La Comisión Europea prefiere una reforma de las pensiones cuya sostenibilidad se garantice de forma automática como la del PP de 2013, que la que el Gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado, que es uno de los hitos comprometidos con Bruselas en el Plan de Recuperación a cambio de fondos, y que no lo hace. Así lo ha admitido el ministro de Inclusión, José Luis Escrivá, siempre muy crítico con la reforma del PP, en la presentación de los Presupuestos de su Ministerio.
La reforma de las pensiones de Sánchez supone la derogación de dos de los aspectos más controvertidos de la reforma de 2013, que no han llegado a aplicarse: el índice de revalorización que limitaba las subidas al 0,25% en situaciones de déficit público y el factor de sostenibilidad. El primero se h modificado con la recuperación del IPC como valor de referencia, mientras que el segundo, que Bruselas veía suficiente, se ha sustituido por el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que la Comisión Europea cree que es insuficiente.
El MEI consiste en una subida de las cotizaciones sociales de 0,6 puntos desde enero de 2023 hasta 2030, que será una cotización adicional finalista para alimentar al fondo de reserva. En un principio, desde el Gobierno se planteó que el alza iba a recaudar cerca de 50.000 millones de euros, cuantía que luego Escrivá redujo a 42.000 millones en noviembre, cuando la cerró. Pues bien, Pedro Sánchez rebajó a finales de enero el montante a 30.000 millones en un acto con pensionistas. Expertos consultados por este periódico dudan que reúna siquiera 20.000 millones. Poco más que el gasto extra en 2023 por indexar al IPC en 2022.
A partir de 2031, habrá una revisión cada tres años para verificar si este aumento de las contribuciones es suficiente para cubrir el gasto adicional previsto. Si no lo fuera, se establece que el Gobierno de entonces dispondrá de activos del fondo de pensiones hasta un máximo del 0,2% anual.
Si con todo la desviación no fuera cubierta, se prevé que el Ejecutivo de 2034 adopte medidas para paliar el gasto, enmarcadas en el Pacto de Toledo y negociadas con los agentes sociales, hasta un límite del 0,4% del PIB. Si esto todavía no fuera suficiente, se plantea añadir un incremento adicional de la cotización, también con límite en el 0,4% del PIB.
Pues bien, Escrivá empezó a deslizar en septiembre que Bruselas ha puesto en duda el MEI por no ser automático -a diferencia del Factor de Sostenibilidad del PP-. El semiautomatismo al que se refiere Escrivá y que la Comisión rechaza es la enumerada catarata de posibles reformas condicionadas para futuros Gobiernos que ya se prevé que puedan ser necesarias. En cambio, Bruselas quiere que el MEI sea automático, es decir, que garantice de entrada la sostenibilidad
Desde Inclusión han quitado hierro a la discrepancia, que ven “técnica”, y apuntan a incluir algún cambio en el proyecto de ley que tramitará las nuevas reformas de las pensiones que ha empezado a negociar con los agentes sociales para ampliar el cómputo del cálculo y las bases de cotización.
En lo que respecta al MEI, Escrivá ha explicado que la negociación con la Comisión que va a tener lugar no afectará a la subida del 0,6 puntos que entra en vigor en enero ni a la cuantía presupuestada por lo tanto para 2023, de 2.957 millones. Hasta ahora, ha dicho, la discrepancia se ha dado en un nivel técnico con funcionarios de la Comisión que el ministro espera limar él mismo con un nivel de interlocución de Bruselas más elevado. El objetivo, que el Mecanismo sea automático y no semiautomático.
Sin embargo, discrepancia técnica o no, la cuestión es que Bruselas pone en duda la sostenibilidad de sistema y, por lo tanto, del MEI, que no puede arreglarse planteando que sea automático tal cual es ahora mismo. Es decir, el propio semiautomatismo que le ha conferido el Gobierno muestra que el propio Ejecutivo duda de su sostenibilidad. Y si no puede decirse sin ningún cambio más que el MEI pase a ser automático, esto significa que deberá hacerse más estricto, con más subidas de cotizaciones sociales o la fórmula que se establezca. Escrivá ha negado que esto impacte en 2023.
Fuente: Vozpopuli
