Escrivá se gasta más de 15 millones de euros en externalizar la gestión del IMV

Cuando ha pasado un año desde la aprobación del Ingreso Mínimo Vital (IMV) y ante la falta de medios propios en la Administración para hacer frente a la avalancha de solicitudes, la Seguridad Social acumula una factura millonaria por la externalización de la infraestructura de esta prestación. En concreto, según consta en la documentación de los contratos rubricados hasta la fecha, el Ministerio que dirige José Luis Escrivá, a través de sus distintos departamentos, se ha gastado ya más de 15 millones de euros en la subcontratación de servicios como el propio apoyo a la tramitación de las solicitudes o la línea telefónica 900 gratuita para los ciudadanos.
La mayor beneficiaria de estos contratos ha sido la empresa pública Tragsatec, con quien a finales del año pasado la Seguridad Social ya había firmado encargos por más de 12 millones de euros para distintas labores relacionadas con la tramitación del IMV, ante la suficiencia de medios propios para abordar el aluvión de solicitudes que se produjo desde su entrada en vigor en mayo de 2020. Hay que recordar que estas encomiendas de gestión fueron objeto de crítica, tanto por parte de la plantilla de la Seguridad Social por la externalización de los servicios como por parte de los ciudadanos por el cuello de botella que se produjo la tramitación.
Concretamente, el primer encargo a Tragsatec para ayudar en la tramitación de solicitudes se formalizó en junio de 2020 y ascendió a 6,13 millones de euros por un servicio de cuatro meses. Finalizado en octubre, se prorrogó la encomienda de gestión otros dos meses por 2,95 millones y después se volvió a extender hasta enero por 1,24 millones.
A esa concatenación de contratos se suman otros dos encargos. El primero, que se firmó el mismo mes de junio, consistía en la “asistencia técnica de apoyo a la atención e información telefónica para la nueva prestación del Ingreso Mínimo Vital“, por un importe total de más de 1,47 millones de euros y una duración de cuatro meses.
El segundo se formalizó en octubre, para prorrogar el anterior hasta diciembre, y alcanzó un monto de más de 461.202 euros. Pero en paralelo a esa asistencia técnica de apoyo a la atención telefónica que se encargó a Tragsatec, en el mes de mayo de 2020 la Gerencia de Informática de la Seguridad Social adjudicó a la empresa privada Telefónica un contrato de más de 1,46 millones de euros para la provisión de la línea de teléfono 900 gratuita de información a los ciudadanos sobre el Ingreso Mínimo Vital. El contrato, con una duración de siete meses, finalizó el 31 de diciembre, y con él la factura total por la externalización de servicios relacionados con la gestión del IMV superó ya los 13,7 millones de euros.Bien entrado ya el año 2021, la Seguridad Social ha constatado la necesidad de volver a subcontratar el servicio del teléfono gratuito 900202222.
En esta ocasión, se ha publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público una nueva licitación por un precio de adjudicación de cerca de 327.000 euros y un plazo de ejecución de tres meses. Fuentes del departamento de Escrivá indican que “este contrato cubrirá el servicio hasta septiembre de 2021, que es cuando entrará en vigor el nuevo contrato de telecomunicaciones, donde se prevé continuidad en este servicio”. De modo que se absorberá la línea 900 en ese ‘megacontrato’ de 130 millones de euros cuyo actual prestatario es Telefónica y por el que van a pujar los grandes operadores de telecomunicaciones del país.
Pero además, recientemente, la Gerencia de Informática de la Seguridad Social ha sacado a licitación otro contrato por un valor estimado de 1,5 millones de euros para los “servicios en nube” del Ingreso Mínimo y un plazo de ejecución de doce meses. Se trata de la prestación de servicios profesionales de desarrollo y mantenimiento de las aplicaciones que forman parte del sistema telemático de información para la solicitud, registro y comunicación de la prestación, su simulador web y el asistente virtual; así como las infraestructuras, plataformas y el software sobre las que se ejecutan esas aplicaciones, siguiendo un modelo de multi proveedor en la nube (MultiCloud).En la memoria justificativa de este último contrato, la Seguridad Social admite que su Gerencia Informática desarrolló toda la arquitectura del sistema telemático del Ingreso Mínimo “con carácter de urgencia, dada la emergencia social generada y por el cierre de la atención presencial en las oficinas de la Seguridad Social por la situación de Covid-19” y ahora “precisa dotarse de servicios profesionales que por un lado mantengan y desplieguen los desarrollos realizados y por el otro administren y mantengan la infraestructura, plataformas y software en la nube sobre la que se ejecutan aquellos desarrollos y que igualmente precisa ser dotada”. “Todo para asegurar la continuidad de la prestación del IMV”, recoge la memoria.En total, con estos dos últimos contratos, en el año de vida del Ingreso Mínimo Vital la Seguridad Social se ha gastado más de 15 millones de euros en externalizar parte de su gestión. La prestación ha desbordado a la Administración, que no contaba con medios suficientes de partida para hacer frente a la cantidad de solicitudes recibidas y a su correcta tramitación. Escrivá ha reforzado la plantilla con un millar de interinos, pero no son suficientes. Según la última nómina, en estos momentos la prestación apenas está llegando a unos 260.000 hogares, lejos de los 850.000 fijados inicialmente, lo que significa que solo se ha alcanzado el 30% del objetivo.
Fuente: La Información

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