El diálogo social que tantos frutos ha dado en la legislatura para forjar todo tipo de acuerdos tendrá una participación mínima o testimonial en la segunda etapa de la reforma de las pensiones . A diferencia de la negociación y acuerdo en el verano del año pasado con sindicatos y empresarios para el primer bloque de su reforma, la segunda parte de la reforma deberá ser discutida sin apenas margen para aportaciones por parte de los agentes sociales. El plan incluye medidas como la ampliación del cómputo de años para cobrar la pensión que difícilmente aprobarán sindicatos, patronal o incluso socios de Gobierno como Podemos.
La reforma debería estar lista para el 31 de diciembre contando con el mayor consenso posible. Pero difícilmente estará aprobada por el Congreso para tal fecha y más difícilmente aún contará con el visto bueno del diálogo social, que lamenta no haber recibido ninguna propuesta formal que valorar por parte del Ministerio de Seguridad Social. A día de hoy, ninguno de los representantes de patronales y sindicatos dispone de una medida que pueda considerar parte de la reforma que quiere emprender el Gobierno. No es la primera vez que el ministro José Luis Escrivá apura los plazos para tramitar las reformas. Ya lo hizo con el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI). Lo planteó por sorpresa y su propuesta rompió el consenso con la patronal, que desde ese momento le puso la proa. A la Comisión del Pacto de Toledo tampoco le gustó la estrategia y se lo hizo saber. Finalmente, la Comisión Europea también ha mostrado su extrañeza, reclamando una modificación.
Aunque Escrivá afirma que está trabajando en la reforma con los agentes sociales ellos lo han desmentido de manera contundente. «No tenemos ni orientación respecto al planteamiento, ni datos ni proyecciones», explicó la responsable del área de Seguridad Social e Igualdad de CEOE y la secretaria de Política Institucional y Políticas Territoriales de UGT, confirmó que no hay propuesta alguna por parte de Seguridad Social.
Con el calendario del Congreso en la mano la posibilidad que le queda a Escrivá es presentar la reforma como un decreto ley que apruebe directamente el Gobierno y quede sujeto después a la negociación parlamentaria. El papel de los agentes sociales en esta última etapa de la reforma será pues mínimo. Y tampoco es que, según admiten fuentes de este ámbito, haya excesivo interés por participar debido a lo complejo y lo impopular de las medidas.
Pero, además, en esta tesitura y quizás como estrategia para reventar las negociaciones sobre este segundo bloque de la reforma José Luis Escrivá, ha avanzado que su equipo ya trabaja en rediseñar un plan laboral para desarrollar programas de jubilación activa y parcial, que entrarán en el segundo bloque de la reforma del sistema de pensiones, que quiere tener cerrado antes de final de año.
A la hora de retocar la jubilación activa y la parcial, el Gobierno debería buscar una fórmula que beneficie al trabajador y a la Seguridad Social lo que permitiría contar con el apoyo de los sindicatos. Y se lograría también el respaldo de la patronal si esta fuera además voluntaria. Desde el punto de vista del diálogo social no daría problemas si las dos modalidades se hiciesen más atractivas, más comprensibles (con un esquema más sencillo) y publicitarse más, de forma que más trabajadores puedan optar por acogerse a ellas cuando les llegue la hora de retirarse.
El modelo de jubilación activa permite compatibilizar el cobro de la pensión (del 50% si se cumplen una serie de requisitos) con un trabajo, ya sea por cuenta ajena o propia. En el primer paquete de medidas de la reforma de las pensiones se fijó una nueva condición para acceder a ella: que haya transcurrido al menos un año desde que se haya cumplido la edad ordinaria de jubilación. Es, además, una modalidad a la que solo pueden acogerse quienes hayan cotizado el tiempo necesario para percibir el 100% de la pensión (36 años en 2022).
Mientras, en la jubilación parcial el trabajador pasa de un contrato a tiempo completo a uno a tiempo parcial y cobra una pensión equivalente al porcentaje de jornada que se reduce. Esa jornada que deja de cubrir está ligada a un contrato de relevo (se asigna a otro trabajador, que no tiene que cumplir necesariamente sus mismas funciones). A esta modalidad pueden optar los trabajadores que si se ciñen a ciertas condiciones.
