de solicitud, así como niveles elevados de población elegible que no presenta la solicitud (lo que se conoce habitualmente como non-take-up) lastran su tasa de cobertura.
Aún con todo, uno de los aspectos más controvertidos del IMV, su posible desincentivo a buscar y encontrar empleo, no se había llegado a evaluar hasta ahora de forma causal, limitándose la Airef (que no el gobierno) a realizar ciertos análisis descriptivos en las sucesivas opiniones del IMV que publica anualmente. Esto cambió la semana pasada, cuando conocimos la cuarta opinión de la Airef sobre el IMV, que incluía la primera evaluación de su impacto sobre el empleo entre sus perceptores, empleando para ello microdatos tributarios y de vidas laborales procedentes de la Agencia tributaria (AEAT) y la seguridad social respectivamente.
Para llevar a cabo esta evaluación, la Airef emplea técnicas econométricas de diferencias en diferencias, que miden el efecto de determinados eventos (como recibir o perder el acceso al IMV) sobre diferentes variables vinculadas al mercado laboral, como el número de días trabajados o la probabilidad de trabajar. La clave de estas técnicas está en establecer un buen grupo de control, es decir, un grupo de personas similar a quienes reciben la prestación que simulen adecuadamente qué comportamiento habrían tenido los beneficiarios del IMV en el caso de no haberlo recibido.
En este sentido, la Airef selecciona como grupo de control a la población del 10% con menos renta que no recibe el IMV a lo largo del periodo analizado. Los resultados son claros, recibir el IMV reduce significativamente la probabilidad de trabajar, un efecto negativo que, además, crece con el tiempo. En términos relativos, el efecto representa una caída del 12% en la probabilidad de trabajar de los beneficiarios, con un ligero efecto positivo de menor magnitud en la probabilidad de acceder a empleos con contrato indefinido.
De forma similar, la Airef ha evaluado también el efecto sobre la participación laboral de perder el acceso al IMV entre los beneficiarios. El efecto que encuentran es relativamente similar, con un incremento de la probabilidad de trabajar que asciende a 2,2 puntos, un 8% en términos relativos. Estos resultados negativos del IMV sobre la inserción en el mercado laboral son especialmente dolorosos cuando se tiene en cuenta que en 2022 el gobierno introdujo un incentivo al empleo dentro del IMV para evitar este tipo de desincentivos.
Sin embargo, la evidencia de la Airef demuestra que la introducción de este incentivo no redujo los efectos perjudiciales del IMV sobre la probabilidad de encontrar empleo, puesto que el efecto entre los beneficiarios que accedieron antes y después de la introducción del incentivo es prácticamente idéntico. Por último, la Airef lleva a cabo un exhaustivo análisis de heterogeneidad, donde evalúan si el efecto desincentivador del IMV sobre el empleo cambia en función de las características de los beneficiarios o de la propia prestación.
En general, el efecto negativo sobre el empleo parece ser mayor entre beneficiarios más jóvenes y hogares monoparentales, pero las mayores diferencias de efecto se dan según la cuantía del IMV que recibe el hogar. Entre los hogares que reciben menos de 500€ de Ingreso Mínimo Vital (IMV), el efecto negativo sobre la probabilidad de encontrar empleo es mínimo o incluso nulo, mientras que el efecto entre los beneficiarios que perciben más de 500€ mensuales alcanza el 20% en términos relativos.
Los sistemas de rentas mínimas son una herramienta necesaria y eficaz (pese a su limitada cobertura) para reducir la pobreza en las economías desarrolladas. De hecho, puede argumentarse que probablemente el IMV es, de todas las políticas usadas a lo largo de los últimos años para mitigar la pobreza, la que ha dado mejores resultados con un coste más limitado, muy por debajo de rebajas del IVA indiscriminadas, cheques varios y descuentos en productos energéticos. Su único problema, por desgracia, es su impacto negativo en el mercado laboral.
Para entender las causas de este desincentivo hay que tener en cuenta que, para los beneficiarios de este tipo de prestaciones, aunque enfrentan tipos bajos del IRPF sobre el salario de sus nuevos empleos, si estos se combinan con la pérdida en la cuantía de las prestaciones que reciben, se da la circunstancia de que enfrentan tipos efectivos de más del 100% por reincorporarse al empleo.
Para poder mitigar este efecto negativo, la Airef marca el camino pidiendo una reforma del incentivo al empleo del IMV para asemejarlo al complemento de apoyo al empleo que se ha creado recientemente para los beneficiarios de prestaciones por desempleo. En el futuro, solo una evaluación transparente e imparcial de este tipo de políticas públicas podrá indicarnos si reformas de este tipo podrán indicarnos si estamos más cerca de eliminar los efectos indirectos negativos de esta y otras prestaciones sociales.
