Desde la última reunión de diciembre, los contactos se han limitado al plano informal, lo que hace imposible que el acuerdo se cierre en el mes de enero, como quería el Gobierno para cumplir el compromiso con la UE
A escasas horas de acabar enero, todos los esfuerzos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que capitanea Jose Luis Escrivá, están concentrados en reunir los apoyos de los grupos para qué la segunda fase de la reforma de las pensiones supere con holgura su tramitación parlamentaria una vez sea aprobada en Consejo de Ministros. Mientras tanto, la negociación se limita a contactos informales, ya que no se ha dado ninguna reunión formal entre los actores desde diciembre y no habrá una convocatoria de la mesa de pensiones hasta febrero, según trasladan fuentes de este ministerio a La Información.
El principal punto en discordia es la voluntad del responsable de la cartera de elevar el periodo de cómputo a través del cual se calcula la pensión de los 25 a los 30 años, desde 2027 a 2038 con la posibilidad de descartar los dos peores. En cambio, esta propuesta se ha topado con el rechazo de la patronal y los sindicatos. Escrivá ha defendido en reiteradas ocasiones que este modelo encaja mejor con las carreras laborales actuales, ya que busca dar dar respuesta a los cambios en el mercado de trabajo generados por la crisis. Muchas personas vieron congelados sus salarios o experimentaron lagunas en su trayectoria profesional, un problema que tiene especial incidencia entre las mujeres y que el ministro busca paliar.
Unidas Podemos también se ha posicionado en contra de este modelo, lo que marca una brecha más entre los grupos parlamentarios representados en el Gobierno. Los ‘morados’ no han cedido en este aspecto y se mantienen firmes en el no, dado que entienden que elevar el número de años se va a traducir en una bajada en la cuantía de las pensiones, según trasladan fuentes parlamentarias a La Información. Por ello, abogan por cerrar el acuerdo para destopar las bases máximas y dejar para más adelante esta cuestión.
Mientras, los socios habituales también se han manifestado reacios a esta modificación. La ampliación del cómputo a la que el ministro no quiere renunciar no estaba incluida en las recomendaciones del Pacto de Toledo, lo que dificulta que las diferentes formaciones políticas ‘den su brazo a torcer’. Además, la negociación intraparlamentaria se plantea especialmente complicada en año electoral, cuando los partidos políticos ya han puesto en marcha la rueda de candidatos y comienzan a asomar las primeras medidas de cara a las elecciones. Cada decisión tiene que ser justificada de cara a la galería, y los pensionistas y los ‘babyboomers’ suman una parte importante del electorado.
Este aspecto también preocupa a CCOO y UGT, que no quieren que una norma de este calado se apruebe de refilón como lo hizo la reforma laboral. Desde el ministerio se quieren limar las asperezas y reunir apoyos con los grupos políticos antes de convocar a los agentes sociales para cerrar el texto definitivo que se trasladará a la Cámara Baja tan pronto como cobre forma. Sin embargo, el calendario juega en la contra de Escrivá que además de acercarse a la cita con las urnas para los comicios municipales y autonómicos, corre el riesgo de abusar de la paciencia de Bruselas.
El Gobierno acordó con la Comisión Europea que pondría en marcha la segunda parte de la reforma de las pensiones antes de finalizar 2022, con el fin de que esta entrase en vigor a partir del 1 de enero. El ministerio no logró este hito y emplazó el fin de la negociación a enero, alentado por las declaraciones de los representantes de las instancias europeas que animaban a llevar a cabo una reforma útil y en profundidad, en lugar de realizar cambios superficiales con el único fin de cumplir los plazos.
No obstante, el problema no se reduce a que España se esté retrasando en un compromiso con Europa, sino que se trata de uno de los deberes recogidos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia que condiciona la llegada de un nuevo paquete de Fondos Next Generation.
El comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni destacó la semana pasada la “buena marcha” del país que permite autorizar la transferencia de cerca de 6.000 millones en febrero. Sin embargo, la introducción de cambios que hagan sostenible el sistema de pensiones en el futuro es una condición ‘sine qua non’ para llevar a cabo el envío correspondiente al segundo trimestre. La Comisión Europea quiere garantizar que el gasto en pensiones se mantiene “manejable y adecuado” y que este no crece de forma exponencial en los próximos años por las características demográficas del país.
Fuente: La Información
